El ilusionismo de la reforma

Posted by lunes, 4 de agosto de 2014

Por: Miguel Alonso Raya



El contenido de la legislación secundaria de la reforma energética, aprobada la madrugada de este sábado en la Cámara de Diputados, confirmó que las promesas del gobierno federal y sus aliados en el Congreso de la Unión para justificar la aprobación de esta reforma,  son una mera ilusión.
La reforma no garantiza los empleos comprometidos, el abasto y reducción del precio de los combustibles y energía eléctrica, el fortalecimiento de la industria nacional, el combate a la corrupción, la autonomía de los órganos reguladores ni la competencia en el sector.
El gasto público seguirá dependiendo en un porcentaje importante de los ingresos petroleros, no crea condiciones para que Pemex y CFE compitan con las trasnacionales, entre otros impactos lesivos para  la economía y los recursos  naturales del país.
En contraparte, privatiza la exploración y explotación de los hidrocarburos, comparte la renta petrolera con empresas nacionales e internacionales, particularmente con éstas últimas, viola los derechos de los trabajadores, permite el despojo de tierras y el uso de tecnologías contaminantes, como el fracking.
Obliga a los contribuyentes a pagar los pasivos laborales de Pemex y CFE y, lo que resulta una de las medidas más graves, pone en riesgo la seguridad y soberanía energética del país.
Un buen ejemplo de las implicaciones de esta reforma son las advertencias que hizo en su visita a México el gobernador de California, Edmund G. Brown, quien recomendó al Congreso mexicano “mano dura” para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, “o se los van a comer vivos”.
Luego de haber privatizado el sector eléctrico en favor de la empresa Enron Corporation, en el año 2000 California vivió una crisis energética que se tradujo en alzas enormes de las tarifas, apagones constantes y un gasto  de 10 mil millones de dólares que aún pagan los contribuyentes californianos.
A tal grado llegaron los abusos de Enron que los consumidores pagaban 60 dólares al mes y de repente la tarifa se les elevó a 500 dólares.
A este escenario nos puede llevar esta reforma porque alienta la extracción acelerada del petróleo y gas en beneficio de las empresas privadas y en detrimento de los mexicanos.
Crea condiciones para que en unos cuantos años el sector energético sea manejado por extranjeros que competirán y desplazarán gradualmente a Pemex y CFE, como resultado de una decisión en la que el Estado mexicano cede la riqueza a los particulares, entregándoles áreas de exploración e información estratégica, a cambio de cobros discrecionales mediante la celebración de contratos.
Se legaliza el despojo de tierras de las comunidades y ejidatarios, dejando a la “buena voluntad de las empresas” el negociar con los propietarios, para que finalmente, si no se llega a un acuerdo, se declare la servidumbre legal.
También debilita la industria eléctrica porque obliga a la CFE a dejar ciertas áreas de su competencia en manos de compañías privadas e incentivando la apertura para la generación de energía eléctrica con el propósito de atender al sector de las grandes empresas.
Obliga a la CFE a encargarse del suministro exclusivo del Servicio Básico, lo cual significaría la pérdida del 60% de sus ingresos de facturación de manera instantánea, manteniendo su estructura organizacional.
Se deja en manos del Gobierno Federal promover la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas; sin embargo estas acciones de electrificación quedan sujetas a la existencia de recursos en el Fondo de Servicio Universal Eléctrico y a dicho fondo no se le proveerá de recursos públicos, sino de donativos y excedentes de ingresos que resulten de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Tampoco se establecen medidas que obliguen a las empresas privadas a respetar el medio ambiente porque no hay clausulas ambientales en los contratos.
Los organismos reguladores propuestos para el sector son débiles, no tienen autonomía ni independencia presupuestal, prácticamente son órganos del Ejecutivo Federal.
No garantiza que los ingresos petroleros constituyan fondos de ahorro a largo plazo porque el Fondo Mexicano del Petróleo realmente es una caja donde se depositarán los recursos para pagarle a los privados y financiar el gasto público.
El gasto público seguirá dependiendo en un 40% de los ingresos petroleros ya que desde la Constitución se le mandata que lo que se acumule, el equivalente al 4% del PIB, se vaya a pagar el presupuesto de egresos, eso ya está etiquetado y no se puede usar en servicios, infraestructura e inversión pública.
El contenido nacional – transporte, materiales, mano de obra, insumos, bienes y servicios complementarios para la actividad principal que puedan aportar las empresas mexicanas- quedó muy limitado, lo que no permitirá generar empleo suficiente y encadenamiento productivo.
Con el argumento de sanear las finanzas de Pemex y CFE para permitirles competir en las nuevas condiciones del mercado, el gobierno federal se hará cargo de los pasivos laborales de estas dos empresas, con lo cual la deuda pública nacional se incrementa en 12 billones 947 mil 666 millones de pesos, lo que implica que cada mexicano –incluso los que están por nacer– adeudarán, cada uno, 109 mil 355 pesos.
Durante los seis días que duró el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, y en los días previos de discusión en las comisiones respectivas, el PRD promovió una amplia discusión del contenido de las iniciativas para que los ciudadanos conocieran los aspectos más lesivos de esta reforma.
En su afán de entregarles lo más rápidamente posible los recursos energéticos del país a las trasnacionales, el PRI, el PAN, Nueva Alianza y el Verde Ecologista, aliados de la privatización de los hidrocarburos que promueve Enrique Peña Nieto; aprobaron esta reforma sin modificaciones esenciales.
El PRD logró evitar que se redujera el presupuesto federal para los estados, como se proponía inicialmente e impulsó un acuerdo para que se auditaran los pasivos laborales de Pemex y CFE, que serán asumidos como deuda pública.
Exigimos además que los ex funcionarios de la paraestatal y la camarilla sindical corrupta, que no defendió los derechos de sus agremiados frente a esta reforma violaria de los derechos humanos y laborales; asumieran las consecuencias que le correspondían en esta omisión irresponsable que permitió que los pasivos laborales de Pemex se acumularan hasta sumar 1 billón 219 mil 208 millones de pesos que ahora se cargarán los contribuyentes.
Demandamos que si el gobierno federal se hacía cargo de los pasivos, esto no se condicionara a la revisión del contrato colectivo de trabajo porque ello implica violar el artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo.
Hemos dado una dura batalla en el Congreso de la Unión en defensa de los recursos naturales del país, la soberanía y seguridad energética nacional y  los intereses de todos los mexicanos.
Ahora, concentraremos nuestros esfuerzos en la organización de la Consulta Popular para que en el 2015, en el marco del proceso electoral federal, los ciudadanos decidan si están de acuerdo o no con esta reforma que entrega nuestros hidrocarburos a un grupo de empresas petroleras internacionales rapaces.
Vicecoordinador Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
Texto original: http://bit.ly/1APiZ2A

Derecho a decidir e izquierda democrática

Posted by martes, 29 de julio de 2014


Por Jesús Ortega Martínez



En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.

La presentación por parte del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo en esa entidad ha generado una serie de reacciones adversas de algunos sectores conservadores, tanto de las derechas como de las izquierdas.
En 2015 habrá elecciones generales en el estado de Guerrero y ya desde ahora podemos observar a líderes políticos, incluidos algunos del PRD, enarbolando sus discursos alrededor del tema de la moral y lo religioso.
Sin embargo, en el Estado democrático y social de derecho, ninguna iglesia o político (así milite en la izquierda) pueden imponer que las mujeres vayan a la cárcel por decidir interrumpir un embarazo. Esas visiones son autoritarias, ambas penalizan la pobreza, ambas violentan derechos fundamentales de las mujeres.
En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.
Para las mujeres, principalmente las adolescentes que viven en las zonas de alta marginalidad del país, el embarazo no planeado es una de las causas de la pobreza familiar.
Para superar la pobreza femenina es indispensable que los gobiernos, especialmente si son de izquierda, hagan efectivos los derechos sociales básicos como son la educación, la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal para todas y todos. Pero también es necesario hacer aplicable el derecho humano fundamental de las mujeres a decidir sobre su vida y su propio cuerpo.
Hacer realidad el derecho de las mujeres a decidir implica llevar a cabo cambios legislativos y acciones de gobierno que impidan —como debe ser en un Estado laico— la imposición de postulados religiosos o criterios morales personales sobre preceptos legales basados en la ciencia de aplicación universal.
Ante esta realidad, el Estado mexicano está obligado a preservar su condición laica, la libertad de las personas a profesar o no cualquier religión, a compartir o no cualquier pensamiento político o moral, tal y como lo establece nuestra Constitución Política. Las concepciones religiosas de las personas están referidas al ámbito de lo particular y nuestra Constitución Política nos garantiza a los particulares el derecho a profesarlas. Pero esas concepciones particulares sobre religión, filosofía, ideología política, etcétera, no pueden imponerse a todas las personas. Cuando eso sucede, el Estado laico y republicano se desvanece y es sustituido por visiones totalitarias.
La igualdad entre los géneros, el reconocimiento a las diversas identidades sexo-genéricas y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son avances que debemos exigir al Estado laico que preserve, pero también debemos defenderlos en la propia izquierda ante visiones de quienes se dicen pertenecer a este espacio del espectro político, pero que en realidad sostiene visiones oportunistas y conservadoras.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam

RESPUESTA DE Jesús Ortega Martínez A DECLARACIONES DISCRIMINATORIAS DE DAVID JIMÉNEZ RUMBO

Posted by jueves, 24 de julio de 2014



A las compañeras y compañeros del #PRD en Guerrero
Presentes:

Pasó, para el PRD, la funesta etapa del intento de imponer el “pensamiento único” y ahora, en nuestro partido, se puede debatir, discutir, confrontar ideas y pensamientos con absoluta libertad. Esto es característico de un partido progresista, democrático y de izquierda.

En razón de lo anterior es que me atrevo a escribir esta carta para refutar, con el debido respeto, algunas de las declaraciones del compañero David Jiménez Rumbo acerca de la iniciativa que envío al H. Congreso del Estado el Gobernador Ángel Aguirre.

Ello con el propósito de despenalizar la interrupción del embarazo y con ello resolver un grave problema de salud pública en esa entidad, pero además para garantizar el derecho de las mujeres guerrerenses a decidir sobre su propio cuerpo.

1.- David Jiménez Rumbo declara a algunos diarios y medios de comunicación de la entidad, que: “El PRD no lucha por lesbianas, homosexuales, abortistas porque esos no son principios de la izquierda”.
Desde luego que en esta desafortunada declaración, David se equivoca rotundamente. Lo que dice es precisamente el discurso de la derecha fascista que se encuentra enquistada entre algunos de los sectores más reaccionarios de Guerrero y del país.

-¿Sabe Jiménez Rumbo que la discriminación por cualquier razón está prohibida y es penalizada por las leyes mexicanas y los tratados internacionales que nuestro país ha signado?

-¿Sabe que la igualdad jurídica es un derecho establecido en la Constitución General de la República y desde luego, se encuentra contenido en la declaración de principios y en el programa político del PRD?

-¿Sabe Jiménez Rumbo que los Nazis perseguían, encarcelaban y asesinaban a las personas sólo por el hecho de ser homosexuales o lesbianas?

-¿Sabe Jiménez Rumbo que los Nazis sentenciaban con pena de muerte a las mujeres que por diversas circunstancias tenían que abortar?

-¿Sabe que una de las mayores causas de pobreza familiar en Guerrero es el embarazo no deseado de niñas y adolecentes (de entre 12 y 18 años)?

-¿Sabe que en Guerrero hay uno de los índices de mortandad mayores por abortos mal practicados?
Es posible que no sepa esto, y si lo sabe entonces tendría —en consecuencia con los principios y el programa del PRD— que apoyar la iniciativa que ahora se encuentra en el Congreso Estatal.

2.- En sentido diferente a la derecha y a los fascistas, la izquierda lucha por la igualdad en todos sus sentidos y contenidos y por lo tanto los heterosexuales, los homosexuales, las lesbianas, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas tienen y deben de gozar de todos los derechos humanos, constitucionales y legales. El PRD ha dado desde siempre, la lucha para que nadie sea discriminado por condición alguna, incluido el género, la edad, la condición económica, el origen étnico, la preferencia sexual, la condición civil, etcétera.
¡La lucha por la igualdad jurídica y social de todas y todos los guerrerenses y mexicanos es la esencia del ser de izquierda!

3.- Dice David Jiménez Rumbo: “Las mujeres que apoyan la despenalización del aborto están mal de la cabeza, no tienen ni marido, nunca van a parir, ni abortar, porque ni marido tienen”.

Esta declaración no sólo es desafortunada, es verdaderamente aberrante y sólo da cuenta de su extremismo misógino que no puede ser admitido en el PRD y que sólo merece el más enérgico rechazo. Esta declaración insulta a todas las mujeres en el mundo, en México, en Guerrero y sobre todo a aquellas que están dando una lucha por que se reconozca su derecho a decidir y a no ser encarcelas por decidir sobre su propio cuerpo.

Pero además, con tan grosera declaración, llena de odio y fanatismo, agrede — ¡vea usted que tontería!— a las mujeres “que no tienen marido”. Su declaración es homofóbica, alienta la discriminación y es evidencia de un pensamiento totalitario.

4.- Jiménez Rumbo dice que “Jesús Zambrano y Jesús Ortega se encargaron de hacernos estúpidos y señalar que el PRD lucha por homosexuales, lesbianas y abortistas”. Esta última parte de su declaración es simplemente grotesca.
La lucha porque no sean discriminadas las personas por su condición genérica o por su preferencia sexual se encuentra en el ADN de la izquierda libertaria y democrática. Así ha sido desde nuestro surgimiento y así seguirá siendo.

¡Democracia ya, Patria para todas y todos!

Atentamente
Jesús Ortega Martínez 
Consejero Nacional del PRD

PRD EXIGE CASTIGO A IMPLICADOS EN FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS TLEHUATLIE

Posted by martes, 22 de julio de 2014

PRD EXIGE CASTIGO A IMPLICADOS EN FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS TLEHUATLIE



El PRD lamenta el fallecimiento del niño José Luis Tlehuatlie Tamayo y exige se castigue al o los implicados conforme a Derecho proceda luego de que fuese víctima de una mortal lesión en la cabeza tras un enfrentamiento entre policías y pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan del municipio de Santa Clara Ocoyucan, en Puebla, el pasado 9 de julio.

La Procuraduría General de la República, en colaboración con la procuraduría estatal, debe actuar con todo rigor y brindar información imparcial y transparente que dé certeza sobre el curso de los acontecimientos y que permita un preciso deslinde de responsabilidades en este lamentable hecho.

A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe coadyuvar exhaustivamente en todo lo que sus facultades le permitan con el firme propósito de salvaguardar a cabalidad  los derechos de los familiares del menor, quienes no deben ser objeto de presiones de ninguna especie.

El PRD hace un llamado a que todo conflicto se resuelva pacíficamente, por la vía del diálogo. Las movilizaciones sociales deben respetar el marco legal y éste a su vez debe garantizar que toda persona pueda manifestarse sin ser objeto de persecución o criminalización.

Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional PRD

¿Reivindicar la política con un mandamiento religioso?

Posted by


Por Jesús Ortega Martínez



Nuestra Constitución establece que las leyes civiles son las que deben normar el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados...

El partido Morena ha obtenido su registro para participar en las elecciones y para ello, como ordena la ley, ha presentado su declaración de principios.
Me llama la atención, especialmente, la convicción de tal partido “de reivindicar a la política” mediante el principio “del amor al prójimo”. Es de tomarse en cuenta esto, pues este principio es indubitablemente de carácter religioso: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues no existe otro mandamiento mayor que este” (Marcos 12,31). “No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19,18).
Podría citar otros textos religiosos que reivindican “el amor al prójimo” como un mandamiento de Dios, y estoy seguro de que nadie pondría en duda que ese principio de Morena es —literalmente— de carácter TORAL (Rabí Akiva dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo, éste es el gran principio de la Torá”) y, como se sabe, el prójimo era sólo aquel que pertenecía al  “pueblo elegido”.
Lo que sí debiera hacernos dudar a todos es lo siguiente: ¿Se puede reivindicar a la política mediante la propagación y aplicación de principios religiosos?
¡También estoy seguro que no!
Esta certidumbre la obtengo, en primer término, de la historia de muchos países —incluido el nuestro— que han padecido teocracias (gobiernos que se guían por principios religiosos) y que, contrario a reivindicar a la política, lo que hacen es defenestrarla, anularla, eliminarla.
Así sucedió en México en el siglo XIX cuando el Partido Conservador pretendió que principios religiosos sustituyeran a las leyes civiles, las cuales tienen origen, precisamente, en la razón política.
El Partido Conservador, en su pretensión de que México fuese guiado por preceptos religiosos, se convirtió en expresión diáfana de la antipolítica.
Nuestra norma fundamental, nuestra Constitución, no mandata el amor al prójimo como sí lo hace la Biblia. En sentido diferente, determina la igualdad jurídica para todos los mexicanos, establece la obligación del Estado de impartir justicia y de garantizar el ejercicio de derechos y el bienestar social y económico para todas y todos los mexicanos.
Nuestra Constitución establece que las leyes civiles son las que deben normar el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados, pero además obliga —por la condición laica del Estado mexicano— a que cualquier fundamento religioso no pueda sobreponerse o sustituir a las leyes civiles.
Karl Popper decía que “la irracionalidad insiste en que son las emociones y las pasiones más que la razón, las fuentes inspiradoras de la acción humana”. Siguiendo a Popper, el amor es una emoción y en muchos casos una pasión, pero no olvidemos que el odio es igualmente una emoción y una pasión que —en innumerables ocasiones en la historia de la humanidad— ha conducido a terribles tragedias de violencia y sufrimiento. Por ello mismo, Popper decía que “quienes enseñan que no debe gobernar la razón sino el amor, abren las puertas a aquellos que sólo quieren y pueden gobernar por el odio”.
Puede ser encomiable predicar el amor al prójimo, pero ello no puede y no debe anular a la razón política.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam

Reservas naturales protegidas quedan a merced de empresas extranjeras: Angélica de la Peña

Posted by lunes, 21 de julio de 2014




La inversión privada en generación y comercialización de electricidad representa un modelo de mercado que de ninguna manera podrá garantizar a los usuarios tarifas más económicas, pues Comisión Federal de Electricidad suministrará únicamente energía eléctrica a los consumidores residenciales y las tarifas serán fijadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante la ley de la oferta y la demanda, señaló Angélica de la Peña en tribuna. 

Al fijar su postura en contra de los dictámenes referentes a la industria eléctrica, de energía geotérmica y Ley de Aguas Nacionales y presentar sus propuestas de modificación, la senadora de la Peña resaltó que el dictamen propuesto no es otra cosa que la renuncia del Gobierno federal a llevar a todo el país y a todos los rincones el servicio eléctrico, y de aprobarse sin modificaciones las personas con más alta marginalidad estarán sujetas al servicio de los operadores privados para allegarse del servicio de energía eléctrica. 

"El argumento de que la competencia disminuye el precio de las tarifas eléctricas no encuentra comprobación en la realidad. Las experiencias internacionales en la privatización eléctrica, no demuestran bajas tarifarias a los usuarios finales. Basta enunciar el art. 139 cuya redacción tiene un sentido que puede ser enunciativo de utilización electorera y sin duda su implementación afectará a las clases medias y a las medias bajas."

Dijo que al establecerse la industria eléctrica como una actividad de interés general, sin limitación alguna, se corre el riesgo de imponerse sobre otras actividades igual de importantes para el interés público como lo es la política de conservación de los recursos naturales y de protección de nuestro medio ambiente. 

"Es preocupante la eliminación de la política de conservación, tanto para las Áreas Naturales Protegidas Federales, como para las estatales, las municipales y de las comunidades indígenas. Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural y la biodiversidad de México, ejemplo de ello hay muchos por todo nuestro territorio nacional con los denominados megaproyectos, como es el caso de Oaxaca contra la construcción de parques eólicos de Gas Fenosa."

En cuanto a la Ley de Energía Geotérmica, añade la legisladora del PRD, el Dictamen busca fomentar la participación privada en el sector geotérmico para supuestamente incrementar la capacidad del Estado mexicano para generar electricidad y a pesar de que es una fuente generadora de energía de las denominadas limpias, "la industria aparejada genera impactos asociados no compatibles con los objetivos de la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, ya que obliga a modificar el uso de suelo, deforesta, utiliza grandes cantidades de agua, insumos tóxicos, genera residuos peligrosos, ruido, contaminación lumínica, fragmentación del hábitat y mayor presión sobre los recursos naturales, incluida la biodiversidad." 

De la Peña Gómez apunta que la propuesta presentada por las comisiones dictaminadoras no representa el marco regulatorio que pueda proteger las y los mexicanos de los intereses de los corporativos energéticos que operan y dominan el mercado energético en el mundo quienes tendrán manos libres para decidir por sus intereses. 

"Mucho me temo que en el corto plazo la sociedad exigirá la nacionalización de los corporativos, como seguramente acontecerá pronto en Inglaterra por el fracaso de la privatización de este derecho. En tanto los corporativos trasnacionales se frotan las manos", concluyó la senadora Angélica de la Peña.

" Menores migrantes: una crisis humanitaria"

Posted by martes, 15 de julio de 2014


Por Jesús Ortega Martínez



Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y por vías irregulares lo hacen sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países.

México y sus vecinos sufren actualmente una crisis humanitaria de gran magnitud: la migración masiva de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Las causas de su emigración son variadas y complejas, pero la mayoría lo hace con la esperanza de reunirse con sus padres, adquirir mayores oportunidades económicas o para escapar de la violencia y la explotación que sufren en su lugar de origen.

Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y por vías irregulares lo hacen sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países.

En este contexto, las y los menores son especialmente vulnerables a ser víctimas del endurecimiento de las políticas migratorias, la xenofobia, la discriminación, el secuestro y  la extorsión por parte del crimen organizado o de las autoridades, así como a la trata de personas con propósitos laborales o sexuales.

Grave resulta, asimismo, que a estos menores se les trate como criminales, ya que su detención y encarcelamiento por ser su situación irregular, tanto como resultado de un ingreso ilegal como de la falta de un permiso de residencia, va en aumento.

Como es evidente, esta situación no sólo es violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política mexicana y en la Bill of Rights estadunidense, sino que también viola diversos instrumentos internacionales, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es vinculante para ambos países.

La Convención sobre los Derechos del Niño protege a todos los menores sin discriminación alguna. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes en un Estado, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Los principales derechos que amparan a la niñez y adolescencia migrantes de esta Convención son: la garantía de debido proceso en la política migratoria; el derecho inalienable a vivir en familia (derecho a la unidad o reunificación familiar); el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de niños, niñas y adolescentes migrantes con políticas específicas para atender sus necesidades de protección y desarrollo; y la vigilancia del destino de las remesas a fin de optimizar su impacto positivo en la calidad de vida de niños y niñas.

Destacan también el derecho a la identidad, nacionalidad y a la protección frente a la detención y criminalización en el marco de la migración infantil y adolescente.

El Estado mexicano está obligado a atender esta crisis desde su raíz, generando las condiciones para el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez y la adolescencia. Asimismo, está obligado a exigir a Estados Unidos respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a respetarla en nuestro territorio, independientemente de la nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en nuestro país.

Twitter: @jesusortegam

 http://ortegajesus.blogspot.com/

Blogger news

Blogroll