Hipocresía panista al defender salario mínimo; buscan votos: Jesús Ortega

Posted by martes, 19 de agosto de 2014

El acelerado deterioro político del PAN los lleva a la hipocresía de pretender abanderar la propuesta de elevar el salario mínimo, pues en su desesperada búsqueda de votos quieren ocultar que durante décadas se han opuesto a que los trabajadores perciban remuneraciones dignas, afirmó Jesús Ortega Martínez.

El Coordinador Nacional de Nueva Izquierda, la mayor expresión política del PRD, sostuvo que es hipocresía panista ya que “toda su existencia se han opuesto al aumento del salario mínimo y siempre han argumentado la misma tesis que Agustín Carstens”, gobernador del Banco de México.   

¿Por qué a los panistas se les ocurre ahora impulsar un aumento al salario? Por los votos. Esa es otra forma de hipocresía, resulta que ahora están muy preocupados por el salario cuando ellos son neoliberales; mantener en un nivel bajo el salario mínimo es parte de su tesis económica. Quieren ganar votos, eso es todo”, añadió Ortega Martínez.

Por otra parte, el líder nacional de NI expuso que el salario mínimo no debe ser utilizado como objeto monetario y debe transformarse para garantizar bienestar y dignidad social como establece la Carta Magna.

Contrario a lo que pregonan los defensores del neoliberalismo –además del PAN,  Agustín Carstens, funcionarios del gobierno y algunos representantes del sector empresarial- los indicadores macroeconómicos no deben ser la única prioridad de la administración federal, sino direccionar la política económica para que sea motor de desarrollo que garantice una vida digna para los trabajadores y sus familias, añadió.

La propuesta del PRD es desligar al salario mínimo de una medida monetaria que sólo sirve para tasar multas, expuso.

Ortega Martínez explicó que la tesis de la principal fuerza política de izquierda en México es contraria a la que defienden los neoliberales, ya que el PRD propone dotar de auténtico poder adquisitivo al salario mínimo y con ello estimular el consumo para que a su vez active el crecimiento económico y la generación de empleos.

Nuestra tesis es: Si se mejora el salario de los trabajadores “es indiscutible que habrá más empleos, las fábricas crecerán, crecerá la economía y se crearán nuevas empresas si la gente tiene capacidad de consumo”, explicó.

El ex senador de la República urgió a los neoliberales a reconocer que en la actualidad “no hay capacidad de consumo de la gente y por lo tanto no hay aumento de la productividad, el salario de la mayoría de los trabajadores es de subsistencia y a veces no alcanza ni para subsistir”.


La visión de los neoliberales ha condenado a los trabajadores mexicanos a percibir uno de los salarios más bajos, no sólo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sino de América Latina, indicó. 

De las incongruencias económicas a las hipocresías morales

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Por Jesús Ortega Martínez



Durante los dos sexenios que el PAN ocupó la Presidencia de la República, periodo también conocido como la Docena Perdida, poco hicieron los funcionarios panistas, comenzando por los presidentes de la República, para poner en marcha una política pública específica para el alza al salario mínimo y la recuperación del poder adquisitivo.
A nivel discursivo, en una ocasión el presidente Fox reconoció que el salario mínimo de los trabajadores era raquítico, pero destacó la necesidad de que gobierno y sociedad trabajaran juntos para alcanzar los niveles de desarrollo al que aspiran los mexicanos. “Aquellos gobiernos que ponían todo y el ciudadano no ponía nada quebraron, los endeudaron, tronaron al país y todavía estamos pagando las consecuencias”, dijo Fox, revelando que su idea de que el alza salarial era directamente proporcional al endeudamiento público, por lo que su política salarial fue también un episodio voluntarista.
Durante el sexenio del presidente Calderón no hubo tampoco un esfuerzo por incrementar el salario mínimo que se tradujera en una política pública. Basta recordar las declaraciones del entonces secretario de Hacienda y delfín calderonista, Ernesto Cordero, para entender su concepción al respecto: “El salario mínimo ha incrementado su poder adquisitivo, si quieren de manera muy modesta, pero al menos con un salario mínimo cada vez se pueden comprar más cosas y esto es por el control de la inflación y la estabilidad de los precios”. Con esta visión quedó claro que para el PAN la mejor política de incremento salarial era el dogma de la política de contención inflacionaria.
Sin embargo, la realidad de las cifras oficiales y de análisis académicos contradice el triunfalismo y la supuesta preocupación de los gobiernos panistas por el alza del salario mínimo y la recuperación del poder adquisitivo.
Información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) señala que, en 12 años de panismo, los salarios mínimos aumentaron un total de 24 pesos, es decir, un promedio de dos pesos por año. En total, en los seis años del gobierno de Vicente Fox los mínimos se incrementaron en términos reales en 10.77 pesos.  A lo largo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según cifras oficiales, en términos reales los mínimos aumentaron 13 pesos, que son las cifras más bajas de ajuste salarial desde 1970.
En los sexenios panistas, México fue una de las naciones de América Latina con menor crecimiento directo en el ingreso salarial de sus trabajadores (Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM).  Del año 2000 a 2011, la caída real del poder adquisitivo de los mexicanos fue de 24.4% en la adquisición de productos básicos,  mientras que Brasil tuvo una recuperación de 97.6% en los ingresos de la población asalariada.
Con base en las cifras, su postura histórica de defender los intereses de la cúpula empresarial y adoptar radicalmente los dogmas neoliberales, así como sus acciones (no palabras) cuando fueron gobierno nacional, queda más que claro que para el PAN el alza real del salario mínimo y la consecuente recuperación del poder adquisitivo nunca fueron una prioridad.
Resulta evidente que el súbito interés del PAN por el alza al salario mínimo tiene más que ver con una táctica distractora para desviar la atención de su descomposición reflejada en sus prácticas corruptas (los ***moches*** del presupuesto federal son el mejor ejemplo), su contradicción entre su discurso de preservación de una moral cristiana y promoción de “buenas costumbres” y sus comportamientos, así como también dar la impresión de que están del lado de la sociedad mientras impulsan y apoyan contrarreformas como la energética, que perjudican a ésta.
 *Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam
Texto Original: http://bit.ly/1lfex97

Nueva mayoría

Posted by viernes, 15 de agosto de 2014

Por Zoé Robledo Aburto Senador de la República



 En la discusión de la reforma energética se confrontaron perspectivas en dos planos distintos. Uno sobre qué hacer con la riqueza petrolera del país. En ese plano, el PRD en el Senado formuló insistentemente una pregunta: ¿reforma energética para qué? Sabemos que el modelo está agotado y por eso propusimos una reforma energética modernizadora que usara la riqueza petrolera para atender nuestros problemas nacionales.

El segundo plano tiene que ver con la forma como entendemos la democracia y cómo la ponemos en acción para procesar el disenso. Hubo quienes, en el Senado, tuvieron la tentación de anular al discrepante. Afortunadamente fracasaron.

Los senadores del PRD no renunciamos a la vocación democrática de ser una voz crítica y razonable. Desfavorecidos por la aritmética legislativa, reivindicamos nuestra posición minoritaria diferenciándonos del resto de los partidos: no fuimos la bancada del no; sino del cómo sí. ¿Cómo sí hacer de la renta petrolera una efectiva y socialmente responsable palanca de desarrollo? ¿Cómo sí crear controles democráticos en el manejo de los recursos provenientes del petróleo que eviten la corrupción y permitan la transparencia? ¿Cómo sí abrevar de las mejores experiencias internacionales sobre mecanismos legales para el manejo de los excedentes petroleros con un sentido social? ¿Cómo sí ver hacia el futuro de la energía limpia y renovable?

La crítica recurrente de los promotores de la reforma fue que nuestros planteamientos son ideológicos. ¡Y claro que lo son! Los son en la medida en la que nos diferenciamos en cómo concebimos el rol del Estado y defendemos lo público. Tener un rico y próspero sector energético no vale en sí mismo sino en la medida en la que éste pueda funcionar como el pegamento para transitar hacia un nuevo pacto social que reconcilie a la democracia con el mercado. ¿Cómo? Reconociendo la desigualdad como el problema a resolver y después definiendo las prioridades y destino de esta reforma para construir una sociedad de oportunidades para los más vulnerables.

Kaushik Basu, vicepresidente del Banco Mundial, lo plantea así en su libro Más allá de la mano invisible (FCE, 2013): "Al diseñar la política es muy importante tratar de especificar claramente nuestros objetivos últimos... Lo bueno o malo de una política depende de la forma en que afecte a lo que en última instancia valoramos en nuestra sociedad". Y propone una medida: evaluar el bienestar del país enfocándonos en el bienestar y en el ingreso del primer quintil, es decir del 20% más pobre. Concentrarnos en las personas que están en situación más desventajosa dentro de la sociedad, señala Basu, debe ser el principal objetivo de las acciones de la Economía.

Esta discusión resulta relevante para la democracia misma. Y es que la desigualdad económica desmorona los cimientos de la democracia que tiene como premisa lógica la igualdad entre "una persona, un voto". Cuando en la vida política el voto de los muy ricos es más influyente que el de los demás que no lo son, la democracia misma se ve erosionada y desprestigiada como forma de gobierno.

En el proceso legislativo el resultado numérico era previsible. Fuimos en minoría y democráticamente nos atuvimos a la regla de la mayoría. Advertimos que el voto a favor se distanciaría de la opinión de la mayoría respecto a la reforma energética. Los datos de la encuesta nacional de julio de Grupo Reforma nos dan la razón: 57% de priistas y 61% de panistas se manifiestan en contra de la apertura del sector petrolero al capital privado.

En la consulta popular los equilibrios cambian. Ahí hay una nueva mayoría: La ciudadana, la que está desencantada de los partidos como mecanismos para procesar sus demandas y que considera útil que haya una consulta popular sobre la reforma energética: 66% de los ciudadanos según la misma encuesta. La Constitución pone en manos del pueblo la decisión última sobre los temas trascendentes de la nación, por ello la aprobación de la reforma energética en el Congreso no es el punto final, la decisión última está ahora en manos de quien ostenta la soberanía y no solo de quienes la representan.

Texto original: http://bit.ly/1oWp0FW

Es urgente debatir sobre el salario

Posted by miércoles, 13 de agosto de 2014


Por Miguel Alonso Raya



El salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países, según la Organización Internacional del Trabajo.
El salario mínimo es una institución establecida constitucionalmente. Debemos su existencia a la propia lucha armada revolucionaria que vio en el ingreso de la naciente clase trabajadora un derecho irrenunciable que debía estar consagrado en nuestra Ley Fundamental.
En el artículo 123, apartado A, fracción VI, se define la suficiencia de esta remuneración:
“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”.
Sin embargo, desde hace más de tres décadas, ni el salario mínimo cumple con esas características ni es el menor salario que se paga por una ocupación. Entre 1934 y 1982, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 54%; de 1982 a 2014, se redujo 67.5% y si tomamos como referencia el año de 1977, la caída es de 72.5%. Esto significa que los trabajadores han dejado de recibir tres cuartas partes del salario a que tenían derecho durante tres décadas.
Los trabajadores que reciben hasta un salario mínimo, son cerca de 10 millones, el 23% de la población económicamente activa ocupada; así mismo el 70% de las nuevas ocupaciones son contratadas con salarios bajos. Incluso en empresas que presumen tener alta tecnología, como las armadoras automotrices, en que el costo salarial no repercute en la formación de valor, se siguen pagando salarios bajísimos, que no son compatibles con la actividad realizada.
Precisamente, México es uno de los tres países que participan en el grueso de la industria automotriz mundial en que los trabajadores reciben los menores salarios. En la industria automotriz alemana se pagan en promedio 52 dólares por hora y en México, cuatro.
Nuestro país sigue con la lamentable política de querer atraer inversión y elevar la productividad con las “ventajas comparativas” de los bajos salarios. Como sabemos, esto no ha sucedido en treinta años y por tanto no tiene sentido seguir en esa línea.
Los resultados saltan a la vista: de 1934 a 1982, el crecimiento del PIB alcanzó una tasa de promedio anual de 6.1%; de 1983 a 2013, el crecimiento promedio anual fue de 1.9%; en 2012, el 10% de la población más pobre recibía 1.6% del ingreso nacional y el 10% más rico, el 35.7%; en ese mismo año 2012, 53 millones 227 mil personas se encontraban en situación de pobreza (4 millones más que en 2008).
De acuerdo a las líneas de pobreza establecidas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, para adquirir una canasta básica rural de una familia promedio de cuatro personas, se requieren 1.7 salarios mínimos; para una canasta ampliada rural, 2.5; para una canasta básica urbana, 3.2; y para una canasta ampliada urbana, 5.1
Si en este momento se quisiera recuperar el poder adquisitivo de los salarios perdidos históricamente desde 1977, se necesitaría aumentar los salarios mínimos más de dos veces y media, o sea, tendría que ser de al menos 7 mil pesos mensuales en vez de los 2 mil 018.70, que se pagan en la Zona A, o de los 1 mil 913.10, que se pagan en la Zona B.
Las estimaciones anteriores, basadas en cifras oficiales son contundentes.  No es un problema de consulta, sino de decisión política para construir acuerdos y atender esta problemática con urgencia y pertinencia. De nada sirven las reformas si no se traducen en medidas que ayuden a poner un piso más parejo y combatir la desigualdad; se necesita tomar decisiones y entrar al fondo del debate. Se necesita más bien construir un acuerdo nacional.
Debatir el tema, como lo ha puesto en la mesa el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, es un buen comienzo. Se trata de una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país.
Los partidos políticos deben generar condiciones para un gran acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores para crear condiciones que lleven a la recuperación salarial. Se deben generar gobiernos, instituciones y mecanismos que garanticen tener transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y que generen condiciones para la recuperación de la economía y del poder adquisitivo del salario.
Se requiere revisar las instituciones que determinan el salario. Los salarios mínimos se fijan por una comisión en que la correlación de fuerzas en este organismo ha operado en contra del trabajador y siempre como un apéndice del Ejecutivo. Por eso, debe desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El PRD ha propuesto la creación de un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que sea autónomo y fije criterios técnicos objetivos para el poder adquisitivo, determine un índice de recuperación gradual de los salarios y periodicidad para determinación del salario. Este Instituto deberá evaluar la evolución de la economía y la productividad en el marco de la fijación de los salarios;
Por supuesto, deberá desvincular el salario de las referencias la legislación para que el aumento no impacte multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos, para que la recuperación salarial no afecte otras esferas.
Igualmente, se necesita una política que distribuya el crecimiento económico y de la productividad y así, contribuya a una economía más competitiva; urge una política inmediata de recuperación salarial, como un objetivo central de la política económica y no como un resultado indirecto y siempre postergado.
La recuperación salarial es la base del bienestar social. De otra forma, ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que enfrentamos.
No es un asunto a “consultar”: su urgencia es evidente.
Twitter: @AlonsoRaya_
Texto original: http://bit.ly/Y5wuMG

Los dogmáticos del gobierno

Posted by martes, 12 de agosto de 2014

Por Jesús Ortega Martínez



En nuestra Constitución Política nunca se habla de que el Ejecutivo federal deba legitimar mediante una “promulgación” los actos del Poder Legislativo. La Constitución no le da esa facultad al Presidente para que éstos tengan validez. Para esto último, bastaría que fuesen publicados en el Diario Oficial de la Federación o, en caso contrario, debiera utilizar su capacidad de veto. 
Pero al margen de este procedimiento de reafirmación del presidencialismo, el hecho tangible es que se culmina un proceso de reformas constitucionales y legales que, en materia energética, lesionan no sólo la soberanía de la nación sobre nuestros recursos naturales sino que, además, afectarán gravemente la economía del país y, desde luego, impactarán negativamente en la vida diaria del conjunto de las y los mexicanos.
Esta opinión no se sustenta en planteamientos ideologizados que pretenden darle continuidad al anacrónico precepto de que el Estado debe ser el único ente que pueda involucrarse o decidir sobre la economía o sobre el conjunto de la vida de las sociedades. El estatismo, que durante muchos años fue contenido programático (y dogmático) de la izquierda,  ha sido superado por la realidad y a principios del siglo XXI no hay izquierda en ningún país del mundo que lo siga compartiendo.
En China, por ejemplo, el gobierno es conducido casi de manera absoluta por el Partido Comunista y éste, como en ninguna otra nación, ha impulsado el desarrollo capitalista y la economía de mercado, involucrando de manera decisiva —no  podría ser de otra manera— a los particulares nacionales y extranjeros. 
“No importa —decía Deng Xiaoping— de qué color sea el gato, lo que importa es que sepa cazar ratones”. Esta visión pragmática de los dirigentes del PCCH no es necesariamente lesiva, entre otras cosas porque han dejado atrás aquellas visiones  ideologizadas y totalitarias sobre el papel del Estado en la economía.
En el otro lado, el presidente de Estados Unidos —el país liberal por antonomasia— está proponiendo que desde una decisión del gobierno se pueda materializar un aumento generalizado a los salarios de los trabajadores en ese país. Obama considera que esta medida del gobierno —igualmente pragmática— es indispensable para reactivar su deteriorada economía.
El problema con los gobernantes en México es que, siendo “más papistas que el Papa”, insisten en darle continuidad a lo que en otros países ha sido superado, es decir, la llamada  “revolución neoliberal” que comenzó en los años 80 del siglo pasado y que desde hace décadas —igual que con el estatismo— ha evidenciado su inviabilidad económica y su fracaso político.
Son ellos, por lo tanto —no la izquierda— los dogmáticos, y bajo esa condición tratan el asunto de la Reforma Energética como un asunto de ideología. Se trata, entonces, desde la perspectiva de la “doctrina neoliberal”, debilitar al Estado,  reducirlo, minimizarlo en el sector de la economía más importante y estratégico para el país.
Pero ¿por qué aplicar esta visión a rajatabla en el sector energético y no en otras actividades?
Considero que esto es así porque, tomando en cuenta el PIB, la parte importante de la economía nacional continúa “petrolizada” y, por lo tanto, la privatización o el mayor debilitamiento de las empresas del Estado involucradas en el sector energético son para los dogmáticos del gobierno mexicano, parte obligada en la aplicación del liberalismo extremista.
Con objetividad, desde posiciones de una izquierda contemporánea, nadie pensaría en que no debieran participar, en ninguna circunstancia, los particulares en la industria energética; en realidad ya lo están haciendo y de manera importante. A lo que nos oponemos es a que los particulares nacionales o extranjeros controlen —en lugar del Estado— esta actividad estratégica para el país y eso fue precisamente lo que el gobierno está logrando con las reformas en materia energética.
El PRI y el PAN tienen mayoría en las Cámaras del Congreso, pero según la Constitución, la opinión de esta mayoría legislativa debiera ser ratificada o rectificada por la ciudadanía en una consulta popular. Así debe ser porque, según el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el asunto de la energía para el país es obviamente un tema de trascendencia nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debiera reafirmar este derecho político fundamental de las y los ciudadanos.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam
Texto original: http://bit.ly/1oGLxl5

¡Es la política!

Posted by martes, 5 de agosto de 2014

Por Jesús Ortega Martínez




“¡Es la economía, estúpido!” Con esta célebre frase, Bill Clinton refutó contundentemente la gestión en la Casa Blanca de George Bush padre y la evidenció como claramente ineficaz para atender y resolver los grandes problemas por los que pasaba en 1992 (y sigue pasando en 2014) el poderoso país del norte. La frase llamaba la atención para que en lugar de una administración para la guerra, el gobierno volteara la vista hacia la solución de los problemas cotidianos de los estadunidenses, tales como el desempleo, la creciente pobreza, inseguridad, violencia, etcétera. La expresión de Clinton parecía contundente y certera, pero apenas pasaron algunos años para que el mundo se diera cuenta de que no era así. En 2008 se presentó la gran crisis económica tan sólo equiparable a la de los años 30 del siglo pasado.

¡La solución no era sólo la economía; era y sigue siendo, principalmente, la política!

La polémica sobre este asunto con toda seguridad continuará, pero para el caso de México me parece que la frase de Clinton tendríamos que adecuarla, para decir que el problema central del actual gobierno en México es la política.

Estoy cierto de que durante más de 35 años los respectivos gobiernos del PRI y del PAN han aplicado un modelo económico que ha devenido en un tremendo fracaso. Los datos y los números son inobjetables y deberían ser suficientes para que, con sentido común y con un elemental pragmatismo, el gobierno actual debería modificarlo. Sin embargo no sucede así, en razón principalmente, de que en los personajes que toman las decisiones fundamentales —en especial Peña Nieto y su secretario de Hacienda— prevalece la visión dogmática de intentar gobernar con la economía en lugar de con la política.

Nunca antes, en las últimas cuatro décadas, un gobierno había contado con tan extraordinarias herramientas de carácter económico —la mayoría surgidas del Pacto por México— para lograr superar el estancamiento de la economía, el desempleo, aumentar el ingreso de los trabajadores y, con ello, atenuar y disminuir la enorme desigualdad social. Y, sin embargo, ni la Reforma Hacendaria, la Financiera, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, y la Educativa, han sido aprovechadas adecuadamente y esto sucede porque los actuales gobernantes ni son tan eficaces en la economía y tampoco lo son en la política.

Los actuales gobernantes del PRI actúan como si administraran una tienda departamental y no un país; no actúan como los principales responsables en el gobierno para concebir y aplicar las medidas y las acciones políticas que hagan de la economía una herramienta para alcanzar o avanzar hacia una sociedad en donde la igualdad de derechos y oportunidades sean una realidad.

Ante un gobierno de corte liberal como el de Peña Nieto, no es adecuado citar a Marx o incluso ni siquiera a Keynes. Cito a otro liberal, a John Rawls, que dice: “De la necesidad de los gobiernos de adoptar las medidas de carácter político para igualar a todos los individuos ante la Ley —igualdad de derechos y oportunidades— […] y adoptar un esquema de organización social cuya justicia dependa esencialmente de la manera en cómo se asignen, por un lado, los derechos y deberes fundamentales y, por el otro, las oportunidades económicas y las condiciones sociales entre los diversos sectores de la sociedad”.

Las respuestas que el país demanda no vinieron antes y no vendrán ahora desde una tecnocracia dogmática que ve a la economía como un fin en sí misma. En sentido diferente, las respuestas que demanda la sociedad mexicana podrían venir desde gobernantes que hacen política teniendo como objetivo principal hacer tangible el derecho humano y constitucional de todas las personas al bienestar y a una vida de dignidad.

*Expresidente del PRD

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El ilusionismo de la reforma

Posted by lunes, 4 de agosto de 2014

Por: Miguel Alonso Raya



El contenido de la legislación secundaria de la reforma energética, aprobada la madrugada de este sábado en la Cámara de Diputados, confirmó que las promesas del gobierno federal y sus aliados en el Congreso de la Unión para justificar la aprobación de esta reforma,  son una mera ilusión.
La reforma no garantiza los empleos comprometidos, el abasto y reducción del precio de los combustibles y energía eléctrica, el fortalecimiento de la industria nacional, el combate a la corrupción, la autonomía de los órganos reguladores ni la competencia en el sector.
El gasto público seguirá dependiendo en un porcentaje importante de los ingresos petroleros, no crea condiciones para que Pemex y CFE compitan con las trasnacionales, entre otros impactos lesivos para  la economía y los recursos  naturales del país.
En contraparte, privatiza la exploración y explotación de los hidrocarburos, comparte la renta petrolera con empresas nacionales e internacionales, particularmente con éstas últimas, viola los derechos de los trabajadores, permite el despojo de tierras y el uso de tecnologías contaminantes, como el fracking.
Obliga a los contribuyentes a pagar los pasivos laborales de Pemex y CFE y, lo que resulta una de las medidas más graves, pone en riesgo la seguridad y soberanía energética del país.
Un buen ejemplo de las implicaciones de esta reforma son las advertencias que hizo en su visita a México el gobernador de California, Edmund G. Brown, quien recomendó al Congreso mexicano “mano dura” para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, “o se los van a comer vivos”.
Luego de haber privatizado el sector eléctrico en favor de la empresa Enron Corporation, en el año 2000 California vivió una crisis energética que se tradujo en alzas enormes de las tarifas, apagones constantes y un gasto  de 10 mil millones de dólares que aún pagan los contribuyentes californianos.
A tal grado llegaron los abusos de Enron que los consumidores pagaban 60 dólares al mes y de repente la tarifa se les elevó a 500 dólares.
A este escenario nos puede llevar esta reforma porque alienta la extracción acelerada del petróleo y gas en beneficio de las empresas privadas y en detrimento de los mexicanos.
Crea condiciones para que en unos cuantos años el sector energético sea manejado por extranjeros que competirán y desplazarán gradualmente a Pemex y CFE, como resultado de una decisión en la que el Estado mexicano cede la riqueza a los particulares, entregándoles áreas de exploración e información estratégica, a cambio de cobros discrecionales mediante la celebración de contratos.
Se legaliza el despojo de tierras de las comunidades y ejidatarios, dejando a la “buena voluntad de las empresas” el negociar con los propietarios, para que finalmente, si no se llega a un acuerdo, se declare la servidumbre legal.
También debilita la industria eléctrica porque obliga a la CFE a dejar ciertas áreas de su competencia en manos de compañías privadas e incentivando la apertura para la generación de energía eléctrica con el propósito de atender al sector de las grandes empresas.
Obliga a la CFE a encargarse del suministro exclusivo del Servicio Básico, lo cual significaría la pérdida del 60% de sus ingresos de facturación de manera instantánea, manteniendo su estructura organizacional.
Se deja en manos del Gobierno Federal promover la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas; sin embargo estas acciones de electrificación quedan sujetas a la existencia de recursos en el Fondo de Servicio Universal Eléctrico y a dicho fondo no se le proveerá de recursos públicos, sino de donativos y excedentes de ingresos que resulten de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Tampoco se establecen medidas que obliguen a las empresas privadas a respetar el medio ambiente porque no hay clausulas ambientales en los contratos.
Los organismos reguladores propuestos para el sector son débiles, no tienen autonomía ni independencia presupuestal, prácticamente son órganos del Ejecutivo Federal.
No garantiza que los ingresos petroleros constituyan fondos de ahorro a largo plazo porque el Fondo Mexicano del Petróleo realmente es una caja donde se depositarán los recursos para pagarle a los privados y financiar el gasto público.
El gasto público seguirá dependiendo en un 40% de los ingresos petroleros ya que desde la Constitución se le mandata que lo que se acumule, el equivalente al 4% del PIB, se vaya a pagar el presupuesto de egresos, eso ya está etiquetado y no se puede usar en servicios, infraestructura e inversión pública.
El contenido nacional – transporte, materiales, mano de obra, insumos, bienes y servicios complementarios para la actividad principal que puedan aportar las empresas mexicanas- quedó muy limitado, lo que no permitirá generar empleo suficiente y encadenamiento productivo.
Con el argumento de sanear las finanzas de Pemex y CFE para permitirles competir en las nuevas condiciones del mercado, el gobierno federal se hará cargo de los pasivos laborales de estas dos empresas, con lo cual la deuda pública nacional se incrementa en 12 billones 947 mil 666 millones de pesos, lo que implica que cada mexicano –incluso los que están por nacer– adeudarán, cada uno, 109 mil 355 pesos.
Durante los seis días que duró el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, y en los días previos de discusión en las comisiones respectivas, el PRD promovió una amplia discusión del contenido de las iniciativas para que los ciudadanos conocieran los aspectos más lesivos de esta reforma.
En su afán de entregarles lo más rápidamente posible los recursos energéticos del país a las trasnacionales, el PRI, el PAN, Nueva Alianza y el Verde Ecologista, aliados de la privatización de los hidrocarburos que promueve Enrique Peña Nieto; aprobaron esta reforma sin modificaciones esenciales.
El PRD logró evitar que se redujera el presupuesto federal para los estados, como se proponía inicialmente e impulsó un acuerdo para que se auditaran los pasivos laborales de Pemex y CFE, que serán asumidos como deuda pública.
Exigimos además que los ex funcionarios de la paraestatal y la camarilla sindical corrupta, que no defendió los derechos de sus agremiados frente a esta reforma violaria de los derechos humanos y laborales; asumieran las consecuencias que le correspondían en esta omisión irresponsable que permitió que los pasivos laborales de Pemex se acumularan hasta sumar 1 billón 219 mil 208 millones de pesos que ahora se cargarán los contribuyentes.
Demandamos que si el gobierno federal se hacía cargo de los pasivos, esto no se condicionara a la revisión del contrato colectivo de trabajo porque ello implica violar el artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo.
Hemos dado una dura batalla en el Congreso de la Unión en defensa de los recursos naturales del país, la soberanía y seguridad energética nacional y  los intereses de todos los mexicanos.
Ahora, concentraremos nuestros esfuerzos en la organización de la Consulta Popular para que en el 2015, en el marco del proceso electoral federal, los ciudadanos decidan si están de acuerdo o no con esta reforma que entrega nuestros hidrocarburos a un grupo de empresas petroleras internacionales rapaces.
Vicecoordinador Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
Texto original: http://bit.ly/1APiZ2A

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