México, Distrito Federal a 10 de abril, 2014 

Señor Director de Sinembargo Presente:

 Le pido, en el ejercicio de mi derecho de réplica, pudiera publicarse este escrito, en respuesta a los dichos de la señora Lydia Cacho, los cuales fueron publicados en su diario digital el día 10 de abril de 2014. 

Lydia Cacho dice en su artículo titulado “Asumir el riesgo” que:  “si ya están investigando a Jesús Ortega señalado por una de la víctimas del bar Cadillac, no importa el partido, todos los señalados deben de ser investigados”. Respondo: Estas pocas líneas son suficientes para evidenciar, con precisión, la ausencia de profesionalismo y veracidad en el ejercicio del periodismo; evidencian como, las animadversiones personales, las diferencias políticas, la intolerancia, pueden llevar a una persona —en este caso a una periodista— a escribir un artículo con el insano propósito de sólo zaherir, difamar y dañar. 

La señora Cacho insinúa, con perversidad, que estoy “siendo investigado” por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debido a que he sido “señalado” por una persona. (Imaginen que el sistema judicial mexicano inicie investigaciones, realice averiguaciones judiciales en razón de “señalamientos”). Al suponer que así debe suceder, como lo pide la señora Cacho, entonces toda aquella persona que sea “señalada” por otra, a través de una calumnia (como en mi caso) o a través de un libelo (de nueva cuenta, como en mi caso) o a través de una periodista irresponsable (como es el caso) debiera ser sujeta a un proceso judicial de averiguación. 

Esa es una suposición absurda que sólo refleja ignorancia o sólo desprende insania. Para el conocimiento de los lectores de Sinembargo, YO, Jesús Ortega Martínez, interpuse una demanda civil en contra de la señora Sanjuana Martínez en un juzgado del estado de Nuevo León (en esa entidad tiene un domicilio particular la demandada) y de ello, tengo conocimiento, ya ha sido debidamente notificada. 

Pero además, YO, Jesús Ortega Martínez, interpuse una denuncia de hechos con fundamento en los artículos 8 y 21 constitucionales, así como en lo dispuesto en el 9 bis fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Esta denuncia la interpuse YO, Jesús Ortega Martínez, porque la señora Sanjuana Martínez pudiera tener conocimiento, como lo afirma, de diversos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos sancionados por la legislación penal vigente en el Distrito Federal. 

Interpuse la denuncia de referencia, para que las autoridades judiciales lleven a cabo cualquier investigación, y de ser el caso, que lo señalado por Sanjuana Martínez sea debidamente sancionado. Que se haga la investigación; así fue solicitado por MÍ parte ante las autoridades de la PGJDF, y estoy pidiendo se sancionen los delitos que la señora Sanjuana Martínez presume sucedieron. 

Por el contrario, de no ser así, la Procuraduría actúe en consecuencia en la aplicación de la ley y la justicia. “Asumir el riesgo” dice Lydia Cacho,  y comparto que así debe de ser. Entonces, para que no quede en dichos o “señalamientos” los que no pueden -según la ley- ser investigados ni procesados judicialmente, le pido, le exijo, que de tener conocimiento de hechos constitutivos de delitos que deben de ser penalizados, acuda ante el Ministerio Público e interponga la denuncia correspondiente. Emplazo, además, a Lydia Cacho a que demuestre que existe en la PGJDF, aparte de la denuncia que YO interpuse, otra a través de la cual pudiera estar siendo investigado. Coincido con usted en “asumir riesgos” por lo que uno hace o escribe. Asuma plenamente lo que escribe e interponga la denuncia por los hechos que usted presume son constitutivos de un delito. Eso sería lo social y periodísticamente responsable.


 Atentamente Jesús Ortega Martínez

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/10-04-2014/958931

El Estado o los poderes fácticos


Por Jesús Ortega Martínez



En el antiguo régimen de partido de Estado el control político sobre la sociedad era casi absoluto. El corporativismo era el recurso vertebral del régimen para mantener bajo sujeción al conjunto de la sociedad mexicana. El fortalecimiento del Estado suponía, de manera implícita, la existencia de un partido (el PNR, el PRM o el PRI) que controlara a los trabajadores, a los empresarios, al conjunto de los ciudadanos y desde luego a los medios de comunicación.
El régimen, igual que creaba centrales obreras y las ponía bajo su control, alentaba y controlaba periódicos o televisoras. Por ello, nada de raro tenía que Emilio Azcárraga Milmo declarara: “Somos soldados del PRI y del Presidente” o mencionara que “México es un país de clase modesta muy jodida”. La CTM, el SNTE, la CNC, diversos diarios o Telesistema Mexicano (hoy Televisa) cumplían, con métodos diferentes, la misma función para el régimen autoritario: ¡contribuir al control político sobre los ciudadanos!
Por ello es que las reformas constitucionales inscritas en el Pacto por México tienen, desde luego, un contenido económico (por ejemplo, terminar con los monopolios y con ello alentar el crecimiento de la economía), pero también tienen un claro contenido democratizador en el ámbito de la política,  esto es: democratizar el régimen político a partir de terminar con aquellos poderes fácticos que desde algunos medios de comunicación —aliados con algunos personajes y con ciertos grupos del actual gobierno— buscan restablecer el viejo sistema priista autoritario, para, con ello, mantener sus añejos e indebidos privilegios.
Precisamente de eso se trató la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, es decir: terminar con los monopolios económicos ahora existentes y con su enorme poder político que al paso de los años se sobrepuso al propio poder del Estado. De subordinados al PRI, lograron —los monopolios en telecomunicaciones— subordinar al Estado mexicano a sus intereses.
Entonces, es cierto que a los monopolios económicos en telecomunicaciones y en radiodifusión “les hace ruido” la reforma constitucional en la materia. Les hace ruido que el PRD —a partir de su participación en el Pacto por México— haya puesto énfasis en la necesidad de darle facultades al IFT para terminar con las dominancias monopólicas en el sector; les hace ruido que ya no sea el Presidente de la República el que otorgue las concesiones; les hace ruido que el IFT licite dos nuevas cadenas nacionales de televisión y que se constituya una cadena nacional del Estado; les hace ruido, en fin, que en la Carta Magna se hayan establecido las nuevas normas que ponen límites a su dominio sobre el sector y a su capacidad de chantaje sobre los poderes constitucionales del Estado.
Sin embargo, el ruido que han provocado las reformas constitucionales entre los grupos oligárquicos que dominan la economía del país a través de los monopolios ha provocado su reacción y, desde ya, se encuentran ejerciendo una enorme presión sobre los legisladores y sobre el propio gobierno para que desde las leyes reglamentarias se desvirtúe o incluso se anule lo alcanzado en la reforma constitucional.
Es así que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Ley Reglamentaria del 28 constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene apartados que, de aprobarse, mantendrían al sector dominado por los monopolios y con tales ventajas para éstos que impedirían la presencia de otros actores para la necesaria competencia en esta importante industria.
En el proceso legislativo en marcha en el Senado se habrá de definir si de nueva cuenta se imponen los poderes fácticos sobre el Estado o éste recupera sus capacidades para hacer prevalecer el interés público sobre cualquier interés particular.
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam 
Publicado Originalmente en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez/2014/04/08/952899




¡Mañana tenemos una cita en punto de las 5:00 pm! 

¡La edición número 10 de nuestro taller interactivo ya esta aquí! 

¡Participemos y enriquezcamos mutuamente nuestro conocimiento!

Ponente invitado: Senadora Angélica de la Peña Gómez

Síguelo en vivo aquí: 


¡Muy buenos días compañeras y compañeros! 






Entrevista a la Senadora: Angélica de la Peña. 



Angélica de la Peña Gómez es senadora por el PRD y preside la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta. En septiembre pasado presentó una iniciativa para reformar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que las parejas del mismo sexo sean reconocidas y tengan acceso a la seguridad social. La iniciativa no se ha discutido en el pleno y, hasta ahora, la única vía para reclamar este derecho ha sido interponer un proceso judicial.
En febrero, el IMSS anunció que reconocerá los matrimonios homosexuales. En ese contexto, ¿la reforma legal que usted propuso sigue siendo necesaria?
Creo que al IMSS no le ha quedado de otra más que reconocer que es necesario no seguir discriminando a las parejas del mismo sexo. Por supuesto, el proceso judicial que se ha seguido ha llevado a que lo tenga que reconocer, y ha sido el mismo proceso en el caso del ISSSTE. 

Tenemos un precepto constitucional (de no discriminación) muy claramente definido en el artículo 1°, y tarde que temprano vamos a tener que exigir, incluso judicialmente, su cumplimiento.

En ese aspecto, claro que es necesario adecuar la legislación secundaria con ese precepto constitucional que es básico. Por lo tanto, seguiremos insistiendo en que la legislación se modifique para que no haya absolutamente ningún pretexto para no cumplir con el precepto legal, independientemente de la voluntad política de quienes eventualmente dirijan estas instituciones.

¿A qué atribuye usted la resistencia de las instituciones a reconocer estas uniones?
Lo que ya quedó resuelto en la Constitución: es una cuestión de discriminación. Por lo tanto, la Constitución ha avanzado a que quede claramente definido que no puede haber discriminación por ninguna condición. 

El problema que enfrentamos es un conservadurismo que no quiere aceptar los cambios, que quiere imponernos a toda la sociedad cuestiones que están más inscritas en un pensamiento moral.

Por eso es inaceptable que estas instituciones hayan tenido la tozudez para no acatar lo que la Constitución establece. Hay que actuar en congruencia, y en ese sentido ya se había tardado el IMSS en aceptar que tiene que cumplir. Ahora tenemos que garantizar que dé respuesta a todas las parejas que están esperando a ser reconocidas en todos sus derechos.

En el gobierno de la República, ¿observa usted alguna postura clara a favor o en contra del tema? 
No conozco ninguna posición ni a favor ni en contra. Obviamente es inaceptable que vayas en contra. Los ámbitos gubernamentales saben perfectamente que no pueden tener un discurso contra la Constitución, por lo tanto no lo hay ni creo que lo haya. Lo que necesitamos es que se concrete la voluntad política para que el gobierno y su partido aprueben las reformas que están en el Legislativo.

En el sexenio pasado teníamos muchas resistencias por parte del partido que gobernaba. Yo espero que quienes ahora gobiernan no sigan manteniendo esas resistencias que son eminentemente morales. La aprobación es un paso muy importante y tenemos que trabajar para lograr eso. 

Con quienes yo he discutido, sobre todo de parte del gobierno federal, no he encontrado ninguna resistencia explícita, al contrario, me parece que lo que les motiva, y eso es lo que tenemos que cuidar, es que los preceptos no invadan el ámbito local. La preocupación es eminentemente jurídica y de técnica legislativa. 

Yo creo que lo que ha prevalecido más bien es que ha habido otros temas que han sido determinantes en el trabajo legislativo. Hemos pasado por una carga de trabajo muy amplia, con muchas presiones, de manera que ese ha sido el impedimento para que esta ley no se haya visto como un asunto prioritario en la agenda legislativa. Yo espero que en este periodo de sesiones tengamos condiciones de estarlo dictaminando y espero también que cuando lo hagamos no se vaya, de ninguna manera, a parar la posibilidad de que la minuta sea aprobada en la Cámara de Diputados.

Publicado Originalmente en: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/ls-entrevista.html

Matrimonio igualitario en Chiapas


Por Senador Zoé Robledo




La experiencia de ser chiapaneco se define con un concepto: Diversidad. Somos chiapanecos porque somos diversos. Porque 3 cada 10 hablan un idioma distinto al castellano. Porque 4 de cada 10 profesan una fé distinta a la católica. Porque 3 de cada 10 son parte de una etnia. Esta diversidad, motivo de orgullo de los chiapanecos, se traduce en un reto para nuestra entidad: la búsqueda de la igualdad.
¿Cómo se alcanza esta igualdad? La respuesta es siempre una: Desde las instituciones. Según el economista Douglas North las instituciones son las reglas de juego en una sociedad que estructuran las interacciones humanas; crean orden y reducen la incertidumbre. En ese sentido la igualdad, como aspiración de cualquier forma de progreso social, sólo puede ser alcanzada con el cambio institucional. En otras palabras, las sociedades son como los individuos en la etapa de la adolecencia; crecen todos los días, sufren cambios y transformaciones. Las instituciones deben ser trajes a la medida, que deben adaptarse en funsión y al ritmo de las sociedades. No podemos pensar al revés. Que las sociedades deben compartarse y adaptarse a lo que dicen sus instituciones sobe ellas.
¿La nuestra es una sociedad cambiante? Sí. Para muestra unos botones con datos del INEGI: De 2000 a 2011 en el país el porcentaje de líderes de familia que son mujeres creció de 20.79% a 23.9%. La tasa global de fecundidad en México (relación que existe entre el número de nacimientos y la cantidad de población femenina en edad fértil) pasó de 3.9 en 1985 a 2.3 en el 2011. Un dato adicional:  Según CONAPO hay una transformación de los hogares en México, hoy además de las familias tradicionales existen otro tipo de hogares, entre los que se incluyen; los hogares extendidos, unipersonales, madres solteras, corresidentes y parejas del mismo sexo que viven juntas.
¿Cómo lograr que las transformaciones y evoluciones sociales tengan un asidero institucional? Ya lo decía el comediante Groucho Marx “El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución.” Lo cierto es que el matrimonio, para algunos es la institución social básica, mientras que para muchos otros es derecho humano fundamental. En consecuencia debe adaptarse al desarrollo humano por una simple razón: las sociedades evolucionan y se transforman a un ritmo más veloz que el cambio institucional. La única forma de lograrlo, para garantizar orden y certidumbre de manera igualitaria, es eliminando las exclusiones. Este es el caso del matrimonio igualitario que hoy se discute en el Congreso de Chiapas.
La experiencia internacional es basta respecto a eliminación de las exclusiones a partir de las preferencias sexuales de las personas, tal es el caso de Holanda, España, Noruega, Argentina, Uruguay y Francia, entre otros, y en estados de nuestra República, varios han avanzado en ese sentido como lo son Quintana Roo, el Distrito Federal y Colima.
En todos los casos, la lógica es que el matrimonio no puede ser visto exclusiva, y excluyentemente, como la convivencia hombre-mujer cuyo único propósito es la procreación. Si así lo fuera la esterilidad sería una limitación legal para poder constituir un matrimonio. El tema del matrimonio igualitario es un paso progresivo, incluyente y benéfico; que no perjudica, sino que amplía una sociedad de derechos. Es una apuesta por la libertad y la tolerancia. Esa es la razón principal para que esta institución deba armonizarse con la realidad social de nuestra comunidad. La unión conyugal debe ser un mecanismo incluyente, que reconozca la diversidad sexual existente, por medio del cual dos individuos –de igual o diferente sexo– que tengan un proyecto de vida en común, puedan unirse y ser reconocidos por el Estado –con los derechos y obligaciones que surgen esta acuerdo de voluntades.
Ver en el matrimonio un vínculo legal para que dos personas, sin importar su preferencia sexual, puedan unirse, es una afirmación categórica de la igualdad jurídica que nuestro estado tanto necesita para que las personas respeten y sean respetadas, sin importar etnia, género, edad, condición social, religión u orientación sexual.
Las leyes chiapanecas deben reconocer y adaptarse a la diversidad de su sociedad, como ya lo hacen al respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, o como lo hicieron en el pasado, al modificar las leyes definían esta institución como una unión indisoluble y con obligación de obediencia para las mujeres.
La oportunidad se presenta con la iniciativa de matrimonio igualitario, presentada el 7 de marzo de 2014 por la diputada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado. Este proyecto define al matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
El artículo primero de la Constitución Federal prohíbe, de manera específica, toda discriminación motivada por las preferencias sexuales; asimismo, el artículo segundo del Código Civil de Chiapas, precisa que el varón y la mujer son iguales ante la ley; por lo tanto, uno y otro tienen igual capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Así, según la legislación federal y local, las preferencias sexuales no pueden restringir la adquisición de derechos en ningún caso, por lo que el apartado referente al matrimonio debe actualizarse para que esté en armonía con el sentido incluyente de éstas normas jurídicas.
La verdadera igualdad en Chiapas sólo se puede lograr si se ofrece seguridad jurídica a todos los individuos de nuestra comunidad, reconociendo los derechos a quienes deseen unirse en matrimonio, sin importar su género. Todas las personas son iguales ante la ley y deben tener los mismos derechos sin que exista discriminación alguna. Si el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas fue un logro para nuestro estado, el formalizar jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en forma de matrimonios, será también una victoria para la diversidad chiapaneca y su búsqueda de una legislación de avanzada, para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad de derechos y libertades.

Publicado originalmente en: http://www.chiapasparalelo.com/opinion/2014/04/matrimonio-igualitario-en-chiapas/

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