Manifiesto a la Nación
En los 25 años
trascurridos desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha
sido una organización de millones de mexicanos que critica, propone y
transforma. Nuestro esfuerzo lo hemos
realizado en el marco de la Constitución, de manera pacifica, mediante la
movilización social y la lucha electoral.
México vive una
crisis social, política y de los derechos humanos que expresa el malestar
ciudadano acumulado por décadas y que es el resultado de un modelo privatizador
que ha profundizado las desigualdades, deteriorado el bienestar de la gente y
cancelado la esperanza de una vida mejor, sobre todo para los jóvenes.
Ante esta crisis
del Estado, la solución no es la regresión autoritaria. Por el contrario, la solución es
la construcción de un Estado democrático, social y de Derecho, capaz de combatir
la corrupción y la impunidad, con más y mayores cauces democráticos y una verdadera justicia social
Por lo tanto, proponemos
a los poderes de la Unión, a los partidos políticos nacionales, a las
organizaciones empresariales y al conjunto de la sociedad mexicana las
siguientes
Medidas de
emergencia:
1.- Que el
gobierno federal, y de manera particular
la PGR, den respuesta pronta, veraz y
creíble a las demandas de las familias de los 43 jovenes desaparecidos en Iguala y Cocula para
esclarecer plenamente los hechos sucedidos, encontrar a los jovenes, castigar a los responsables, quienes sean, y garantizar
la justicia.
2.- Que en
Iguala y Cocula y en toda la región que comprenden las entidades federativas de
Guerrero, Edo de México y Michoacan, el Gobierno Federal realice una acción
inmediata y extraordinaria contra las
bandas de la delincuencia organizada. Aunque no son estas entidades las únicas
en donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, sí es en ellas, en
donde es urgente la intervención de las fuerzas públicas, en el marco de la legalidad constitucional.
3.- El PRD al
asumir autocriticamente su responsabilidad política, acudió a Iguala al día siguiente de la toma de protesta de
esta dirección nacional, para reconocer
nuestro error y pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad,
sabiendo que pedir perdon no basta, pero
asumiendo que es condición ética indispensable. Ahora el Gobierno de la
República debe asumir su propia responsabilidad en estos delitos del orden
federal, mas aún cuando está plenamente demostrado que tenía conocimiento de
los mismos. De nuestra parte haremos que toda persona afiliada al partido que
se encuentre sujeta a denuncia judicial por la comisión de algún delito,
comparezca de manera inmediata a rendir su declaración constitucional ante la
autoridad correspondiente. De no hacerlo, procederemos a la suspensión de sus derechos
partidarios. Demandamos que hagan lo mismo todos los partidos políticos.
4.- Que la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos proceda a crear de manera inmediata
una Visitaduría Especial para que en el
caso de Iguala-Cocula, dé cauce a una exhaustiva investigación, presente en
plazo breve un informe a la sociedad y
señale las responsabilidades correspondientes en que hayan incurrido funcionarios
de los ámbitos municipal, estatal y federal. En este esfuerzo demandamos la
coadyuvancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
5.- La creacción
de una COMISIÓN DE ESTADO PARA LA VERDAD Y LA JUSTICIA que dilucide y esclarezca
la situación de todas aquellas personas desaparecidas de manera forzada durante
este gobierno y los anteriores e investigue a quiénes corresponden los cuerpos
que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes
del país. Esta Comisión debe integrarse con
ciudadanos, hombres y mujeres, investidos de honorabilidad y prestigio social
y cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno. Además,
deberá rendir un informe de la situación de las personas sujetas a proceso por
su participación en la defensa de derechos sociales.
6.- La corrupción
es el cáncer de México y la impunidad es la otra cara de esta moneda. Para combatirla
es necesario crear el Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto poder
constitucional con facultades para prevenir, auditar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos y a los particulares
que incurran en actos de corrupción.
7.- La
licitación del ferrocarril México-Querétaro y las implicaciones que involucren a funcionarios, a
sus familiares y a particulares, deben
ser plenamente esclarecidas. En este caso y en otros en donde existan presuntos
delitos, no debe haber impunidad alguna. Todo funcionario, desde el Presidente
de la República hasta servidores públicos municipales que pudieran estar implicados en hechos ilícitos
deben estar sujetos a la investigación que proceda legalmente. En consecuencia, la Cámara de Diputados debe integrar una
Comisión Especial de Investigación con las facultades establecidas en la Carta
Magna a la que comparezcan, entre otros,
los secretarios de Economía y de Comunicaciones
y Trasportes, así como las empresas particulares que participaron en el
concurso de la obra referida.
8.- Las reformas
constitucionales llevadas a cabo para evitar los monopolios, alentar la
competencia legítima e impulsar el crecimiento de la economía, serán letra muerta si no existe la vigencia
de un Estado de Derecho. Por ello, todo
proceso de licitación para la realización de obras con recursos fiscales y en
donde esten involucrados bienes nacionales, deberá transparentarse de manera absoluta.
9.- Es necesario
dejar atrás la utilización de las fuerzas militares en las tareas que
corresponden a las polícias. Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas en el
combate a la criminalidad, y por respeto a sus integrantes, demandamos que el
mando civil asuma esta tarea. Los soldados y marinos de México deben regresar,
en el tiempo necesario y prudente, a sus cuarteles, al mismo tiempo que se debe
iniciar la construcción de la polícia nacional y avanzar en la consolidación
del mando único en las entidades federativas.
10.- La
democracia se sustenta en una sociedad de justicia y bienestar o no es
democracia. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe acordar un aumento de
por lo menos 20 por ciento al salario mínimo para el 2015. El gobierno federal
y los estatales deben reorientar los programas sociales para crear un plan
emergente de generación de empleos, que junto al fomento del credito a las
micro y medianas empresas, impulse el crecimiento de la economía. De igual
manera, debe suspenderse de inmediato el aumento al precio de las gasolinas,
gas, diesel y energía eléctrica.
Es tiempo de dar
respuesta a los menos favorecidos; es tiempo de dar respuesta satisfactoria a todos
los familiares de las víctimas, especialmente de aquellas desaparecidas de
manera forzada; pero sobre todo, es tiempo de dar respuestas a México.
Democracia Ya,
Patria para todos.
Partido de la
Revolición Démocratica.
PRD.
