La inversión privada en generación y comercialización de electricidad representa un modelo de mercado que de ninguna manera podrá garantizar a los usuarios tarifas más económicas, pues Comisión Federal de Electricidad suministrará únicamente energía eléctrica a los consumidores residenciales y las tarifas serán fijadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante la ley de la oferta y la demanda, señaló Angélica de la Peña en tribuna.
Al fijar su postura en contra de los dictámenes referentes a la industria eléctrica, de energía geotérmica y Ley de Aguas Nacionales y presentar sus propuestas de modificación, la senadora de la Peña resaltó que el dictamen propuesto no es otra cosa que la renuncia del Gobierno federal a llevar a todo el país y a todos los rincones el servicio eléctrico, y de aprobarse sin modificaciones las personas con más alta marginalidad estarán sujetas al servicio de los operadores privados para allegarse del servicio de energía eléctrica.
"El argumento de que la competencia disminuye el precio de las tarifas eléctricas no encuentra comprobación en la realidad. Las experiencias internacionales en la privatización eléctrica, no demuestran bajas tarifarias a los usuarios finales. Basta enunciar el art. 139 cuya redacción tiene un sentido que puede ser enunciativo de utilización electorera y sin duda su implementación afectará a las clases medias y a las medias bajas."
Dijo que al establecerse la industria eléctrica como una actividad de interés general, sin limitación alguna, se corre el riesgo de imponerse sobre otras actividades igual de importantes para el interés público como lo es la política de conservación de los recursos naturales y de protección de nuestro medio ambiente.
"Es preocupante la eliminación de la política de conservación, tanto para las Áreas Naturales Protegidas Federales, como para las estatales, las municipales y de las comunidades indígenas. Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural y la biodiversidad de México, ejemplo de ello hay muchos por todo nuestro territorio nacional con los denominados megaproyectos, como es el caso de Oaxaca contra la construcción de parques eólicos de Gas Fenosa."
En cuanto a la Ley de Energía Geotérmica, añade la legisladora del PRD, el Dictamen busca fomentar la participación privada en el sector geotérmico para supuestamente incrementar la capacidad del Estado mexicano para generar electricidad y a pesar de que es una fuente generadora de energía de las denominadas limpias, "la industria aparejada genera impactos asociados no compatibles con los objetivos de la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, ya que obliga a modificar el uso de suelo, deforesta, utiliza grandes cantidades de agua, insumos tóxicos, genera residuos peligrosos, ruido, contaminación lumínica, fragmentación del hábitat y mayor presión sobre los recursos naturales, incluida la biodiversidad."
De la Peña Gómez apunta que la propuesta presentada por las comisiones dictaminadoras no representa el marco regulatorio que pueda proteger las y los mexicanos de los intereses de los corporativos energéticos que operan y dominan el mercado energético en el mundo quienes tendrán manos libres para decidir por sus intereses.
"Mucho me temo que en el corto plazo la sociedad exigirá la nacionalización de los corporativos, como seguramente acontecerá pronto en Inglaterra por el fracaso de la privatización de este derecho. En tanto los corporativos trasnacionales se frotan las manos", concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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