Coincidimos en que una crisis como la que envuelve a nuestro país en materia de derechos humanos exige la edificación de una nueva institución, de una CNDH que actúe sin titubeos ni consideraciones con el poder político, detalló la senadora del PRD, "porque precisamente es el baluarte de la ciudadanía frente a los abusos que se comenten con ese poder", agregó. 

La senadora del PRD dijo que es momento de que la CNDH ejerza plenamente todas las facultades que el Congreso le ha otorgado a partir de la reforma de junio de 2011, especialmente la investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos.

De la Peña Gómez resaltó el compromiso del Ombudsman para revisar las actuaciones de la institución respecto al caso Tlatlaya y dar seguimiento a la recomendación emitida sobre el mismo hasta su total cumplimiento, "a todas luces es necesario que la revisión del desempeño de este organismo autónomo incluya casos emblemáticos como la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas; la muerte del niño José Alberto Tehuatlie en Puebla; los feminicidios en Ciudad Juárez; el juicio de inconstitucionalidad por la Interrupción Legal del Embarazo y las nulas acciones frente a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres."

Acerca de la petición que González Pérez hará al Congreso de la Unión para que se elimine la posibilidad de reelección del titular de la CNDH, la legisladora perredista indicó que es bienvenida y se agregará a la serie de reformas que se harán a la Ley de la institución, las cuales tienen el objetivo de fortalecer al Consejo Consultivo para evitar que la dirección sea unipersonal y el uso de recursos poco transparente.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado enfatizó que la lista de la CNDH de asuntos pendientes de atender y resolver es prácticamente interminable y puede resumirse en una frase lapidaria del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez: la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha fallado en su misión, "de ese tamaño es el reto y desde el Senado le decimos al nuevo Ombudsman que cuenta con nuestro respaldo siempre que actué con legalidad, decisión, dignidad y anteponiendo el bienestar de las víctimas", añadió.

"De la autocrítica al suicidio"

Por Jesús Ortega Martínez 


Dada la circunstancia que vive el Partido de la Revolución Democrática, debemos estar atentos y abiertos a toda idea que busque resolver de la mejor manera los desafíos que enfrentamos, especialmente el que tiene que ver con la merma de credibilidad que seguramente tenemos ahora.
En principio, no descalifico la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acerca de que deba de renunciar el Comité Ejecutivo Nacional y otras instancias de dirección estatal o municipal del PRD. Por el contrario, hay que atenderla e intentar comprenderla.
Así debe ser, porque en nuestro partido, en razón de principios democráticos, todas las propuestas, planteamientos y sugerencias deben ser no sólo escuchadas sino también reflexionadas. Pero, además, dada la circunstancia que vive el PRD, debemos estar atentos y abiertos a toda idea que busque resolver de la mejor manera los desafíos que enfrentamos, especialmente el que tiene que ver con la merma de credibilidad que seguramente tenemos ahora.
Desde luego, este problema hay que atenderlo de manera urgente, pero en donde existe una diferencia es en el cómo hacerlo. Y, en ese sentido, creo que la mejor manera es llevar a cabo, en primer término, un diagnóstico certero de la situación del partido, pero principalmente de la situación del país. Digo que del país porque no es correcto ignorar que la situación del PRD —si bien tiene sus particularidades— se encuentra inmersa en una crisis del conjunto del sistema de partidos y, más aún, en una crisis de la totalidad del Estado nacional. Con esta reflexión no pretendo eludir nuestras propias fallas y errores, sino más bien situar nuestra problemática en el marco de esa crisis de Estado que impacta en el conjunto de la sociedad mexicana.
En ese sentido, un partido que se asume protagonista del quehacer político nacional no puede hacer abstracción de la enorme debilidad que padece el Estado, porque la consecuencia de ello sería, exactamente, perder ese protagonismo que, por cierto, ha sido fundamental para la vida del país en los últimos 25 años. El protagonismo político del PRD durante ese periodo es incuestionable en el logro de profundas transformaciones de carácter democrático y sería una necedad el pretender —como lo quieren algunos de nuestros contrincantes— ignorarlo o menospreciarlo. De quienes nos confrontan política y programáticamente es hasta natural que busquen restar valor a las contribuciones del PRD, pero lo que resulta inexplicable es que propios perredistas, incluyendo algunos de los que fueron sus fundadores, reiteren insistentemente su propósito de debilitar al PRD. Esto es un grave error porque con ello lo que lograrían sería fortalecer a la derecha.
Estoy cierto de que es indispensable que los perredistas hagamos un esfuerzo de reflexión autocrítica para adoptar todas aquellas medidas, las más profundas y radicales, para superar nuestros errores de antes y los actuales. Sin embargo, la autocrítica en un partido político no debe confundirse con la autoflagelación, la penitencia y menos aun con el suicidio.
El PRD es una fuerza representativa de la izquierda cuya importancia en la vida del país va más allá de los intereses o propósitos de quienes son ahora integrantes de su actual dirección. Esto es verdad, pero también es cierto que nadie con pensamiento progresista puede arrogarse el derecho de debilitar a la izquierda a partir de continuar golpeando al partido que con más consistencia, más trayectoria y más fuerza la representa.    



Acerca de las declaraciones de Alejandro Encinas publicadas y difundidas en diversos medios de comunicación el día 12 de noviembre de 2014 expongo:

1.- Nos hemos abstenido de reaccionar ante las mentiras y falacias que originadas desde propios compañeros del partido se han lanzado en contra del PRD y de Nueva Izquierda. La razón de tal abstinencia es que viviendo una tragedia nacional que indigna y horroriza a todas y todos los mexicanos, el PRD no debería, ni ética ni políticamente, enfrascarse en una miserable disputa interna y en un penoso espectáculo de acusaciones y señalamientos que carecen de toda veracidad. Vemos declaraciones o filtraciones perversas que publicadas profusa y dolosamente, sólo contribuyen al linchamiento mediático en contra de la Izquierda en general. A pesar de su virulencia, las hemos ignorado pues lo que nos interesa es la solidaridad con las víctimas, el pleno esclarecimiento de los hechos sucedidos en Iguala y el castigo a los responsables.

2.- Sin embargo, ya no es conveniente dejar pasar la actitud irresponsable de compañeros, que afiliados al PRD y desde una actitud aberrante, insisten en alentar la reyerta interna y en construir grotescas falsedades, ello con el objetivo de involucrar en hechos ilícitos —a toda costa, sin medir las consecuencias— a quienes sólo somos sus contrincantes políticos al interior del partido.

3.- Lo sucedido en Iguala —estos compañeros— lo están observando como una “circunstancia propicia”  para ajustar cuentas hacia el interior de nuestro partido. Se olvidan así, del dolor de las víctimas, de la exigencia para que aparezcan los jóvenes de Ayotzinapa, del imprescindible castigo a los asesinos materiales e intelectuales, de la crisis orgánica y estructural del Estado mexicano y, todo ello en función de golpear o incluso eliminar a quienes simplemente pensamos de manera diferente.

4.- En esta irracionalidad,  hay quienes como Alejandro Encinas,  suponen que es políticamente valida “la estrategia” de debilitar o destruir al PRD,  para con ello favorecer a otras organizaciones o partidos con los que realmente se identifica. Éste es el caso de Alejandro Encinas que estando formalmente afiliado al PRD, es en MORENA en donde verdaderamente milita. Esa “lógica” de privilegiar la lucha interna antes que poner atención en los problemas del país, ya se ha vivido antes en la izquierda mexicana y en la de otros países, y siempre los resultados de ello han sido funestos para el conjunto de la izquierda. Al final de cuentas  sólo le han servido a los intereses y objetivos de la derecha.  Por ejemplo, en la Alemania de los años treinta del siglo pasado, los comunistas combatieron como enemigo principal a los socialdemócratas y con ello sólo hicieron posible el ascenso de los nazis al poder. Cuando esto sucedió, los nazis acabaron con los socialdemócratas y… con los comunistas.

Sin embargo, ni ésta ni otras funestas experiencias le han servido para comprender a Encinas, aún militando en MORENA, que el enemigo no es el PRD ni los perredistas, sino que son otros los verdaderos contrincantes.
Su absolutismo, el rencor, el odio y su visión ideologizada de la política, le ciega de tal manera que se niega a reconocer lo que es obvio: Que los principales responsables de los crímenes en Iguala son las bandas del crimen organizado —con Abarca y otros incluidos— y que éstas actúan con tal ferocidad e impunidad en razón de que el Estado mexicano resulta incapaz para impedirlo. En los hechos, exculpa a los criminales y le quita la responsabilidad al Estado y al propio gobierno,  con tal de culpar al PRD.

5.- Es verdad, desde luego,  que para cometer este horrendo crimen,  Abarca y los sicarios contaron con el apoyo de cómplices y eso debe dilucidarse rápidamente por la Procuraduría General de la República y otras autoridades locales. Igualmente podrían existir otras personas que  por omisión o acción,  afiliados o no al PRD o a otros partidos,  pudieran ser responsables de delitos. 

Pero hemos dicho y ahora lo reiteramos, que todos los responsables de los crímenes en Iguala deben ser castigados y lo que importa es que no prevalezca la impunidad. Esto debiera ser una exigencia inexcusable de cualquier partido y de todo ciudadano.

6.- En este propósito todos los mexicanos, incluyendo a quienes militamos en el PRD, deberíamos contribuir con los familiares de las víctimas y con las autoridades correspondientes para que se aplique la justicia. Pero el Senador Encinas prefiere lanzar sus anatemas contra el PRD y sus dirigentes y con ello lo único que logra es desviar la atención de las verdaderas causas de los crímenes en Iguala y de quienes son los verdaderos responsables.

7.- El senador Encinas ha hecho, en diversos medios de comunicación,  una temeraria acusación en contra de dirigentes de Nueva Izquierda. Tal señalamiento falaz sólo alimenta la violencia y el odio —que siempre se vuelve contra el que lo alienta o consiente—.

Pero si Encinas tiene evidencia de posibles ilícitos cometidos por cualquier persona, entonces su obligación como senador, como ciudadano es el de recurrir a las autoridades y presentar la denuncia correspondiente. Si no lo hace quedará solo como un pertinaz mentiroso, hará apología del delito y se sumará a los cómplices de aquellos que cometieron el crimen.  

Jesús Ortega Martínez
Consejero Nacional del PRD y Coordinador Nacional de Nueva Izquierda

¿Venganza o Justicia?

Por  Jesús Ortega Martínez 



Es explicable que, ante la indignación generalizada por los terribles acontecimientos sucedidos en Iguala, todos nos hagamos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de que ello haya sucedido?
En la búsqueda de respuesta, el conjunto de la sociedad hace sus propias indagaciones, especulaciones y obtiene sus propias conclusiones.
Todas éstas pueden acercarse o alejarse de la verdad, pero como no hay verdades absolutas los Estados modernos han construido, a lo largo de su proceso de formación, la llamada verdad jurídica, que es aquélla que establecen los tribunales, y que, como parte del Estado, se instituyen para aplicar la justicia.
Sin embargo, no siempre la verdad jurídica sirve para aplicar la justicia y de ello hay en el mundo, y en México, muchos ejemplos.
Aun tomando esto en cuenta, ningún Estado podría existir sin los mecanismos e instituciones para encontrar tal verdad jurídica. En el caso de Iguala, cierto, se tiene que descubrir, encontrar la verdad jurídica para que, siendo genuina, auténtica, sea útil  para castigar a los responsables de los crímenes en Iguala.
Pero esta noción elemental del derecho no será suficiente para entender el caso de Iguala. Aquí hay otras causas y otras responsabilidades y entonces se habla, por ejemplo, de la “responsabilidad política” en el afán de no limitarse a la penal, lo que sería, para el caso, sin duda insuficiente.
Pero cuando se habla de responsabilidad política, entonces se puede generar lo que el profesor Eugenio Zaffaroni llama “la realidad del delito” como una construcción social, que en los tiempos actuales está dominada por los medios de comunicación. Esa “realidad” es una imagen y por ende un recorte. Esto genera un “pánico moral” que hace que los individuos vivan en un mundo paranoide, en donde se habilitan discursos políticos de tipo represivo, de odio, de violencia, de  venganzas y de rencores”.
En la actualidad, cuando lo mediático maneja lo político (y frecuentemente también lo judicial)  quien controla los medios (el gobierno, entes privados o ambos) es quien decide en muchos casos  —y mucho tiempo antes que los jueces— una “verdad jurídica”, pero especialmente construye, detallada, meticulosa y parcialmente, las denominadas “responsabilidades políticas” y ello se hace, casi siempre, en función de intereses de poder,  ya sea político u económico.
Pongo un ejemplo: Si Abarca fue capturado en Iztapalapa, el PRD, que ahí gobierna —decían algunos medios de comunicación— era ¡cómplice de encubrimiento!
Vemos grandes fallas para encontrar en Iguala la verdad jurídica y lograr sancionar a los autores del horrendo crimen, pero para el caso de las llamadas responsabilidades políticas lo que entra en juego son los más diversos intereses que se encuentran involucrados en la lucha por el poder. Es decir: se pierde de vista el crimen y a los criminales para priorizar la acusación política; se olvida la justicia para anticipar la venganza; se deja de lado el dolor de las víctimas para, aprovechando la circunstancia, obtener el mayor rédito político y, lo peor, que en el ánimo de cobrar facturas políticas, se soslayan las causas estructurales que provocan la violencia que recorre al país.
Sé que en los crímenes de Iguala hay responsabilidades penales que no pueden perderse, ninguna, en la oscuridad de la impunidad. Existen, ciertamente, responsabilidades políticas y éstas deben, aparte de ser reconocidas, enmendarse, corregirse de manera autocrítica. Pero ni unas ni otras se resolverán con el odio y la violencia.
PD: De manera genuina en el PRD reconocemos y asumimos, con todas sus consecuencias, la responsabilidad de haber, erróneamente, postulado a Abarca como candidato a presidente municipal en Iguala.
Haremos de inmediato todo lo necesario para evitar que vuelva a suceder.



A partir de alevosas “notas ” que aparecen en algunos diarios y que pretenden involucrar a Nueva Izquierda en presuntos actos ilícitos, es que un servidor, actual coordinador Nacional de nueva izquierda y otros compañeros dirigentes de nuestra corriente de opinión al interior del PRD, queremos hacer esta declaración.

1.- Acerca de los acontecimientos de Iguala queremos ratificar que siendo, los que se persiguen,  delitos del orden federal, el Procurador General de la Republica,  lleva a cabo las averiguaciones correspondientes y de el dependen los resultados de estas.

2.- De estas averiguaciones saldrán, exigimos que de manera inmediata, las conclusiones y de ser el caso, las consignaciones que correspondan. Si estas consignaciones involucran a cualquier afiliado del PRD, sea o no funcionario de la administración estatal o municipal, entonces las autoridades deberán proceder en la aplicación de la ley  y desde el debido proceso judicial se castigue a quien resultara responsable.

3.- El PRD tiene en sus registros de afiliación a mas de 4 millones de ciudadanos, hombres y mujeres, y desde luego,  si alguno de estos es responsable de la comisión de algún delito en cualquier parte del País, deberá comparecer ante las autoridades.
Nuestro Partido y Nueva Izquierda, tiene que hacerse responsable políticamente,  como lo estamos haciendo,  de los lamentables hechos sucedidos en Iguala. Pero con la claridad que hemos dicho esto, también es necesario decir,  que nuestra institución no puede, desde el punto de vista legal y constitucional,  ser responsabilizada de actos ilícitos que en lo particular alguien haya cometido,  aun fuese afiliado al partido. Si alguien opina diferente, entonces le preguntamos lo siguiente: ¿El General Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de los asesinatos cometidos por un grupo de soldados en Tlatlaya? Si algún medio de comunicación así lo cree, entonces exigimos que lo diga,  de la misma manera en que esta acusando al PRD,  de los actos ilícitos que pudo haber cometido uno o varios de sus afiliados o de otras personas que hayan sido postuladas a cargos de elección popular por nuestra organización.

4.- Asumimos  la responsabilidad política de haber admitido que Abarca fuese postulado como candidato a presidente municipal de Iguala por una coalición en donde participaron el PRD, el PT y Movimiento ciudadano. Abarca, como lo saben fue a su ves propuesto por Lazaro Mazon, el candidato de AMLO a la gubernatura de Guerrero. Como resultado de esa responsabilidad política es que le pedimos al gobernador que dejara el cargo, le pedimos a Abarca,  que igualmente dejara el cargo de Presidente municipal y además el Congreso del estado lo ha desaforado. Si esto sucedió en Guerrero, Preguntamos; ¿No debería suceder lo mismo con los casos de Tlatlaya o de San Fernando o de muchos otros sucedidos en el País. ? 

5.-Dejando claro esto, queremos decir que nos parece una ruindad que de la desgracia de Iguala se pretendan obtener réditos políticos y electorales. Igualmente nos parece una canallada que el Arzobispado de la Ciudad de México,  utilice los asesinatos y las desapariciones forzadas en Iguala para desatar una campaña política en contra del PRD y de la izquierda en general. El Arzobispo católico de la Cd de México esta agrediendo a nuestro Partido por el hecho de impulsar en la capital y en el País la despenalización del aborto; por alentar el que los homosexuales y lesbianas, en el uso de su libertad, puedan unirse en matrimonio; por haber logrado que el Estado mexicano sea, constitucionalmente Laico,  y por haber logrado legislaciones que castigan cualquier forma de discriminación.

De la misma manera nos parece insolente que empresas como televisa estén utilizando el caso de Iguala para enderezar una venganza en contra de nuestro partido. Venganza que tiene como motivo nuestra participación en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y en materia de combate a los monopolios. Esto tenemos que decirlo aun tengamos la seguridad de que los conductores de los noticiarios de dicha empresa nunca lo mencionaran.

6.- No podemos omitir que si bien hubo negligencia o en su caso acciones de carácter ilegal por parte de autoridades locales en Guerrero, también es cierto que las hubo por parte de autoridades federales. Esto es muy importante por que los delitos que se venían cometiendo en este municipio y en otros de la región son del orden federal. La delincuencia organizada actuaba en Iguala y en toda la tierra caliente de Guerrero y Estado de México con omisión y es posible que con la  complacencia de instituciones y fuerzas del Estado Mexicano. ¿Como explicar tantas fosas clandestinas con decenas de cadáveres y ello a unos metros de un cuartel militar? ¿ Como explicar su inacción en los momentos en que se llevaban a cabo los actos criminales en el mencionado municipio?

7.-Entendemos que la detención de Abarca y de su esposa ayudara a que los hechos se esclarezcan plenamente y que con ello se contribuya a encontrar a los jóvenes desaparecidos y a los responsables del asesinato de otras personas.
Pero es una perversidad que del hecho de haber sido aprehendidos en Iztapalapa,  alguien, como lo sugiere el Universal ,   pueda desprender alguna complicidad del PRD.  En Iztapalapa viven mas de dos millones de personas con la mas amplia diversidad económica, religiosa, cultural y desde luego política. Esta hipótesis sugerida en las primeras planas de algunos diarios los obligaría a responsabilizar de complicidad al gobernador de Sinaloa y al Partido Revolucionario Institucional,  por haber sido aprendido en Mazatlán el Chapo Guzmán; O responsabilizar al Gobernador de Guanajuato y al Partido Acción Nacional por haber sido aprehendido en esa entidad un narco empresario vinculado al cartel de los Beltrán Leyva;  O de culpar al Gobernador de Tamaulipas por el asesinato del general del ejercito y secretario de seguridad pública en esa entidad; O de culpar de homicidio al gobernador del Estado de México por los asesinatos cometidos en la Marquesa.  Esto es absurdo, como absurdas e infames son las sugerencias que se leen en las notas referidas. 

8.-Pero es mayor infamia,  la que aparece en el periódico Reforma al decir que un Proveedor del PRD escondía a Abarca. Eso es una falsedad que da cuenta de un periodismo irresponsable. La empresa a la que hace referencia Reforma,  es posible que haya prestado un servicio al PRD o igualmente al que fuera nuestro candidato presidencial en 2012 o ha autoridades administrativas del Distrito Federal.  Pero de haber sucedido ello, ¿es permisible profesional y éticamente que el periódico en mención se permita concluir que el PRD es cómplice en el ocultamiento de Abarca.? No es admisible desde ningún punto de vista, salvo cuando se ignoran los mas elementales  principios éticos del periodismo.

9.- No somos ingenuos, sabemos y lo decimos ahora,  que cuando todo se orienta a ubicar el asunto de Iguala como un Asunto de Estado Nacional;  como un crimen en el que tienen participación instituciones de orden federal del Estado Mexicano, es cuando aparecen las notas sobre las grúas o sobre Iztapalapa. La maniobra es tan obvia que resulta simplemente grotesca.

La seguridad nacional en riesgo

Por Jesús Ortega Martínez



Tenemos un problema enorme de seguridad pública y en el reconocimiento de esto no se puede perder de vista que está sucediendo permanente en nuestro país.

Cuando los hechos criminales en Iguala se quieren situar (por consideraciones políticas o electorales) como un evento aislado de otros que suceden a diario en el país, entonces se comete un grave error que tarde que temprano repercutirá en otros hechos violentos en cualquier otra región. Los asesinatos y desapariciones forzadas en Iguala han generado horror, indignación, rabia (todo plenamente justificable), pero, lamentablemente, este hecho es parte de la violencia cotidiana que se encuentra presente en gran parte de la República.
Cuando el Estado no tiene la capacidad de garantizar los derechos humanos fundamentales como el de la seguridad de las personas en su vida y patrimonio, cuando no puede lograr que sea la ley la que principalmente norme las relaciones en la sociedad, cuando la violencia ilegítima de la delincuencia organizada supera (o pone a su servicio) a la fuerza legítima del Estado, entonces, sin eufemismos, lo que existe es un grave problema de seguridad de la nación.
Tenemos un problema enorme de seguridad pública y en el reconocimiento de esto no se puede perder de vista que está sucediendo permanente en nuestro país. Hay ingobernabilidad, hay vulnerabilidad de la fuerza del Estado mexicano y, de plano, hay ausencia de un Estado de derecho.
Pero más aún, si ponemos atención a los objetivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y que son los de generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de derecho, entonces, desde la propia concepción oficial de lo que es la seguridad nacional, ésta se encuentra en severo riesgo.
Ante esta realidad se pueden adoptar diversos comportamientos, uno de estos es el de reconocer el riesgo en que se encuentra la nación; de señalar, incluso, su gravedad, pero sin aportar nada para remediarla. Estos son los del “acuso, luego existo”.
Otro comportamiento es negar el peligro en que se encuentra la seguridad nacional, soslayarlo, bajo la idea de que lo de Iguala “pasará” como antes “pasó” lo de San Fernando, lo de Morelia o lo de Ciudad Juárez. Los miles de desaparecidos durante éste y los anteriores sexenios. Éstos son los del “Si yo no lo veo, es que no existe”.
Y luego existen los que saben perfectamente que la seguridad nacional se encuentra en riesgo, pero lo que quieren es agravarla, agudizarla, profundizarla, pues parten de la idea de que la inseguridad pública y la inseguridad de la nación “crean condiciones revolucionarias, insurreccionales” para tomar el poder. Éstos son los de “cuanto peor, mejor”, o dicho de otra manera: “Destruyo, luego existo”.
Contra estos comportamientos debe actuar la izquierda democrática perredista y debemos hacerlo ya, asumiendo —no autoflagelándonos— la parte de responsabilidad política que tenemos en el caso de Iguala y la que debemos enfrentar —como fuerza política— en el asunto de la crisis del Estado y del riesgo de la seguridad nacional.
La manera posible de resolver estos grandes problemas del país es impulsando un acuerdo nacional (Estado y sociedad) para atacar a fondo las cinco causas principales de esta problemática, es decir: la metástasis de la corrupción, la opacidad en el conjunto de las acciones de la administración pública, la inoperancia del sistema de procuración e impartición de justicia, la degradación (pudrición) de la fuerza legítima del Estado y la estrategia prohibicionista (impuesta por el gobierno estadunidense) en el asunto del narcotráfico.

Por Fernando Belaunzarán 



En entrevistas recientes a diversos medios de comunicación de nuestro país, tanto el filósofo Fernando Savater como el recién nombrado comisionado nacional contra las adicciones y ex comisionado de Seguridad Nacional, Manuel Mondragón y Kalb, se han referido a la política de drogas. Las posiciones no podrían ser más contrastantes. 

Mientras Savater afirma que “Perseguir las drogas es absurdo” (Miguel de la Vega, Revista R, 2-XI-2014), Mondrgón y Kalb declara que “No quiere ver un país mariguanero” (Carlos Benavides, El Universal. 3-XI-2014). El primero propone desde hace 30 años la regulación de sustancias ilegales y el segundo, a pesar de reconocer que en 20 años todo ha empeorado, no tiene otra propuesta que continuar con el prohibicionismo.


Dice Savater: “La persecución de la droga es un absurdo porque no produce más que males en las sociedades. Ha terminado por formar un negocio tan fabuloso que eso crea grupos adictos a ese dinero fácil y a la violencia que le rodea. Y esos grupos se compran políticos y, de alguna manera, corrompen la estructura social. Entonces, claro, hay que combatir el narcotráfico en su raíz económica… No se puede acabar con las drogas. Vamos a tener siempre ese tipo de cosas al alcance de la mano. Lo que pasa es que la prohibición las convierte en una mercancía de un precio y de una irresistible función económica que hace millonarios a los más desaprensivos de la sociedad”.

En cambio, Mondragón y Kalb argumenta: “Usted cree que se va a acabar una organización criminal por no manejar la mariguana. Y ¿Qué pasa con las drogas de diseño, con la cocaína, con la siembra de amapola, que somos los primeros o segundos productores en el mundo, se van a acabar? Por favor. Y ¿Qué pasa con esos grupos violentos dedicados a otro tipo de delitos? Que me disculpen, pero eso no resuelve el problema”.

Es evidente que Savater no se refiere sólo a la marihuana y entiende que la prohibición, como ha quedado demostrado, no impide que se consuma ésa y otras sustancias ilegales. Sería un paso importante, el que ahora se puede dar, hacia una nueva política que se base en la prevención y no en la perniciosa persecución y represión que ha causado más males que las drogas mismas. 

El IMCO calcula que la marihuana aporta aproximadamente el 30% de los recursos por venta de drogas ilegales a los carteles de las drogas. Eso es mucho dinero y las organizaciones criminales son tan fuertes como grande su cartera. No se trata de una fórmula mágica que va a resolver todo de un golpe, pero sí un avance que los debilitaría. Muchos de esos grupos que se dedican a “otro tipo de delitos” también se dedican al narcotráfico, siendo ésta su principal fuente de recursos.

Como ya dijimos, el propio Mondragón y Kalb acepta en su diagnóstico que todo ha empeorado en las últimas dos décadas. Dice que “ya no solamente somos productores y vía de tránsito, somos consumidores y las encuestas nos indican que cada vez más el consumo va aumentando y cada vez la edad de inicio del consumo va bajando, y cada vez la paridad de género va empatando a la mujer con el hombre…”.  ¿Acaso no está aceptando el fracaso del prohibicionismo? ¿Cómo espera tener resultados diferentes si no dice ni propone nada diferente de su antecesor en el cargo ni del antecesor de su antecesor, y así?

Manuel Mondragón y Kalb habla como policía a favor de la política que no le dio resultado como comisionado de Seguridad. Al doctor no lo he leído. Afirma que “la marihuana produce efectos secundarios indeseables”. Lo mismo pasa con cualquier medicina, basta con leer las etiquetas, e incluso con muchas otras sustancias como el azúcar o la grasa. Nos adelanta que está “terminando de leer 400 artículos” de la misma tendencia prohibicionista. Ojalá los haga públicos para constatar su calidad. También podría leer los numerosos estudios e investigaciones que sostienen los beneficios terapéuticos y médicos de la marihuana. El Investigador Emérito y Premio Nacional de Ciencias, Dr. Ricardo Tapia, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, estaría encantado de proporcionarle bibliografía suficiente. 

¿De verdad cree Mondragón y Kalb que países como Australia, Alemania, Israel, Canadá, Italia, La Republica Checa, Uruguay o los 23 estados de la Unión Americana regularon la marihuana con fines medicinales  lo hicieron sin cumplir con protocolos, estudios y resultados concluyentes? ¿Debo recordarle que esos países tienen sistemas de salud eficientes y las mujeres no dan a luz en los patios de los Hospitales?

Quizás el problema de Mondragón es que no concibe que haya consumidores de drogas que no sean adictos y se equivoca rotundamente al decir que éstos no están en las prisiones (Entrevista con Joaquín López Dóriga, Radio Fórmula, 24/X/2014). Muchos usuarios de drogas ilegales han sido extorsionados o van a la cárcel acusados de narcomenudistas porque las cantidades son ridículas en la tabla de dosis de consumo inmediato, en la Ley General de Salud (art 479), y no están capacitados policías, ministerios públicos ni jueces para hacerlas valer. Le vamos a mandar estudios del CIDE al respecto.
   
De la misma manera que el Mondragón y Kalb acepta que acostumbra consumir una copa de “buen whisky” –su única semejanza con Savater- y eso no lo hace alcohólico, debiera aceptar que muchos consumidores de drogas ilegales, la inmensa mayoría, no son “adictos” ni delincuentes, es decir, no son problemáticos. 

No obstante nuestras distintas y contrapuestas posiciones, vislumbro puntos de encuentro. Acepta quien ahora está al frente de CONADIC que si “vamos al extremo” de que se legalice la marihuana, “pues yo la paso a las sustancias legales y las voy a combatir igual que trabajaré para el tabaco y alcohol…”. Eso, y no otra cosa, es lo que queremos.

Otro punto de encuentro tiene que ver con su disposición manifiesta de debatir este tema con quienes planteamos la regulación de las drogas, empezando por la marihuana (Entrevista en Imagen con Leopoldo Zea, retomada por Excelsior el 30/X/2014). Le vamos a tomar la palabra y en breve solicitaremos una cita para platicar y acordar condiciones del debate. Ahí podríamos aprovechar para resolver sus dudas sobre el contenido de la regulación: quiénes producirían, en qué cantidades, etc. 

Mañana martes se vota en Alaska, Oregon y Washington DC si en esos lugares se regula la marihuana con fines “recreativos”. El gobierno de Enrique Peña Nieto debe poner atención en esos procesos. En una entrevista en el diario El País (9/VI/2014), el Presidente declaro. “… la legalización de la marihuana es un fenómeno creciente. La demanda que hemos hecho ya nosotros es que revisemos el tema, sentémonos a debatir sobre el tema, a revisar la política que se ha seguido en lo9s últimos 30 o 40 años y que a la postre solamente ha arrojado mayor consumo y mayor producción de drogas. Por tanto, es una política fallida. Hay que revisar esos. Insisto, yo no estoy en favor de la legalización, es un tema de convicción personal. Sin embargo, tampoco podemos seguir en esta ruta de inconsistencia entre la legalización que se ha dado en algunas partes, sobre todo en el mercado del consumidor más importante que es EE UU, y en México que sigamos la producción de marihuana”.

Como que ya va siendo el tiempo de revisar esa política fallida y dejar de criminalizar la producción de marihuana, es decir, poner manos a la obra en lo que considero una buena reflexión presidencial que nada tiene que ver con un prohibicionista al frente de CONADIC.

El comisionado nacional contra las adicciones no quiere ver “un país mariguanero”. Respeto su opinión, pero lo que hoy los mexicanos que colman las calles exigen es ya no vivir en un país ensangrentado. ¿Con quién coinciden más? ¿Con el filósofo Fernando Savater o con el policía Mondragón y Kalb? 

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