Por Amparo Brindiz Amador

La marcha del día de ayer por parte de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional IPN fue sorprendente, tanto por su poder de convocatoria, como de organización y movilización. Es una de las pocas veces que veo un movimiento cien por ciento estudiantil –donde se privilegió el orden y se evitó la inserción de grupos de choque-, apoyado por padres de familia y otras instituciones educativas como la UNAM y la UAM.

El tema que inició la movilización no era menor, se trata de reformas a los planes de estudio y reglamentos que afectan la calidad educativa, tanto a nivel preparatoria como universitaria. Entre las demandas de su pliego petitorio está el despido de la directora Yoloxóchitl Bustamante, una verdadera democratización, la salida de la policía bancaria, la eliminación de pensiones vitalicias a ex directores, aumento al presupuesto del IPN, eliminar a los grupos porriles del IPN, entre otros.

Ante el inminente poder de convocatoria del movimiento estudiantil, la respuesta del Secretario de Gobernación, Osorio Chong fue la más acertada, recibir en público -en la calle-, a miles de estudiantes; enfrentarse a una comunidad que no tiene recelo en expresar su sentir.

Osorio Chong -político experimentado-, tomó la decisión mediáticamente más asertiva, el de mostrarse como un Secretario que se abre al diálogo, que oye propuestas, que da soluciones.

Evitando con ello, un ambiente hostil rumbo a la conmemoración del 2 de octubre, esto es una reacción rápida para apagar un movimiento que pudo radicalizarse.

Aunque las cosas no están dichas, todo apunta a la salida de la directora del politécnico -como muestra de que en verdad se quiere resolver el problema-, una propuesta al Congreso de aumentar el presupuesto del Politécnico y la instalación de mesas de debate sobre el plan de estudios y reglamentos.

El movimiento estudiantil fue exitoso, fue un movimiento que marca precedentes, donde un sector que hace mucho que no se movilizaba, se mueve con demandas legítimas y que comparten la mayoría de la sociedad. Este movimiento debe servir para dar un proceso de democratización en la vida estudiantil y reposicionar al IPN como un Instituto de alto nivel técnico y educativo.

Jaloneos, en la integración de los Oples.



Por: Amparo Brindiz Amador


De acuerdo a la información oficial el Instituto Nacional Electoral INE sesionará el día de mañana 30 de septiembre, último día del plazo legal, para nombrar a 126 consejeros de 18 Organismos Públicos Electorales (Oples) de los estados que tendrán elecciones el próximo año: Baja California Sur; Campeche; Colima; Chiapas; estado de México; Guanajuato; Guerrero; Jalisco; Michoacán; Morelos; Nuevo León; Oaxaca; Querétaro; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Yucatán y el Distrito Federal.

No es cosa menor, lo que está en juego. Luego de la reforma Constitucional en materia político-electoral aprobada éste año, donde lo que se busca, es recuperar la autonomía de las autoridades electorales locales, que se había perdido en algunas entidades –por el poder no sólo político, sino económico que ejercía el Sr. Gobernador- y que había afectado gravemente la equidad de las elecciones. Se espera que este nuevo procedimiento de elección –criticado por más de uno, por la supuesta interferencia con el pacto federal-, realmente sirva para dar certeza e imparcialidad.

Es cierto que la integración de los Oples, no se salva de la participación de actores que ya habían formado parte de los institutos electorales locales, pero a ver si ahora con el nuevo procedimiento de elección, si se privilegien las trayectorias de los candidatos y no los compromisos políticos.

Ya que desde ahora, hay una fuerte crítica de intelectuales y académicos que señalan la falta de ciudadanos y sesgos partidistas en la integración de éstos organismos. Pero también se olvidan que los ciudadanos promedio, o no se enteraron de las convocatorias o no les interesa.

Asimismo, está en tela de juicio las negociaciones que se están dando dentro de las cámaras por parte de los partidos políticos, que están tratando de presionando al Consejo General del INE tanto para bajar, como para subir nombres a la lista final, ya que por lo menos alegan, se debe asegurar los pesos y contra pesos políticos, que procuren los equilibrios en su integración y aseguren lo que tanto busca la reforma: profesionalización, imparcialidad y equidad.

La violencia y el tráfico de armas

Por Jesús Ortega Martínez



Hay un tráfico ilegal de armas hacia nuestro país que es constante y que va en aumento, pero también existe uno que es oficial y que contó y cuenta con el beneplácito de las autoridades de Estados Unidos...

A pesar de lo que reiteran los funcionarios del gobierno federal la violencia en México persiste, como continúa el número de personas asesinadas por armas de fuego. Tan sólo hay que recordar el terrible acontecimiento sucedido recientemente en el municipio de Tlatlaya, ubicado en el sur del Estado de México y en donde murieron por armas de fuego 22 personas.
Según información oficial, la muerte de estas personas fue resultado del enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y bandas delincuenciales que operan en esta región. Sin embargo, otras informaciones dan cuenta de un presunto fusilamiento. Desde luego que esto deberá investigarse por las autoridades correspondientes, pero en el fondo de éste y otros eventos en donde se hace presente la violencia extrema, se encuentran dos elementos que deben abordar con seriedad y objetividad el gobierno y el conjunto de la sociedad mexicana.
Me refiero en primer término a la revisión del prohibicionismo como la estrategia única de combate al narcotráfico. Es evidente que esta política impuesta por el gobierno norteamericano a nuestro país ha resultado un fracaso en cuanto a reducir el consumo de drogas ilícitas tanto en México como en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también ha ocasionado el aumento de la violencia y los delitos relacionados con este redituable negocio.
El negocio de la producción, tráfico y venta de las drogas ilícitas es tan enorme e involucra a tantas personas e instituciones —incluyendo funcionarios gubernamentales de México y EU, a fuerzas policiacas, a bancos, etcétera— que es iluso pretender terminar con éste a partir de liquidar o encarcelar a los jefes del negocio. Es iluso porque cuando se liquida a uno de estos, de inmediato surge el nuevo capo que toma el mando de la “empresa”.
Pero esta estrategia prohibicionista se agrava cuando se presenta la terrible paradoja de que siendo el gobierno de Estados Unidos el que nos haya impuesto una “guerra contra el narcotráfico”, sean precisamente ellos —los norteamericanos— los que provean de armas a los narcotraficantes mexicanos.
Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF) y otros de la PGR y la Sedena, 71% de las armas aseguradas en nuestro país provienen de Estados Unidos, pero hay un dato más revelador que da cuenta de la estupidez de continuar con esa estrategia de violencia y muerte: Según la Government Accountability Office del gobierno estadunidense, 90% de las armas utilizadas en México provienen de dicho país (artículo: “Tráfico ‘oficial’ e ilícito de armas a México”, Revista: El punto sobre la i, número 14; G. Aguilar Zínser, J. Schutte, F. Gómez Mont, J. M. Castillo Hernández).
Hay un tráfico ilegal de armas hacia nuestro país que es constante y que va en aumento, pero también existe uno que es oficial y que contó y cuenta con el beneplácito de las autoridades de Estados Unidos y presumiblemente de las mexicanas. Me refiero a la operación Rápido y Furioso que inició en 2009 y que consistió en facilitar —por parte de autoridades estadunidenses— la introducción de más de dos mil armas de fuego, en su gran mayoría fusiles de alto calibre —algunas informaciones hablan de veinte mil— con el “propósito de darles seguimiento y ubicar a los destinatarios”.
Rápido y Furioso fue una operación oficial aunque clandestina, y que dejó de serlo cuando se evidenció que con una de estas armas fue asesinado un oficial fronterizo estadunidense. Es bueno preguntar: Aparte del oficial fronterizo ¿cuántos jóvenes, cuántas personas de origen mexicano fueron asesinadas con las armas introducidas oficialmente por la ATF?
Ello posiblemente no se conocerá porque el gobierno de Obama hace todo lo necesario para “enterrar a Rápido y Furioso” y porque las autoridades mexicanas hacen, de igual manera, todo lo necesario para que este hecho tan grave pase al olvido.
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam
Texto original: http://bit.ly/Y1r6K0

Política Teletón


Por Jesús Ortega Martínez

Ciertamente hay que transformar el Estado para fortalecerlo y eso requiere una fuerza social y ciudadana apoyada en un programa político.

Los poderes fácticos han sido identificados por el Pacto por México y por múltiples estudiosos de las teorías del Estado, como determinados actores económicos, políticos o delincuenciales que actúan al margen o incluso en contra del Estado nacional y de sus instituciones.
Michael Coppedge afirma que hay “actores estratégicos en la sociedad política, que son aquellos que tienen suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico o, en general, afectar la marcha de la sociedad, ya sea porque poseen determinantes bienes de producción, o mueven organizaciones de masas, o tienen influencia sobre la maquinaria administrativa del Estado, o manejan las armas, o poseen la capacidad de diseminar con fuerza ideas e informaciones sobre la sociedad”.
Ejemplos de poderes fácticos son, por ejemplo, los monopolios económicos o las mafias delincuenciales existentes en México, ambos, que crecen y se desarrollan, que obtienen extraordinarios ingresos, que se convierten en entes de un enorme poder de control sobre la economía y la política del país, y todo ello lo hacen a pesar de que se encuentran prohibidos por la Constitución General de la República y por ello mismo prohibidos por el Estado nacional.
Estos poderes, obviamente, minan la autoridad y la fuerza del Estado, lo debilitan en ocasiones a niveles extremos hasta poner en riesgo su propia existencia. Hay muchos ejemplos de naciones que cuentan con un Estado formal, pero éste, en la realidad, no ejerce prácticamente facultades y se encuentra sin posibilidad alguna de regulación de la vida social y sin capacidad de aplicación de las leyes.
¿Cómo se termina con la existencia de los poderes fácticos? No hay muchas alternativas, sin embargo, algunos piensan que un camino, que una estrategia viable consistiría en pedirles que, por voluntad propia, dejen de ser monopolios y dejen de ser poderes fácticos. Este es el caso de AMLO, que en días pasados pidió a Emilio Azcárraga (dueño del monopolio de la información y del negocio del futbol profesional) que deje de ser uno de estos poderes fácticos.
Según información difundida por el portal Sin Embargo, el dirigente de Morena pidió a Azcárraga que ayude a los ciudadanos del municipio de Chichihualco en la producción y venta de balones de futbol. “Ojalá pueda hacer algo”, le suplica AMLO a Azcárraga.
Con esa estrategia antimonopólica de AMLO ¿por qué no pedirle a Azcárraga —aprovechando la ocasión— que suelte el control político y económico que tiene sobre el negocio de la información y sobre la industria altamente redituable del futbol profesional? ¿Por qué no pedirle a Azcárraga que deje de ser de la “mafia del poder” y a la cual el propio AMLO ha fustigado de manera permanente?
Pero supongamos que a partir de la petición de AMLO, Azcárraga se invade de un ánimo filantrópico o que “se le ablanda el corazón” o que con algún sentido político accede a la petición de AMLO y “apoya” a los productores de balones de futbol de Chichihualco. ¿Cambia en algo su condición de jefe de un monopolio?
¡En nada absolutamente! Pero ello sólo contribuiría a la realización de un acto misericordioso de AMLO y a una reacción políticamente redituable para el dueño de Televisa.
En la realidad de la vida política los principios de moral religiosa, como el de la misericordia o el “amor al prójimo” no son, en modo alguno, respuestas a la terrible desigualdad social y económica que se vive en el país.
Las soluciones son de carácter diametralmente diferentes y se construyen cuando las fuerzas políticas principales que se asumen como parte del Estado logran acuerdos de carácter estratégico para —recurriendo incluso a la fuerza legítima del propio Estado— imponerse a dichos poderes fácticos con el fin de que estos sean sometidos a las leyes y a la obligada sujeción a las instituciones estatales.
Para disminuir la pobreza, para avanzar hacia la igualdad, para impulsar el empleo, para lograr bienestar general, se requiere, más que de misericordia, de justicia; más que de llamados a la filantropía de los poderosos, de un Estado fuerte que sea capaz de cumplir con la Constitución y con la aplicación de las leyes; más que de peticiones cándidas a los monopolios, se necesita someterlos a la fuerza legal del Estado.
Ciertamente hay que transformar el Estado para fortalecerlo y eso requiere una fuerza social y ciudadana apoyada en un programa político, no en una prédica a la generosidad de los poderosos.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam
Texto original: http://bit.ly/1p2t9ob

Energéticos: órganos reguladores privatizados

Por Jesús Zambrano Grijalva 



Los organismos autónomos creados tras la reforma energética tienen su razón de ser en la necesidad de contar con entes independientes del poder ejecutivo capaces de tomar decisiones sobre asuntos de alto interés público con la mayor imparcialidad y profesionalismo posibles con el objetivo de fortalecer a Pemex y CFE. Para ello es menester que tengan una composición plural, cuyos integrantes no incurran en conflictos de interés.

En días recientes, Peña Nieto envió al Senado de la República sus propuestas de consejeros para integrar los Consejos de Administración de Pemex, de la CFE y del Fondo Mexicano del Petróleo. Preocupantemente, la mayoría de los candidatos (hay excepciones como la del doctor Mario Molina) cuentan con un perfil pro privatizador o una currícula que los vincula al PRI, al PAN o a empresas nacionales y trasnacionales que serían las beneficiarias con la reforma energética privatizadora aprobada por el PRI y el PAN.

Los nuevos consejeros no sólo opinarían sino también aprobarían los informes de los titulares de las empresas, darían aval a los proyectos y decisiones estratégicas y darían su visto bueno a las políticas y procedimientos para la celebración de operaciones.

Con organismos maniatados, compuestos por personajes dóciles y “cómodos” se anula por completo la necesaria preeminencia del interés general por encima de los intereses empresariales o partidistas. De este modo se desecha la visión de un Estado rector en el sector energético que garantice la seguridad a largo plazo en este campo. Por el contrario, se optó por una visión mercantilista, adversa hacia todo lo público. Pareciera que el objetivo final es debilitar a Pemex y CFE.

Un caso ilustrativo es el de Luis Téllez Kuenzler, quien es propuesto para el Fondo Mexicano del Petróleo, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Calderón, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y simultáneamente miembro de la junta de directores de Sempra Energy, compañía multinacional con sede en California.

Otro caso que ha llamado la atención es el de Octavio Francisco Pastrana Pastrana, contemplado para el Consejo de Administración de Pemex, un empresario de origen colombiano, que en Bolivia fue señalado por diputados debido a que su compañía, llamada Chaco, es acusada por defraudación, evasión de impuestos y contrabando. Además, Pastrana trabajó para British Petroleum, empresa que provocó el mayor accidente de los últimos 50 años en el Golfo de México. En adición a lo anterior, Pastrana es accionista de Ictineo Infrastructure, con inversiones en proyectos de infraestructura en México y relacionada con la exploración y producción de petróleo.

Los vínculos empresariales de los futuros consejeros de Pemex y CFE, así como del Fondo Mexicano del Petróleo, es muestra de la pretendida captura de órganos del Estado por intereses políticos del PRI y de las grandes empresas petroleras beneficiarias de la reforma energética de Peña Nieto y el PAN.

Con la convicción de que la reforma energética y su instrumentación no beneficiará al país es por lo que hemos decidido impulsar una consulta popular ejerciendo los derechos que la Constitución nos otorga y que, por tanto, sean los ciudadanos quienes decidan el futuro del sector energético y de nuestro país. Con ello echaremos atrás la captura de los organismos rectores de Pemex y CFE para consolidarlas como las empresas que constituyan la columna vertebral del desarrollo económico de México. Hemos presentado en total más de 4 millones de firmas de personas que exigen ser consultadas. Lo hacemos con el Derecho de nuestra parte y ahora con la autoridad política que como PRD tenemos después de las elecciones internas del pasado domingo 7 de septiembre en las que refrendamos nuestro compromiso con la democracia y con las instituciones de nuestro país.


Presidente Nacional del PRD

Texto original: http://bit.ly/1nOnEcr

Una izquierda democrática

Por Roger Bartra 





Las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática para elegir sus consejeros y congresistas han sido un acontecimiento político inédito y exitoso gracias a que se realizaron en acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Al PRD le cuesta cara la intervención del INE, pero es el precio que tiene que pagar a causa de la enorme desconfianza que impera entre las muchas corrientes que componen el partido. A pesar de todo, los grupos más sectarios están haciendo lo posible por enlodar la elección, como lo muestra el titular de la primera plana de La Jornada que al día siguiente de los comicios falsea la información: "Desaseo general en elecciones internas del PRD". López Obrador por supuesto descalificó las elecciones y los sectores que lo apoyan dentro del PRD se han mostrado muy descontentos, lo que resulta lógico ya que perdieron clara y contundentemente.


Las llamadas tribus del PRD constituyen un complicado laberinto en el que se mezclan algunas corrientes con un perfil político reconocible junto con muchos grupos que se han aglutinado en torno de dirigentes marginales que no se resignan a perder su influencia personal, pero que son incapaces de mantener una coherencia política e ideológica. En las elecciones internas del pasado domingo se enfrentaron dos polos opuestos. Por un lado la corriente más fuerte, con una orientación socialdemócrata y reformista, formada por Nueva Izquierda (conocida como Los Chuchos), y que obtuvo alrededor del 36% de los votos para consejeros nacionales. En el polo contrario tenemos al grupo que vocifera por una alternativa agresiva de tono populista, formado por Izquierda Democrática Nacional (IDN), encabezada por un líder de muy mala fama, René Bejarano, por su turbia y escandalosa trayectoria. Este grupo sufre una derrota estrepitosa, pues apenas alcanza el 15% del apoyo. La tribu que queda en segundo lugar con 21%, Alternativa Democrática Nacional (ADN), es una corriente encabezada por el senador Héctor Bautista que tiene su origen y su base principal en ciudad Nezahualcóyotl y en Ecatepec, en el Estado de México. Este grupo está aliado a Nueva Izquierda y tiene un perfil difícil de definir, con posiciones un tanto confusas. En esta alianza se encuentra otro grupo más pequeño, de orientación socialdemócrata, dirigido por Silvano Aureoles y Amalia García (Foro Nuevo Sol).

El hecho es que la alianza que apoya a Carlos Navarrete para encabezar al PRD ha triunfado con más del 65% de los votos (sobre un total que excluye a los anulados). La votación ha sido copiosa, con un 41% de participación, y ha habido muy pocos incidentes graves. La imagen de un partido de izquierda desmoronado ha resultado falsa. El ala populista, que en realidad apoya a López Obrador (aunque ahora se cubría apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas), ha sufrido un importante descalabro. Las tribus ligadas a dirigentes como Alejandro Encinas, Leonel Godoy y Marcelo Ebrard han recibido un apoyo insignificante. Es muy sintomático que Nueva Izquierda y sus aliados hayan obtenido más del 53% de apoyo en el Distrito Federal, donde la tribu populista de Bejarano, IDN, logra apenas algo más del 20%. En el estado de Guerrero Nueva Izquierda alcanza la mitad de los votos. En Michoacán el grupo más votado, con el 40%, fue el Foro Nuevo Sol.

El panorama político de la izquierda da un vuelco importante, al consolidarse el PRD con un perfil de izquierda reformista más claro, y dotado de una poderosa maquinaria electoral. Los grupos populistas que soñaron con desbancar a los reformistas para eventualmente apoyar desde el PRD en el 2018 a López Obrador como candidato a la Presidencia han sufrido un importante tropiezo. Ahora el PRD se enfrenta a las elecciones intermedias del 2015 con un nuevo aliento. Su empeño por someter a consulta popular la reforma energética, que se perfilaba como el eje de la confrontación política, seguramente será descartado por la Suprema Corte de Justicia. Con ello el PRD quedará liberado de un pesado lastre y podrá reorientar su fuerza hacia nuevos horizontes, más ligados a la lucha por la igualdad y más alejados del nacionalismo revolucionario. Ello le permitiría diferenciarse de Morena, partido que quedaría atado a los lastres que el PRD debería abandonar.




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