Vuelta en U

Por Jesús Ortega Martínez



El gobierno experimenta una peligrosa parálisis y, con ello, continúa creciendo el desempleo, aumentando la desigualdad y la pobreza que invaden a un mayor número de familias.

Aunque van y vienen las cifras del secretario de Hacienda y el presidente Peña Nieto repite y repite que México está en movimiento, todo ello se topa ante una evidencia inobjetable: el gobierno experimenta una peligrosa parálisis y con ello continúa creciendo el desempleo, aumentando la desigualdad y la pobreza que invaden a un mayor número de familias.
A la par, se reduce el ingreso de la gran mayoría de las y los mexicanos.  La explicación a esta realidad algunos personajes —especialmente los dirigentes de las cúpulas empresariales— la encuentran exclusivamente en la Reforma Hacendaria y otros —los voceros gubernamentales— cómodamente recurren, como en otras ocasiones, a los factores económicos externos.
Pareciera entonces que para remediar en algo la situación actual del país, los mexicanos deberíamos recordar al gobierno federal la frase que Clinton restregó a Bush durante las elecciones de 1992: ¡Es la economía, estúpido!
Supondrán muchos que el problema central está localizado en la impericia o en la incapacidad de aquellos altos funcionarios encargados de la conducción de la economía. Esto es cierto en una parte importante y, sin embargo, no es la única y yo diría que ni siquiera es la principal razón de la parálisis gubernamental.
Es la economía, cierto, pero sobre todo es ¡la política!
Peña Nieto recorrió el mundo presumiendo una nueva forma de hacer política, es decir: presentando a un gobierno capaz de dialogar con sus contrincantes; de buscar, con éstos, acuerdos en razón de los intereses nacionales; de aceptar la necesidad de reformas concertando y, con todo ello, posibilitó que se abriera la expectativa promisoria de cambios para grandes transformaciones en beneficio de la gente.
Pero pareciera que eso cambió y en los últimos meses ha dado una vuelta en U para regresar a la visión equivocada de asumir, desde el gobierno y con su partido, un pernicioso y trasnochado hegemonismo autoritario.
Si no de esta manera, ¿cómo explicar el intento de cambiar acuerdos fundamentales del Pacto por México en materia de telecomunicaciones para no afectar a los monopolios de la radiodifusión a los cuales, el mismo gobierno, había entendido como obstáculo para el desarrollo económico? ¿Cómo entender su complacencia ante las actitudes conservadoras de los gobernadores, principalmente priistas, que se resisten a la Reforma Político-Electoral para, con ello, continuar con las prácticas fraudulentas durante los comicios locales en puerta? ¿Cómo entender la obcecación e intolerancia de los líderes parlamentarios de su partido para violentar, como en los viejos tiempos, toda la normativa legislativa y con ello cerrar toda posibilidad de diálogo y acuerdos con las otras fuerzas en el Congreso? ¿Cómo entender que en Nayarit la fuerza del gobierno federal se ponga al servicio del gobernador priista para que ¡en 2014!, se vea un proceso electoral como si estuviéramos en 1970?
¿Cómo entender que este gobierno, como ningún otro en los tiempos recientes, cuente con grandes reformas estratégicas en lo legislativo resultado del Pacto por México, y al mismo tiempo observemos la ausencia de las políticas públicas de la administración federal?
Las vueltas en U son peligrosas, aun en las vialidades vehiculares, pero las vueltas en U en la política frecuentemente provocan desastres de trascendencia nacional difíciles de remediar.
 *Expresidente del PRD
  Twitter: @jesusortegam
Texto original: http://bit.ly/1i7XK6f

La Izquierda que llegó para quedarse.

Por José Woldenberg




Click en el vinculo para leer el ensayo completo de José Woldenberg: La Izquierda que llegó para quedarse



Señor Fiscal de Nayarit, usted insiste indebidamente en polemizar con Polo Dominguez, candidato a Presidente Municipal de Tepic; permita darle mi opinión

Los delitos de delincuencia organizada, de narcotráfico, que es la mas peligrosa, la mejor armada y con millonarios recursos, son por mandato Constitucional y por decisión del Ejecutivo Federal perseguidos por los cuerpos policiacos Federales y ahora con la colaboración del Ejercito Mexicano y la Marina Nacional. No es esta una tarea obligada de las policías estatales aunque debe de existir una estrecha colaboración.

Usted Fiscal ha decidido, no los policías, que la totalidad de ellos usen pasamontañas y capuchas, no solo cuerpos de elite y especialidades como en todo el País y que los vehículos que usan carezcan de plena identificación, lo que ha generado que muchas voces protesten por esa medida y exijan plena transparencia de los cuerpos policiacos en el ejercicio de sus delicadas funciones. Usted intenta contraponer esta solicitud de muchos ciudadanos con la falsa intensión de mermar la seguridad personal de la policía, e ignora la seguridad y el pleno respeto de los derechos ciudadanos. Es mentira que se intente atentar en contra de los agentes, nada mas falso, es una visión maniquea que intenta irresponsablemente contraponer a los ciudadanos con los policías, que por lo demás muchos de ellos simpatizan con la oposición como trabajadores que son y que desean mejores salarios, y pleno respeto a sus personas y sus familias y no el trato déspota que muchos funcionarios le dan.

Pero deje le hago una pregunta directa; ¿Por qué el Ejercito Mexicano y de la Marina que recorre nuestro Estado no está encapuchada? ¿Considera usted un irresponsable al General Secretario por no cubrir el rostros de la totalidad del Ejercito Mexicano? ¿Piensa lo mismo de la Marina?

Por ultimo; ¿se imagina usted al Procurador General de la Republica Jesús Murillo Karam entrando a debatir con candidatos? Me parece que le esta ganando la soberbia y la prepotencia. Usted es un funcionario no un candidato. No siga enrareciendo el ambiente electoral y deje de presionar e intentar infundir miedo a los miembros de la oposición, que algunos estamos curados de espantos y ya nadie es impune en sus abusos, se lo aseguro.

atentamente. 
Guadalupe Acosta Naranjo

Por Jesús Ortega Martínez

En días pasados AMLO ha dicho “que se salió del PRD” porque éste participó en el Pacto por México.
Esto, simplemente, no es cierto.
Para muchas personas es conocido que desde 2010, el que fuese por dos ocasiones nuestro candidato presidencial, amagaba constantemente a la dirección del partido con abandonarlo. Llevó las cosas a tal grado que incluso presentó “formalmente” lo que él llamaba una “licencia a su militancia”. De ello hay testimonio en múltiples medios de comunicación, pero si eso no fuese suficiente, ahora es conveniente relatar una reunión en la cual AMLO reafirmó su decisión de separarse del PRD y, con ello, transitar por un camino no sólo diferente sino incluso enfrentado al de su antiguo partido. 
Semanas antes de que el Tribunal Electoral diera su fallo con respecto a las impugnaciones presentadas en la elección presidencial, a convocatoria de Marcelo Ebrard, se llevó a cabo (en las oficinas de su fundación) una reunión en donde, aparte del convocante, estuvieron presentes Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Manuel Camacho Solís, Jesús Zambrano Grijalva, quien esto escribe y otra persona de quien omito su nombre en razón de que no es un activo militante del PRD. Se convocó además a Andrés Manuel López Obrador y, desde luego, éste estuvo presente.
El propósito de dicha reunión era plantear al aún candidato presidencial la idea, de que con la enorme fuerza acumulada por las izquierdas durante el proceso electoral, el propio AMLO debería encabezar —al margen de lo que sucediera en el Tribunal— un llamado al país para la construcción de un “Gran Acuerdo Político Nacional para la transformación democrática del país, para el cambio del modelo económico y para lograr una sociedad de derechos e igualdad social”.
Esta idea fue concebida para no repetir el error de 2006, el cual aisló a la izquierda: permitió que Calderón y el PRI decidieran de manera exclusiva el rumbo del país y posibilitó que el PRI recuperase, en sólo tres años, la mayoría en el Congreso. La propuesta que compartíamos los asistentes y que llevamos a Andrés, buscaba, en sentido diferente, lograr que las izquierdas se convirtieran ante la ciudadanía, en los principales impulsores de los profundos cambios políticos y sociales que requería nuestro país, pero además (y no menos importante) que el propio AMLO asumiera la condición del líder político más influyente en la coyuntura  que entonces vivía México.
El documento que contenía esta propuesta le fue leído a AMLO por Manuel Camacho y… apenas pasaron segundos, para tener una respuesta que no logró ocultar la furia que se volvió insulto, esto es: la insinuación de la traición.
Hubo réplicas, argumentos, reflexiones del resto de los presentes, pero estos chocaban ante el muro acerado del que no quiere, del que no puede atender razones porque su autoritarismo se lo impide; porque los autoritarios, dice Amos Oz, no pueden ver al que piensa diferente sin demonizarlo, es decir, sin acusarlo de traidor.
Ante tal reacción, la reunión resultaba tan densa e incómoda que nadie más insistió en hablar; sólo Andrés Manuel, ya enfilado hacia la puerta, exhala una frase que da cuenta de una decisión previamente tomada y reafirmada en esta reunión: la de separarse del PRD. Dijo AMLO: “Está todo claro, cada quien adopta su camino, nada debo, nada me deben”. Este era una especie de epitafio a su militancia en el PRD y al mismo tiempo el acta de nacimiento de su movimiento.
Verdad a medias porque se sale del partido ante su incapacidad de reconocer cualquier error; ante la indisposición de atender cualquier opinión que difiera de la suya; ante su negativa a entender que en un partido que aspira a ser democrático, cualquiera —principalmente los dirigentes— se encuentran obligados a reflexionar, dialogar, discutir, confrontar ideas con los otros, con los que piensan diferente. En esto consiste, precisamente, lo sustantivo de la política.
No entender esto, es lo que le hizo decidir su retiro del PRD.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam
Texto original: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez/2014/06/10/964256

Depredación de la riqueza nacional


En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año, diversos movimientos ambientalistas desnudan la ineficacia de un modelo de desarrollo económico sustentado en el aprovechamiento irresponsable e inequitativo los recursos naturales del país.



Por Miguel Alonso Raya.

Actualmente, muchos megaproyectos gubernamentales y privados que pretenden explotar los recursos energéticos, minerales e hidráulicos; desarrollos turísticos, de vivienda e infraestructura, entre otros y que no cumplen con el marco jurídico ambiental ni con la anuencia de las comunidades, han desatado conflictos sociales en algunas entidades.
Mientras que empresas nacionales e internacionales por décadas han obtenido ganancias desmedidas sin pagar los impuestos acordes a sus beneficios; nuestro país ya enfrenta escases de agua, contaminación, afectación de la flora y fauna, devastación de grandes extensiones de bosques y manglares e invasiones de áreas protegidas.
Como consecuencia de ello, el impacto por los fenómenos naturales en vidas humanas, vivienda e infraestructura, es cada vez más alto.
La explotación mineral sirve como ejemplo para ilustrar esta reflexión. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, de 2000 a 2010, las empresas mineras que operan en el país extrajeron 419, 097 kilogramos de oro.
En tan sólo diez años la cantidad de oro extraído fue el doble que en los 300 años del dominio español. En esta década la superficie concesionada a las empresas mineras rebasaba las 56 millones de hectáreas, espacio que equivale a alrededor del 25% del territorio nacional continental.
Según el especialista Carlos Fernández-Vega, sólo en 2010 el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera y los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron a cerca de 20 millones de dólares. En tanto que los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares.
La defensa de los recursos naturales del país ha costado la vida de decenas de  ambientalistas. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2005 a 2013 fueron asesinados 44 activistas que luchaban contra megaproyectos y en donde los defensores tocaban intereses gubernamentales, empresariales o de caciques locales, y la mayoría de ellos están impunes.
El mismo día que se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, el jueves pasado, fue asesinado Antonio Esteban Cruz, presidente del Comité Regional del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, en el municipio de Cuetzalan, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.
El homicidio de Antonio Esteban se da en el contexto de las protestas ciudadanas y de organizaciones sociales en contra de las concesiones de minas a cielo abierto que pretende otorgar el gobierno federal a corporativos trasnacionales que ambicionan explotar la riqueza mineral de la Sierra Norte; y por la construcción de hidroeléctricas, a cargo de empresas privadas, que buscan vender energía a la Comisión Federal de Electricidad.
De concretarse estos proyectos, implicarían el despojo de la tierra de miles de familias campesinas y afectarán severamente el medioambiente, costumbres, tradiciones y el sustento para sobrevivir de muchos ejidos y  comunidades.
La reforma energética que busca privatizar los recursos energéticos del país, carece de los mecanismos necesarios para proteger el medio ambiente. Entre otras medidas permitirá la explotación de las reservas de gas y petróleo mediante la técnica conocida como fracking, que fractura el subsuelo para romper las rocas de lutitas y así obtener el producto conocido como gas shale.
Entre las principales objeciones que la comunidad científica y organizaciones ecologistas han expuesto por la aplicación del fracking, destaca el consumo descomunal de agua que se requiere.
Para los 20 mil pozos anuales que se están planteando, se utilizaría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.
Esta técnica de extracción implica la utilización de 750 compuestos químicos de alta toxicidad que se mezclan con el agua; ello no sólo contaminaría las reservas acuíferas, sino que también detonaría casos de cáncer, mutaciones y alergias.
Por estas razones el fracking está prohibido en varios países, incluso en algunos estados de la Unión Americana, pero el gobierno mexicano, en aras de atraer y complacer al capital internacional, lo permitirá.
Este es otro de los grandes perjuicios que implicará para los mexicanos la reforma energética, que beneficiará sólo a un reducido grupo de empresas nacionales y trasnacionales, pero fomentará el saqueo de la riqueza natural de las regiones  donde se lleve a cabo la explotación, dejando a su paso depredación, contaminación, pobreza y exterminio en los ejidos y comunidades.
Sin embargo, a pesar de la represión, corrupción e imposiciones, a lo largo y ancho de la república crece la firme decisión de los mexicanos de oponerse al despojo de nuestros recursos naturales.
Es el caso del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California, en donde por segunda ocasión un consorcio chino-estadounidense, con la complicidad de algunas autoridades y personajes políticos, planeaba construir un complejo turístico y que una vez más fue frenado por la oposición de sus habitantes.
Un escenario similar enfrenta el polémico centro de exhibiciones Dragon Mart, cuya construcción arrasó una amplia zona de manglar en Cancún, que podría ser clausurado luego de que el CEMDA ganó un amparo contra la manifestación de impacto ambiental (MIA) otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A esto se arriesgan quienes ya se frotan las manos por las ganancias que ambicionan obtener con la reforma energética, pues la amplia participación de los ciudadanos en la consulta popular revertirá los afanes de privatizar los hidrocarburos que pertenecen a todos los mexicanos.
Twitter: @AlonsoRaya_

Texto Original: http://zonafranca.mx/depredacion-de-la-riqueza-nacional/


México D.F 5 de junio de 2014.



En el marco del Día  Mundial del Medio Ambiente, es importante recordar que de acuerdo a la declaración de principios del PRD, el medio ambiente debe satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras, basado en el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, incluyendo las nuevas tecnologías de desarrollo, que permitan la protección y recuperación del medio ambiente con políticas públicas integrales. Nueva Izquierda partiendo de esta primicia, celebra, impulsa y apoya a plenitud lo siguiente:

El Partido de la Revolución Democrática se ha propuesto fomentar el desarrollo sustentable y la cultura ambiental como una herramienta que permita el aprovechamiento de los recursos naturales.  Este objetivo trascendental lo buscará lograr a través de la creación de políticas públicas integrales y reformas de fondo a la amplia variedad de leyes en materia ambiental en el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia energética.

El PRD, al buscar garantizar los derechos ambientales, y protección integral del mismo, ha generado una serie de propuestas que permitirán el aprovechamiento responsable, sustentable y factible de nuestros recursos naturales.

Entre las más importantes están:

Promover una planeación descentralizada que tenga como referente la regionalización física, biológica y social del país, y se garantizará que dicha planeación sea integral, incluyente y democrática, asumiendo compromisos los sectores público, privado y social.

Defender activamente las especies de flora y fauna, especialmente de aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción o apropiación.

Desarrollar una política de uso racional del agua que tome en cuenta tanto los aspectos macroeconómicos, como los microeconómicos. En la gestión integrada del agua prevalecerán la solidaridad, la conciliación de intereses y el conocimiento técnico, conducente al aprovechamiento del agua que sea económicamente eficiente, socialmente equitativo y ambientalmente sustentable.

Estimular una política energética alternativa con propuestas de producción, distribución y consumo ambiental, económica y socialmente viable.
Hacer Obligatoria “Evaluación Ambiental y Social  Estratégica” para el Programa de Desarrollo y Explotación del Gas y Aceite.
Modificar el Concepto de Riesgo Ambiental previsto en el artículo 147 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental  y las Guías de SEMARNAT.
Emitir las Leyes Necesarias para  la Prevención de Riesgos Químicos Ambientales. (REACH o TSCA)

Asimismo, el PRD buscará promover diversas leyes en materia ambiental.  

Trazados estos objetivos trascendentales en materia ambiental, el PRD reafirma su compromiso en lo particular para lograr que las  metas de transición energética y reducción de emisiones  contaminantes se logren, El objetivo es crear  una plataforma que permita enfrentar de forma directa las afectaciones por el cambio climático y posible afectación de nuestros ecosistemas por la explotación masiva en todo el territorio nacional a partir de las nueva legislación en materia energética.   Este proyecto pretende incidir en la  creación de  nuevas políticas públicas  que permitan el desarrollo de nuevas alternativas energéticas, que servirán tanto para menguar el uso de energías fósiles, como para  fomentar la creación de empleos dentro de los nuevos proyectos de  energías renovables.

Malestar en Brasil

Por Jesús Ortega Mrtínez



En estos días, un grupo de mexicanos asistimos a Porto Alegre, Brasil, a la VIII Reunión de la Alternativa Latinoamericana, mecanismo de diálogo que reúne a líderes del progresismo y la izquierda latinoamericanos dos veces al año.
En esta ocasión analizamos las situaciones nacionales de Argentina, Chile, Colombia, Perú, América Central, Venezuela y México; y su impacto geopolítico y geoeconómico. Asimismo, analizamos el escenario electoral de Brasil.
Al analizar el caso brasileño, se observa un proceso de desaceleración en su economía, al grado de celebrar que en el primer semestre de este año 2014 el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 0.5 por ciento.
El pobre crecimiento es, a mi juicio, el principal problema que alienta las protestas en el gigante del sur. Las personas han visto disminuir sus ingresos y crecer la burocracia, mientras, sufren la mala calidad de los servicios del Estado. A lo anterior se suma el hecho de que se ha prometido crear la gran infraestructura (aeropuertos, transporte público terrestre, mejores servicios de salud pública, entre otros) como resultado del Mundial de Futbol, lo cual no se ha cumplido, además de que se han hecho grandes gastos para la construcción y operación de los estadios. Por lo tanto, es comprensible la protesta social, la cual será de enormes proporciones y efectos terribles para la economía y la política brasileña, sobre todo si la selección nacional brasileña no gana la Copa Mundial.
En este contexto, el gobernante PT, junto con sus aliados, se encuentra en un proceso de revisión de sus propuestas programáticas, de sus comportamientos y políticas públicas, previo a las elecciones. 
El gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Herz Genro, nos comentaba que existe una ofensiva de la derecha para descalificar todo lo público, la cual se ve reforzada por un comportamiento de corrupción entre funcionarios de la izquierda que justifica esa permanente descalificación hacia “la cosa pública y la política en general. El gobernador alerta que no va a parar la descalificación de los extremismos de derecha y los conservadurismos de izquierda, pero lo que sí puede terminar es el comportamiento corrupto de funcionarios y representantes de la izquierda.
Esta situación de Brasil es muy similar a la que se vive en México y deberían atenderla todos los perredistas, especialmente quienes tienen responsabilidades de gobierno.
El PRD está obligado a realizar una reforma anticorrupción en los estados y municipios que gobernamos.
Si bien impulsamos exitosamente una reforma a nivel federal para acotar el fuero constitucional de representantes populares y servidores públicos, todo miembro del PRD en ejercicio de sus funciones públicas, estatal o federal, que las constituciones o leyes le otorguen algún tipo de fuero, sólo debería invocarlo para resguardar la inviolabilidad de sus opiniones manifestadas en el desempeño de su cargo. Deberemos también acotar el fuero de los legisladores no sólo a partir de las reformas constitucionales sino en una reglamentación rigurosa que impida y castigue los delitos y actos ilícitos en los que incurran.
Como medidas esenciales para lograr lo anterior, se debe fortalecer la participación de la sociedad en la planeación y la vigilancia de los actos de gobierno mediante el establecimiento de presupuestos participativos y órganos fiscalizadores ciudadanos, además de ser fiscalizados por los órganos constitucionales
La izquierda latinoamericana está obligada a combatir frontalmente la corrupción y la confluencia ilegítima de los intereses del poder económico con el poder público.
Twitter: @jesusortegam

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