La inseguridad, usufructo contra la ciudadanía

Posted by miércoles, 15 de octubre de 2014



Amparo Brindiz Amador


El crimen, la inseguridad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una variable compleja, que influye y es influenciada por el comportamiento de variables sociales y económicas.

México no ha dejado atrás la crisis de violencia que enfrenta. Aunque durante la gestión de Felipe Calderón se vivió con más fuerza éste fenómeno –por su estrategia contra el narco-, la cuestión sigue igual o peor.

El problema no sólo se resuelve con el despliegue de militares, pues es más profundo: por una parte, un aparato de justicia –ministerios públicos, policías y jueces- sin las capacidades necesarias o inmersos en el círculo de corrupción para hacer frente a la crisis.

La percepción de inseguridad en la ciudadanía, es muy grande –basta ver las últimas encuestas-. La gente teme ser víctima y ser parte de las estadísticas, que dan muestra de la incapacidad del sistema de protegerla.

Secuestros, homicidios dolosos, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con y sin violencia al transeúnte, robo con o sin violencia de vehículo, son algunos de los principales delitos que se viven a diario en nuestro país.

Por otra parte, se da el fenómeno que posibilita delinquir, sin ser castigado, sin que pase nada, eso hace del crimen una actividad muy redituable.

Por lo que los gobiernos federales, estatales y municipales -como brazo ejecutor del Estado- deben ser capaces de responder a las demandas de seguridad; y de igual forma, los ciudadanos deben internalizar una expectativa de castigo si deciden romper las reglas. Es decir, es necesario hacer valer el Estado de Derecho.

La percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar cotidiano de las personas, la gente tienen miedo, está harta, no cree en las instituciones.

Para las zonas más afectadas, éste fenómeno se ha traducido en graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Esto es, la gente ve violentados sus derechos humanos, su calidad de vida, su vida misma.

Asimismo, existen condiciones muy arraigadas en muchos estados que influyen o propician actos de violencia y por ende inseguridad, como lo es: la pobreza, la falta de oportunidades tanto laborales como de educación, los conflictos sociales y políticos, la intromisión del narcotráfico en los asuntos públicos y privados. 

Por ello no sólo con un buen sistema de justicia, como mencione anteriormente, se resolverá este problema, sino que requiere una táctica integral de reingeniería institucional; esto es, de innovación y mejora de procesos, con eficiencia, eficacia, economía y transparencia que permitan el verdadero logro de resultados. Así como estrategias integrales de  recuperación del tejido social y mejora de oportunidades.


Remover el gobernador ¿y luego?

Posted by martes, 14 de octubre de 2014

Por Jesús Ortega Martínez 

A lo largo de la historia de México se han experimentado acontecimientos que han transformado desde las raíces más profundas su noción de existencia como nación.
Hay acontecimientos que les suceden a las personas, a las sociedades y a las naciones que les cambian sustantivamente la percepción de su vida, la noción de su existencia. El nazismo, por ejemplo, es y sigue siendo un acontecimiento político y social que —aun habiendo pasado tantos años desde su aparición— transformó radicalmente a toda una nación y también, en parte significativa, al resto del mundo.
Así, a lo largo de la historia de México se han experimentado acontecimientos que han transformado desde las raíces más profundas su noción de existencia como nación. Han sido muchos de estos acontecimientos, pero ahora me referiré al más actual y de tanta trascendencia como lo han sido otros. Éste, es el de la espantosa violencia vinculada al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado. Una de sus consecuencias son las decenas de miles de pérdidas de vidas humanas y de centenas de miles de víctimas. En realidad, tod@s los mexicanos somos de alguna forma víctimas.
Este acontecimiento no puede ser entendido o tratado —porque éstas son también formas inconscientes o conscientes de indiferencia— como la “nota” para una o dos semanas en los diarios y los noticiarios de la televisión o como motivo para que se descarguen los resentimientos sociales, perfectamente explicables y durante tanto tiempo acumulados en el conjunto de la sociedad, tal y como sucedió con los migrantes centroamericanos asesinados en San Fernando o con los fusilados en Tlatlaya —¿dónde se encuentra escondida esta nota?— o con los muertos de la Marquesa, con el feminicidio en Ciudad Juárez, los colgados —literalmente— en Veracruz, los cuerpos descabezados en Acapulco, los masacrados en Sinaloa, en Zacatecas y en prácticamente todo el país.
La tragedia de Iguala es parte de ese acontecimiento que se encuentra cimbrando a nuestro país y está propiciando sentimientos generalizados de pavor, indefensión e indignación entre el conjunto de la población, y es cierto que la indignación se acrecienta cuando estos crímenes quedan impunes por causa de la complicidad o irresponsabilidad de las autoridades. Lamentablemente la impunidad ha prevalecido en la mayoría de los crímenes antes mencionados y, desde luego, en el caso de Iguala,  en razón de la ley y la justicia y por razón de Estado, no debería permitirse que tal impunidad de nueva cuenta sea la constante.
Es obvio que debe aplicarse la ley y que debe hacerse justicia, pero, ¿por qué la razón de Estado?
Con esta reflexión no pretendo exculpar a nadie y por ello lo digo con toda claridad: si el gobernador de Guerrero es por cualquier causa responsable en los hechos de Iguala, entonces no sólo debería dejar el cargo sino también ser sujeto de la aplicación de la ley y lo mismo debería hacerse con cualquier otro funcionario público de cualquier nivel de gobierno, sea federal, estatal o municipal.
Pero digo que hay una razón de Estado porque la causa principal de este acontecimiento de violencia que recorre  México se encuentra en la crisis estructural del Estado que vive en nuestra nación.
No debe haber impunidad en Iguala, pero si no se resuelve la crisis profunda de las instituciones del Estado mexicano encargadas de la aplicación de la ley, de la procuración de justicia, de la seguridad ciudadana; si no se supera de su debilidad crónica, si no es el Estado el único que pueda utilizar legal y legítimamente la fuerza, entonces Aguirre dejará el cargo de gobernador, pero Iguala será otro eslabón de la cadena que asfixia lentamente a la nación toda,  y será —doblemente trágico— sólo otra nota más en los diarios y noticiarios televisivos y otro motivo, el más ruin de todos, para ejercer la venganza política, para hacer crecer protagonismos individuales o para obtener, con la vileza de usureros políticos, la ganancia electoral.
Twitter:@jesusortegam

Iguala y la crisis de seguridad

Posted by jueves, 9 de octubre de 2014

Por Jesús Zambrano



El abominable crimen contra normalistas y miembros de un equipo de fútbol en Iguala, Guerrero, (7 asesinados y 43 desaparecidos muy probablemente ya muertos) ha conmocionado al país entero. A todos nos enluta e indigna, y cubre de oprobio a quienes ordenaron y ejecutaron estos hechos. 

Al mismo tiempo, con ello se evidencia, una vez más, la crisis de seguridad del Estado mexicano. Iguala es la punta del iceberg de la penetración profunda que el crimen organizado en todos los intersticios de la sociedad mexicana, en regiones enteras de nuestro país, corrompiendo autoridades, comprando policías y jueces. 

En el sexenio calderonista se declaró una ¨guerra¨ contra la delincuencia organizada, pero resultó una estrategia fallida. Con el gobierno del PRI de Peña Nieto las informaciones periodísticas al respecto pasaron a un segundo plano. Por orden presidencial y por un acuerdo con los medios se anunció un cambio de estrategia, ¿el resultado? El fenómeno persiste con signos de agravamiento porque no ha habido ese cambio. 
La crisis en Michoacán con las llamadas autodefensas y que llevaron a la destitución de Fausto Vallejo, quien llegó al gobierno apoyado por La Tuta, aún se mantiene. Los muertos de Tlataya ejecutados por el Ejército y la violencia en Valle de Bravo y la Tierra Caliente mexiquense, las fosas comunes y el asesinato de un diputado federal en Jalisco, la renaciente violencia en Tamaulipas, y ahora Iguala, son ilustrativos de lo amplio y profundo de la enfermedad. 

¿Qué hacer? Lo primero es reconocer la existencia y dimensión del problema. Lo segundo es asumir que este problema debemos abordarlo como un asunto de responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto. Es, ciertamente, responsabilidad principal del Presidente de la República, pero no sólo de él, menos en un México plural, con gobiernos estatales y municipales de varios partidos. Los gobiernos en todos los niveles y las clases políticas, junto con el sector empresarial, incluidos los medios, y la sociedad organizada, deberíamos asumir la necesidad de un gran acuerdo nacional por la seguridad, que ponga sobre la mesa la situación real de la economía, del empleo, de los salarios, de la penetración de los gobiernos locales por la delincuencia, de la contaminación de los cuerpos policiacos, del lavado de dinero, y de las estrategias para enfrentar el fenómeno, con el compromiso de que cada quien responderá por sus responsabilidades y que se parta de investigar a fondo a todos los gobernantes: caiga quien caiga. 

Porque la salida de esta crisis de seguridad nacional no se resuelve con la salida de Ángel Aguirre o de Eruviel Ávila o de cualquier otro gobernador. Quienes insisten en ello se equivocan y sólo evidencian mezquinos apetitos político-electorales o mera relevancia mediática mercantilista. 

Yo suscribo lo que ha dicho Carlos Navarrete como nuevo presidente del PRD: si la salida de Aguirre del gobierno de Guerrero contribuye a la solución, adelante. Es más, pudiera ser un referéndum el que decida si Aguirre se va o se queda, pero su posible salida no debe responder a los apetitos electorales de nadie rumbo a 2015. Cualquiera que fuera el resultado, debe darse con los responsables y castigarlos pronto. 
No esperemos más. No permitamos que el país se siga enlutando ni que continúen pudriéndose las instituciones y con ello el país entero. México está maduro para decisiones urgentes y de fondo.

Atentados contra el Estado y amenazas para nuestra democracia

Posted by miércoles, 8 de octubre de 2014


Por: Amparo Brindiz Amador 

Luego de las ejecuciones en Tlatlaya, en el estado de México; del asesinato de un diputado federal en Jalisco, los asesinatos de normalistas y la desaparición de decenas más, ocurrido en Iguala, en el estado de Guerrero; es una llamada de alerta tanto para la democracia, como para el Estado mismo.

El Estado, como comunidad creada por un orden jurídico nacional, que regula y monopoliza el uso de la fuerza, se ha visto rebasada por el crimen organizado en algunas entidades de nuestro país, gobernadas tanto por políticos del PRI, del PAN y del PRD.

En este contexto de violencia, da inicio el proceso electoral federal 2014-2015, en el que se renovarán gobiernos de nueve estados, la integración de la Cámara de Diputados, 903 presidencias municipales y 639 diputados locales.

En 17 de las 32 entidades habrá elecciones federales y locales. En Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora habrá elecciones para elegir nuevos gobernadores.

En Chiapas, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán tendrán comicios para renovar diputados locales y ayuntamientos. En el caso del Distrito Federal, asambleístas y jefaturas delegacionales.

Por lo que los procesos electorales se pueden ver amenazados por la inseguridad. Puede suscitarse la captura de espacios de poder público por la vía electoral de parte del crimen organizado, por lo que el Instituto Nacional Electoral INE junto con las instancias locales, estatales y federales deberán evitar a toda costa, que la inseguridad no se convierta en un elemento disruptivo del desarrollo de los procesos democráticos.

Ya sea con intervenciones federales en entidades amenazadas por el crimen organizado, pero también con acciones preventivas y correctivas que resuelvan los problemas de fondo; ya que las destituciones o juicios políticos, no contienen el clima de violencia, inseguridad, pobreza, corrupción, falta de empleos y oportunidades, que se viven en muchas zonas del país.




¡De negro, el México vestido siempre de negro!

Posted by martes, 7 de octubre de 2014

Por Jesús Ortega Martínez 

Hannah Arendt en su ensayo: Visita en Alemania. Las consecuencias del régimen nazi, escribe que “comprobó una curiosa indiferencia en la población de ese país”. Europa estaba cubierta por una sombra de profundo dolor causada por los campos de concentración y de exterminio alemanes. Pero en ningún otro sitio se silenciaba tanto esta pesadilla de destrucción y espanto como en Alemania. “La indiferencia con la que los alemanes se mueven por entre las ruinas tiene su correspondencia en que nadie llora a los muertos”. La huida de la responsabilidad y la búsqueda de culpas en las potencias de ocupación están muy extendidas. “El alemán medio busca las causas de la última guerra no en las acciones del régimen nazi, sino en las circunstancias que condujeron a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso”.
Opiniones tan contundentes como ésta ocasionaron, más que críticas, ataques a la célebre autora de Los orígenes del totalitarismo, por señalar que los crímenes de lesa humanidad que llevó a cabo el régimen nazi pudieron ser posibles, entre otras causas, por la indiferencia con que los observaban amplios sectores de la población alemana.
Cito a Arendt porque ante eventos tan abominables como los de Iguala hay en algunas personas, lo mismo entre ciertos analistas y especialmente entre algunos políticos canallas, el comportamiento de reaccionar con instinto animal, irracional, bárbaro, de “ver colgando del palo mayor” a los que creen que son los culpables, antes que —como dice la propia Arendt— de “llorar a los muertos”.
Este comportamiento atroz, es también una forma de aquella indiferencia que, en las ruinas que dejaba la guerra y el nazismo, sorprendía a la gran escritora alemana.
Las campanas están doblando por las personas asesinadas en Iguala pero sobre todo, están doblando por el país entero. La tragedia sucedida ahora en Iguala enluta a todo el país, pero pareciera que no nos hemos dado cuenta que nuestra patria desde hace lustros, cotidianamente viste de luto, tal y como lo escribió Federico García Lorca:
“De negro va la señora siempre vestida de negro y no es por su marido que hace rato que se ha muerto. Lleva luto por la patria que ella ha ido pariendo, destruyendo con su ira lo que otros erigieron.”
¡De negro, el México vestido siempre de negro!
Hay que reafirmar, desde luego, que la ley debe aplicarse y deben ser castigados los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos en Iguala, que debe sancionarse a los funcionarios públicos del municipio de Iguala y del estado de Guerrero como a todos aquellos del ámbito local y federal que por acción u omisión son corresponsables, y ello hacerse al margen de banderías políticas o partidarias. La justicia debe hacerse presente en este terrible acontecimiento, pero no debemos perder de vista el evitar caer en la “banalidad del mal” que localizaba Hannah Arendt; no acostumbrarnos a la trágica cotidianidad de la violencia y menos aun a la fatalidad o indiferencia ante esa violencia cotidiana que sangra al país y que degrada al conjunto de la sociedad.
Lejos estoy de generalizar para dejar de especificar. Lo de Iguala es espantoso, pero junto a la obligada justicia ante los asesinatos en este municipio de Guerrero, el Estado nacional debe encontrar una respuesta a la crisis estructural que padece en materia de seguridad y que amenaza con desmoronarlo, disolverlo. Es Iguala, Tlatlaya, San Fernando, Durango, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Zacatecas, es todo el país.
La justicia debe ser específica en Iguala, pero la solución a la violencia generalizada que desangra al país debe ser de carácter estructural, debe de ser una respuesta de Estado y encontrarla es responsabilidad de los poderes federales, estatales, municipales y del conjunto de la sociedad.
Twitter: @jesusortegam

INDEFENSOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES MEXICANOS DETENIDOS EN EU SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA

Posted by lunes, 6 de octubre de 2014


La prioridad número uno de nuestra política exterior debe ser la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes mexicanos ubicados en algún centro de detención por haber intentado internarse en territorio estadounidense de manera irregular, señaló la senadora Angélica de la Peña.



Dijo que es alarmante que mientras la SRE informa, en voz del subsecretario para América del Norte, que "el Gobierno de México está pendiente de que los connacionales reciban un trato digno mientras están en detención", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señale que esos centros de detención son un tipo de cárcel porque se está aplicando “el mismo criterio de Guantánamo”, luego de realizar una visita acompañado de la relatora para los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz, y otros expertos.
Indicó que Felipe González, vicepresidente de la CIDH y relator sobre Derechos de los Migrantes, ha calificado como preocupante la situación porque Estados Unidos está volviendo a políticas que parecía que habían quedado en el pasado, como tener centros de detención para niños y familias.
Los migrantes denuncian detenciones arbitrarias, falta de privacidad, de recreación, acceso restringido a llamadas telefónicas, y que muchos de ellos carecen de representación legal.
Además los abusos sexuales persisten, explicó la senadora del PRD, de ello da cuenta una queja contra autoridades de inmigración norteamericanas por presunto abuso sexual y acoso ocurrido en un centro de detención del sur de Texas que alberga a mujeres y niños, presentada por Abogados del Fondo Mexicano-Estadounidense Educativo y de Defensa Legal y de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, quienes detallan que a las mujeres detenidas se les prometió dinero o ayuda legal a cambio de favores sexuales.
Y no debemos olvidar el programa piloto Juvenile Referral Program, abundó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que está implementando el gobierno de Estados Unidos para castigar a aquellos migrantes menores de 18 años de edad que cruzan la frontera de manera irregular y reincidente con su detención, que puede ser de tres a seis meses, en albergues y otras instituciones.
Finalmente la senadora Angélica de la Peña dijo que las niñas, niños y adolescentes migrantes están prácticamente a su suerte en los centros de detención estadounidenses, pues el Estado mexicano actúa con pasividad, "por lo que insistiremos en que el Canciller explique en su próxima comparecencia ante el Senado que está haciendo el gobierno federal para atender y corregir está insostenible situación".

¿La nueva cara de gobernación? El caso IPN

Posted by jueves, 2 de octubre de 2014



 Por Amparo Brindiz Amador

La marcha del día de ayer por parte de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional IPN fue sorprendente, tanto por su poder de convocatoria, como de organización y movilización. Es una de las pocas veces que veo un movimiento cien por ciento estudiantil –donde se privilegió el orden y se evitó la inserción de grupos de choque-, apoyado por padres de familia y otras instituciones educativas como la UNAM y la UAM.

El tema que inició la movilización no era menor, se trata de reformas a los planes de estudio y reglamentos que afectan la calidad educativa, tanto a nivel preparatoria como universitaria. Entre las demandas de su pliego petitorio está el despido de la directora Yoloxóchitl Bustamante, una verdadera democratización, la salida de la policía bancaria, la eliminación de pensiones vitalicias a ex directores, aumento al presupuesto del IPN, eliminar a los grupos porriles del IPN, entre otros.

Ante el inminente poder de convocatoria del movimiento estudiantil, la respuesta del Secretario de Gobernación, Osorio Chong fue la más acertada, recibir en público -en la calle-, a miles de estudiantes; enfrentarse a una comunidad que no tiene recelo en expresar su sentir.

Osorio Chong -político experimentado-, tomó la decisión mediáticamente más asertiva, el de mostrarse como un Secretario que se abre al diálogo, que oye propuestas, que da soluciones.

Evitando con ello, un ambiente hostil rumbo a la conmemoración del 2 de octubre, esto es una reacción rápida para apagar un movimiento que pudo radicalizarse.

Aunque las cosas no están dichas, todo apunta a la salida de la directora del politécnico -como muestra de que en verdad se quiere resolver el problema-, una propuesta al Congreso de aumentar el presupuesto del Politécnico y la instalación de mesas de debate sobre el plan de estudios y reglamentos.

El movimiento estudiantil fue exitoso, fue un movimiento que marca precedentes, donde un sector que hace mucho que no se movilizaba, se mueve con demandas legítimas y que comparten la mayoría de la sociedad. Este movimiento debe servir para dar un proceso de democratización en la vida estudiantil y reposicionar al IPN como un Instituto de alto nivel técnico y educativo.

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