Embarazo de adolescentes
Por Angélica de la Peña Gómez
El embarazo de adolescentes está considerado de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es producto de la desorientación, desinformación, discriminación y la violencia de todo tipo, especialmente la sexual; esto refleja una falta de conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Esta situación obliga a las adolescentes a afrontar -casi siempre solas- las consecuencias de un embarazo no programado y no deseado, pues al carecer de acceso a la educación o tener que abandonarla, no están preparadas para subsistir, para fortalecer su autoestima, su posición como sujetas de derechos en su familia y en su comunidad.
Lo anterior viene a cuento por la visita que Regina Tamés, en representación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hizo a la Cámara de Senadores para invitar a las y los senadores a sumarse y apoyar la campaña #RecuperaUnaOportunidad. Es una llamada de atención hacia este fenómeno social.
El informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de Naciones Unidas, sitúa entre las causas de este fenómeno: pobreza generalizada, matrimonio infantil y esfuerzos inadecuados para mantener a niñas y adolescentes en la escuela.
Vergonzante para nuestra sociedad es la revelación que hace el mismo estudio al señalar que el 23 por ciento del total de niñas y adolescentes mexicanas cumple la mayoría de edad tras haber contraído matrimonio, lo que implica que 4.5 millones de niñas están casadas antes de cumplir la mayoría de edad (en octubre de 2013 el INEGI difundió que hay 19.8 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años en México).
Al revisar las tasas de hospitalización por complicaciones o aborto, el único grupo de edad en el que cada vez aumentan a mayor ritmo es en el de 10 a 14 años, que en 2012 ya llegó a ser de 7 por ciento del total. De 1990 a 2012 se registraron 3 mil 473 muertes maternas de adolescentes de 15 a 19 años.
Lamentablemente no hay estado de la república que no presente esta problemática, con marcada tendencia al alza en Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.
Es obvio que las políticas públicas de educación sexual y salud reproductiva, desarrollo social y humano, así como la aplicación de la ley que debe proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, son deficientes, desarticuladas.
En el Senado ya hemos dado pasos importantes para construir una solución, como eliminar las llamadas “promesas de matrimonio”, y estamos por concretar la necesaria y urgente reforma a la Ley contra la Trata de Personas, además de fijar los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.
Tenemos el compromiso de concretar las acciones necesarias para prevenir y atender la violencia de género, erradicar el matrimonio o la unión de hechos de niñas y adolescentes, impartir educación sexual, garantizar acceso a métodos anticonceptivos, evitar la deserción escolar y proveer servicios de salud reproductiva especializados e integrales.
Estamos obligados a garantizar que las adolescentes hagan lo que tienen que hacer: estudiar, capacitarse, tener acceso a los derechos que les son inherentes a su propia edad, para que concreten el proyecto de vida porque tienen derecho a ser felices.
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
Twitter: @angelicadelap
Por Jesús Ortega Martínez
Del 28 de abril al 4 de mayo del año en curso un grupo de asociaciones civiles, de universidades, de personas involucradas —en mayor o menor grado— en la política y en los asuntos públicos, llevarán a cabo el Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática.
Dicho evento se realizará en la Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, Puebla y el puerto de Acapulco (posiblemente Oaxaca), y participarán con sus opiniones destacados académicos, investigadores, profesores y políticos de México, América Latina y Europa.
Se trata de un ejercicio intelectual, es decir, dedicar tiempo a la reflexión individual y colectiva. A la crítica, al análisis de la realidad que viven las sociedades contemporáneas y de manera particular, al pensamiento y acción de las izquierdas a principios del siglo XXI.
Este esfuerzo de reflexión crítica, tolerante y democrática, busca encontrar algunas respuestas a los desafíos que ahora se le presentan a esta corriente de pensamiento social y político.
Han pasado muchas décadas desde que se evidenció el fracaso mundial del socialismo autoritario, y a pesar de ello, aún existen partidos, gobiernos y personas que lo siguen viendo y apreciando como la solución a los grandes problemas sociales y políticos que padecen la gran mayoría de los países y sus respectivas sociedades.
Lamentablemente, por ejemplo, se continúa suponiendo —por algunas expresiones de izquierda— que sólo desde la “acción revolucionaria”, la misma que lleva implícita “la violencia revolucionaria” se podrá terminar con la desigualdad social y económica en que viven la mayoría de los países. Erróneamente, se persiste en la idea de que el único motor de los cambios sociales es la lucha de clases y desde esta anacrónica concepción se insiste —por alguna parte de la izquierda— en entender a la política como un eterno esfuerzo de polarización clasista, la que desde un falso determinismo histórico culminará tarde que temprano con la eliminación —literalmente— de la clase de los propietarios.
Ésta, siguen diciendo, es la única vía para acceder a la sociedad de igualdad y justicia. Con dogmas como estos es previsible que la democracia, la legalidad, la pluralidad, las libertades y derechos individuales sigan siendo vistos —por esta izquierda absolutista— como elementos contradictorios y esencialmente opuestos a los derechos sociales de las personas.
La izquierda democrática de principios del presente siglo debe plantearse una profunda reflexión crítica para superar de manera definitiva las visiones que hicieron del socialismo una iglesia saturada de dogmas, de evangelios, de liturgias, de adoratorios para santos, para beatos; plantearse un debate intenso que deba incluir el pensamiento universal con actitud crítica y libre de ataduras ideológicas o verdades absolutas, un debate abierto a las ideas y los pensamientos de los otros, de los que piensan diferente, es decir, un debate amplio como amplia es la pluralidad política en los tiempos que nos toca vivir.
La izquierda democrática debe repensarse a sí misma y hacerlo en el marco de las nuevas realidades que vive el mundo y que vive nuestro país y, además, con la capacidad y la determinación de desprenderse de cualquier visión absolutista y de alejarse lo más posible de quien asume que la posee.
La izquierda democrática debe replantearse las nuevas formas y los nuevos pensamientos del quehacer político que hagan de la lucha por la igualdad social un objetivo a cumplir en el presente, y no una consigna para un futuro que siempre será impredecible. Un quehacer político que en la lucha política pueda con suficiencia confrontar con la derecha sus propuestas y sus programas para atender los problemas de la sociedad actual en toda su complejidad —desempleo, inseguridad, violencia, discriminación, crisis económica— y para solucionar las injusticias y los horrores de la desigualdad.
Estos propósitos siguen siendo lo sustantivo de ser de izquierda, por ello continuará existiendo la necesidad de confrontar en la lucha política, principalmente en el terreno de las ideas, al conservadurismo, a la derecha, a quienes buscan preservar el statu quo que mantiene como insignia a la desigualdad social.
El elemento nuevo que tiene que asumir y reivindicar la izquierda —como valor en sí mismo y como elemento imprescindible en su quehacer político— es el de la democracia.
El encuentro de destacados demócratas de izquierda podrá contribuir a lograr ese objetivo fundamental de la izquierda moderna.
@jesusortegam
http://ortegajesus.blogspot.com/
LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, GRAN PENDIENTE DEL CONGRESO
Durante muchos años pugnamos para que se elevara la edad de admisión al trabajo a quince años y hoy a partir de la disposición política del Ejecutivo federal, que envió la iniciativa a la Cámara de Diputados, podemos concretar el proceso en el Congreso de la Unión para que esta reforma sea enviada a los Congresos locales y pronto sea inscrita en nuestra Constitución, señaló en tribuna la senadora Angélica de la Peña al referirse a la aprobación de la reforma al artículo 123 de la Constitución.
Invocó a la misma voluntad política que facilitó la reforma al artículo 123 constitucional, a fin de que pronto sea enviado al Senado de la República el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que sea ratificado, y así entrar a la definición e implementación de políticas gubernamentales que logren gradualmente la real abolición del trabajo infantil de personas menores de 15 años en nuestro país.
Aseguró que con disposición se puede lograr la garantía de que niñas, niños y adolescentes terminen su educación primaria y secundaria antes de ingresar al ámbito laboral, es decir, privilegiar que niñas y niños gocen plenamente sus derechos, entre otros, su derecho a la educación, su derecho al juego, al ocio, a la participación, es decir, a vivir plenamente su infancia sin ningún tipo trabajo que los obstaculice.
Precisó que si bien la reforma al artículo 123 de la Constitución es trascendente, debe ser complementada con un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ese es un gran pendiente del Congreso de la Unión, no sólo porque es mandato derivado del artículo transitorio de la reforma del artículo 73 constitucional, sino también porque es una obligación con este importante sector de la población.
Finalmente, la también presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado hizo un llamado para que pronto sea dictaminada por las comisiones correspondientes y aprobada por el pleno la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de tal manera que el Congreso de la Unión actúe responsablemente y coadyuve a que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones como parte de la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
Por Purificación Carpinteyro
-dicen aquellos que se mofan de quienes, según ellos, vivimos obnubilados por la paranoia de la perpetua conspiración. Así que, aprovechándose de nuestra desconfianza, nos recetan con la medicina que anticipamos; nos disparan con balas de salva para que ocupados en apagar fuegos fatuos, nos olvidemos de que el diablo está en otra parte, que está en los detalles.
Así, mientras numerosos activistas sociales, organizaciones civiles y oficiales, defensores de derechos humanos, escritores, legisladores y sociedad en general, centran sus esfuerzos en erradicar la posibilidad de que la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, hace casi un mes, sea aprobada por el Senado, sin que antes se eliminen las disposiciones del proyecto que atentan contra derechos fundamentales consignados en la Constitución, tales como la libertad de expresión y el derecho a la información (específicamente aquellas en las que se le conceden facultades a la Secretaría de Gobernación para censurar, espiar y hasta desconectar redes de telecomunicaciones discrecionalmente); se descuida el propósito original de la reforma constitucional que debería regular esa legislación secundaria.
En la política, como en la guerra, el triunfo sólo es posible si se identifican y controlan los enclaves estratégicos para avanzar sobre el territorio contrario. Pero en cuanto a tácticas, es preciso analizar cuidadosamente el mapa para identificar minas en el camino -como parecen ser los preceptos incluidos en el proyecto del Ejecutivo, que siendo tan burdos parecen blancos falsos; objetivos visibles para ser sacrificados.
Asumamos que las comisiones dictaminadoras someten al pleno del Senado un dictamen que elimina las disposiciones que atentan en contra de los citados derechos pero que preserva el resto de la iniciativa, ¿es suficiente?
¿Y los objetivos de la reforma constitucional?, ¿qué habría sido de la obligación del Estado de hacer disponible a toda la población las tecnologías de la información y el conocimiento, a través de una política de inclusión digital universal; la defensa de la sana competencia en telecomunicaciones: incluyendo voz, datos, audio y video -independientemente de su anterior distinción como "telecomunicaciones" unas y "radiodifusión" otras; una cadena de televisión pública ciudadana; la apertura de espacios para la comunicación pública y social, incluyendo la comunitaria y de pueblos originarios; entre otros muchos logros, que para que no pudieran ser desvirtuados por la legislación secundaria fueron detallados en dieciocho artículos transitorios?
El Ejecutivo hizo bien sus cálculos: optó por un Senado que teóricamente no controla para trasladar a otros el costo político del retroceso. Y es que de 128 senadores, apenas 61 son integrantes del grupo parlamentario del PRI o sus aliados. Para tener mayoría simple necesitan de por lo menos cuatro votos más. Serán esos cuatro que deberán cargar, frente a la opinión pública, con la responsabilidad de votar a favor de una iniciativa retrógrada; y probablemente esos legisladores ya hayan medido sus riesgos, considerando los posibles arreglos previos y los beneficios que tener a su favor a los medios conlleva para obtener la candidatura y hasta el gobierno de su estado: al fin de cuentas "París bien vale una misa".
Superado ese escollo, la aprobación en la Cámara de Diputados será apenas un trámite. En ese recinto el PRI y sus aliados cuentan con 251 votos de 500, y no necesitan de nadie más para darle pase automático y sin debate, como ya es tradición.
Pero aunque pareciese que una vez más se perdió la batalla frente a los más poderosos grupos mediáticos, no se ha perdido la guerra. Si bien esos grupos cuentan con los números para revertir una reforma constitucional de la que el Ejecutivo ahora se arrepiente, no podemos olvidarnos de la posibilidad de que en el déjà vu de la historia, un tercio de los diputados interpongan una acción de inconstitucionalidad en contra de esta renovada "Ley Televisa".
Publicado originalmente en: http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=24717#ixzz2zFJUlU3A
La política económica, desde 1983, no ha dado los resultados que se pregonaban...
Por Jesús Ortega Martínez
Desde que en México se adoptaron las políticas neoliberales a principios de la década de los ochenta, el crecimiento económico en nuestro país ha sido mediocre. Así, la política económica desde 1983 no ha dado los resultados que se pregonaban: no ha habido crecimiento económico ni han mejorado las condiciones generales de existencia de la población, ni la distribución del ingreso es más equitativa.
Durante el desastre macroeconómico en el sexenio de Miguel de la Madrid, el espejismo del gobierno de Salinas de Gortari, el “error de diciembre” durante la administración de Zedillo y la “docena perdida” de los gobiernos de Fox y Calderón; el crecimiento económico ha sido muy bajo para lograr el desarrollo de México.
Una de las principales causas es la falta de inversión pública derivada del abandono del Estado de su papel inversor por ceñirse al dogma neoliberal de reducción del gasto público y del déficit cero como fetiche económico.
Debido a todo lo anterior, es que se impulsó en el marco del Pacto por México una Reforma Hacendaria, acompañada de un replanteamiento de los criterios generales de política económica, para contar con instrumentos para impulsar el crecimiento económico.
Con la Reforma Hacendaria aprobada para el presente año fiscal, el gobierno federal tiene uno de los presupuestos más grandes de la historia, tanto en términos relativos como reales; asimismo se logró romper uno de los principales paradigmas neoliberales, adoptándose una política de déficit dinámico, la cual permite adoptar medidas de política económica utilizando esta herramienta de forma moderada.
A pesar de la Reforma Hacendaria aprobada, las previsiones para el presente siguen arrojando un crecimiento insuficiente para las necesidades del país y su gente.
El problema radica en que el gobierno federal está utilizando gasto público con una visión inmediatista, con una fuerte carga electorera. En lugar de utilizar la enorme cantidad de recursos de que dispone, el Ejecutivo dirige el gasto público a programas focalizados, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, pensando más en las elecciones intermedias de 2015 que en el crecimiento económico.
Asimismo, muchas de las herramientas, de las facultades que se le otorgaron al gobierno federal para acabar con privilegios de poderosos grupos económicos y aumentar la recaudación, están siendo revertidos por él mismo para proteger a grupos corporativos y aliados empresariales.
Estos mismos grupos, que deberían ser agentes económicos protagonistas en el crecimiento, aducen que la falta de éste es debido al “aumento de impuestos” (cuando en los hechos no se aumentaron los impuestos al consumo, como el IVA, lo que hubiera sido desastroso para sus negocios, así como el leve aumento de un par de puntos porcentuales en el Impuesto Sobre la Renta. Sólo se aplica a un minúsculo porcentaje de los contribuyentes de los dos últimos deciles de mayores ingresos).
Estos mismos grupos económicos tratan de culpar a la Reforma Hacendaria de su corresponsabilidad del mediocre crecimiento económico; señalan una reforma pensada en el interés general, antes de reconocer que la inversión especulativa, el intermediarismo, el no tomar riesgos al momento de invertir (quinta esencia del capitalismo) y, en el caso de los bancos, el no poner a disposición crédito para inversión productiva, son factores que inhiben el crecimiento económico en nuestro país.
Para poder encauzar a México en la ruta del crecimiento económico, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el bienestar de la gente, es indispensable que el gobierno aproveche las herramientas con las que lo dotó la Reforma Hacendaria, y redirija el gasto público con una visión de largo plazo, basada en el desarrollo humano.
Estamos todavía a tiempo, no perdamos otra oportunidad.
Twitter: @jesusortegm
Texto publicado originalmente en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez/2014/04/15/954127
