Por Amparo Brindiz

El tema de la desigualdad tiene una relevancia central y evidente en la sociedad mexicana. La agudización de los procesos de exclusión, polarización y fragmentación la tornan una cuestión inmediata y preocupante, ya que es uno de los muchos factores que está induciendo a la violencia.
La desigualdad está asociada con el acceso diferencial a la propiedad y el control de bienes materiales y simbólicos, así como al acceso de servicios que tienen importancia social y económica.
Según informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la desigualdad, se encuentra ahora en su nivel más alto en décadas en muchos países y esto debilita el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos.
El ingreso promedio del 10% más rico de la población en los países de la OCDE fue de nueve veces y medio superior al del 10% más pobre en 2010, en comparación con un nivel siete veces mayor, hace 25 años.
De acuerdo a un estudio que el banco Credit Suisse publicado en 2010, la riqueza en el mundo muestra una fuerte concentración: 24 millones de personas mayores de 20 años (0.5% de la población mundial adulta) tenían 35.6% del total de la riqueza mundial. En el otro extremo, 3 mil millones de personas (68.4% de la población mundial adulta) tenían tan solo 4.2% de la riqueza mundial.
México tiene 4 millonarios en la lista de los 100 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. La suma de la riqueza de estos 100 hombres es de 1.7 billones de dólares, pero así mismo es uno de los más países con más pobres.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 81% de la población en 2010 era pobre o vulnerable, es decir tenía una o más carencias sociales.
El CONEVAL mide la pobreza de manera multidimensional, esto es a partir de seis indicadores de carencia social: alimentación, educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda y servicios básicos en la vivienda. La población pobre o vulnerable en México tuvo, en promedio, 2.3 carencias sociales.
Entre los países miembros de la OCDE, México es el que revela la mayor distancia entre las familias que menos ganan y las que más ganan, por arriba de Chile, Israel, Turquía y Estados Unidos. México es un país muy desigual en materia de ingresos.
Por ello, para hacer frente a la creciente brecha entre ricos y pobres, deben implementarse políticas públicas que atiendan los temas de ingresos y salarios, pero también abordar temas, como, mejor acceso a una educación de calidad, salud e infraestructura pública.
No hay que olvidar que la desigualdad en el ingreso va aparejada de una desigualdad equivalente en la calidad de vida. Sin educación de calidad y buenos servicios básicos se ve difícil revertir este grave problema. 



Por Isaías Villa




SOBRE IGUALA, LACRISIS DEL ESTADO MEXICANO Y LA FRACTURA DE LA IZQUIERDA. 


Primero ratifiquemos definiciones:

 1)El crimen (asesinato-desapariciones) de Iguala es ESPELUZNANTE E INADMISIBLE; 

2)Lo PRIORITARO es ENCONTRAR A LOS MUCHACHOS y CASTIGAR A L@S CULPABLES, caiga quien caiga; 


3)Lamentablemente NO ES UN ACTO AISLADO, confirma el fracaso de la estrategia Calderón-Peña, y refleja una profunda crisis del Estado mexicano, que ha sido penetrado por el crimen en muchas regiones.


Ahora las DIFERENCIAS, LOS MATICES:

1) El Gobierno de PEÑA NIETO ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE, por cálculo e ineficiencia, de la situación nacional y de la investigación dosificada que mantiene el caso irresuelto en Guerrero. Los medios propician linchamientos selectivos contra el PRD y MORENA, nada hablan de las culpas federales: porqué no informó antes la SIEDO, xq no actuó la PGR desde 2013, xq la base militar de Iguala nunca reportó nada, xq a más de un mes siguen especulando y filtrando información a su conveniencia?

2) Cuál es la SALIDA? Una revuelta civil, una solución cosmética, o la construcción desde el empuje de la sociedad indignada pero inteligente, de un ACUERDO NACIONAL concentrado en una COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA LEGALIDAD, con personalidades como Juan Ramón De la Fuente, Carmen Aristegui, Mario Molina?
Hay quien juega a la revuelta; quienes buscan sacar raja; los que en toda propuesta de acuerdo ven traición. Pero la estridencia como catarsis libera a algún@s, pero no soluciona. Y sin un Acuerdo ¿cómo lograr una Comisión de gran fuerza y alcance institucional, para traducir en medidas de Estado sus acciones?

3) La IZQUIERDA DEBE ACEPTAR SU DIVERSIDAD Y ASUMIR SUS ERRORES sin martirologio ni suicidio. Navarrete-PRD ya lo hizo: ofreció disculpas, Aguirre salió, se apoyara el castigo de l@s responsables, quienes sean, y se propuso blindar las candidaturas del 2015. En cambio AMLO-MORENA evaden, mienten, se victimizan; sectores radicales exhiben su necrofilia sin pudor; e internamente IDN-BEJARANO golpean, intentando ganar con sus chantajes en la mesa lo que ya no le otorgó la base perredista. Que cada quien asuma su responsabilidad, con visión de futuro. No sería mejor aceptar que aún teniendo diferencias conceptuales, tácticas, etc. deberíamos preservar las posibilidades de encuentro, para potenciar las posibilidades del cambio por la izquierda?


En serio alguien o varios creen desde la izquierda, que es mejor el derrumbe, y que van a poder más que el narco, los grandes empresarios (incluidos los medios), el Ejército, los tiburones priístas, para imponerse en el país?. Serenémonos, luchemos en las diversas trincheras, pero siempre sumando; México debe tener una salida por la vía pacífica, hacia la seguridad, la paz y la justicia.

Sr. Director:
Solicito publicar este escrito como réplica al artículo de Roberto Zamarripa del lunes 27 de octubre.
1.- Zamarripa: "La inserción económica del narco es la derrota del Estado y de sus Políticas Públicas".
Réplica: Coincido, pero si el Estado está siendo derrotado, entonces tiene que asumir que es el conjunto de sus instituciones, todas, las de la administración federal, estatal y municipal; los partidos, los Poderes de la Unión, los organismos autónomos, etc.
Sin embargo, desde su parcialidad "políticamente correcta", Zamarripa no menciona una sola vez quién es el Jefe de Estado y menos precisa que de éste es la responsabilidad constitucional de perseguir los delitos del orden federal, como lo es el narcotráfico.
2.- Zamarripa: "El narcotráfico es la expresión más salvaje del capitalismo".
Réplica: Aceptemos esta generalidad, pero Zamarripa se comporta como aquellos antiguos políticos de izquierda que, desde la comodidad de culpar al capitalismo de todos los males, eludían señalar a responsables directos de delitos. En el caso de Iguala, los narcotraficantes, dentro y fuera de la administración publica, tienen nombre y deben ser castigados por los crímenes cometidos.
3.- Zamarripa: "El PRD arguye que el Estado y los partidos, todos, están en crisis por la infiltración criminal".
Réplica: Apoyándome en su argumentación. Desde luego, el Estado está en crisis, incluidos los partidos. Pero no sólo el Estado se encuentra infiltrado por el narco, también lo están -no puede ignorarlo el periodista- grandes empresarios del comercio, los medios de comunicación, la industria, la banca; algunas iglesias y grupos o individuos de la llamada sociedad civil. Es, el narco, como dice Zamarripa, un negocio y hay, no pocos capitalistas privados, asociados con él desde hace años.
4.- Zamarripa: "Quién iba a decirlo, el partido heredero de esa memoria de lucha contra la represión y defensa de la vida tiene en sus filas a los responsables intelectuales y políticos de la masacre en Iguala".
Réplica: En el PRD cometimos un error: postular a presidente municipal de Iguala, a uno de los presuntos asesinos, recomendado por Lázaro Mazón, a su vez, precandidato de López Obrador a gobernador de la entidad. Lamentable y costoso error. Pero Zamarripa, erigido en juez de la causa, señala que él sabe quiénes son "los responsables intelectuales y políticos" de la masacre. Como ya lo sabe, entonces debe dejar, por unas horas la redacción de Reforma e ir al Ministerio Público federal, ante Murillo Karam a denunciarlos.

Si no lo hace, entonces se vuelve cómplice del crimen o vulgar calumniador. Le exijo poner la denuncia para que en lugar de desatar su "furia de converso", contribuya a esclarecer el crimen y castigar a los responsables. Ésa es su obligación como ciudadano y más como periodista.

¡Hay algo podrido en México!

Por Jesús Ortega Martínez



Nuestro país huele a sangre y este hedor se hace ya insoportable para la mayoría de las personas, aunque no para todas...

Shakespeare ponía en voz de Hamlet la siguiente expresión: “There is something rotten in Denmark” —“Hay algo podrido en Dinamarca”—.
A esta célebre expresión del dramaturgo inglés, al paso de los años se le han dado diversas traducciones, pero casi todas tienen la misma connotación: Algo apesta en Dinamarca, para referirse a que las cosas están muy mal, apestan, hieden.
Ante la situación que actualmente se vive en México bien podríamos decir: “There is something rotten in Mexico”, pues nuestro país huele a sangre y este hedor se hace ya insoportable para la mayoría de las personas, aunque lamentablemente no para todas.
Para algunos —los menos—, aun sintiendo el terrible olor de la sangre, prefieren ignorarlo; les barrena el interior de sus narices y sin embargo buscan —¿pueden?— fingir indiferencia. Oler la sangre que se coagula en la tierra de las fosas clandestinas o el de aquella que corre por las calles de las ciudades, les interrumpe en su confort hasta que... no sea la suya, la propia, la que despida el penetrante olor.
Otros huelen la sangre pero extrañamente no les huele a sangre, les huele a tinta y en realidad no les desagrada —o  en todo caso la soportan—, pues les sirve para escribir la nota que por la noche leerán desde el teleprompter en su noticiero. Esta es su rutina diaria, salvo que “de arriba o desde más arriba” les ordenen cambiar el color de la nota. Así sucedió, por ejemplo, con el caso de Tlatlaya o en Ecatepec —¿alguien sabe qué ha sucedido con los fusilados de la bodega o con el feminicidio oculto en la “modalidad” de fosa acuática?—.
Pero también existen los que oliendo la sangre se excitan como murciélagos y la buscan para nutrirse política y electoralmente. Son los que comparten la teoría de “cuanto más peor, mejor” y AMLO es uno de sus entusiastas seguidores. Esto es: entre más ingobernabilidad, entre mayor inseguridad, entre mayor encono social, entre más violencia, entre más incapacidad del Estado para contenerla, entre mayor debilidad de las instituciones para aplicar la ley, entonces… mejor para ellos, pues suponen —desde esta delirante concepción— que empeorando más y más la situación del país se crearán las condiciones políticas y sociales más adecuadas para que ellos “aparezcan” —literalmente— como los “salvadores de la patria”.
Esta teoría política que alguna vez fue entendida entre la izquierda como “eficaz estrategia revolucionaria”, resulta, especialmente ahora, francamente deleznable, perversa, miserable, pues para obtener rédito político se utiliza el sufrimiento de las víctimas, la indignación de la sociedad por lo sucedido en Iguala y el rencor social acumulado durante años. Esta “estrategia” de muchos políticos y de no pocos grandes empresarios, de prevalecer intereses particulares por sobre los del país y los de la gente, responde en parte, a la pregunta acerca de ¿qué es lo que se está pudriendo en México?
Esto es cierto, pero no es toda la verdad. La otra parte y más importante aún, es que el viejo Estado mexicano, ése en donde la ley se acata pero no se cumple, en donde la ley se escribe pero no se aplica, el de los poderes fácticos sobre los constitucionales, el de la opacidad en lo público, el de la corrupción como sinónimo de negocio, el de la impunidad que alienta la violencia, ese Estado tiene tiempo pudriéndose, está y huele mal,  hiede, pero nos resistimos a cambiarlo.
PD: Sé que el PRD cometió un grave error al postular a Abarca como candidato y de ello estamos acusando severos daños. Ni modo, los errores y más en la política, se pagan caros y, sobre todo, se cobran implacablemente.
Twitter: @jesusortegam

Inexistencia de un Estado de derecho.

Por Jesús Ortega Martínez   

Una premisa: Si Ángel Aguirre o cualquier otro funcionario estatal del PRD o del partido que fuese, es responsable, por acción u omisión de que en Iguala varias personas hayan sido asesinadas y que otras mas se encuentran desaparecidas, se les debe aplicar la ley y ser sujetos a las sanciones correspondientes, penales si fuese el caso.   

Dicho lo anterior, Aguirre se ha ido,  pero muchos de los que demandaban su salida,  son los mismos que ahora—esquizofrenia pura—pregonan  que ese hecho no contribuye en nada a  la solución de la grave problemática que vive Guerrero y el conjunto del País.

Algunos medios de comunicación, en su intento de ser “políticamente correctos, no se atreven a señalar que lo sucedido en Iguala es parte de lo que a diario sucede en otras regiones del País; se resisten a reconocer que las causas fundamentales de la violencia que recorre al País,  se encuentran localizadas en la crisis estructural que padece el conjunto del Estado Mexicano, especialmente en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las personas y la aplicación de la ley;  y peor aun, no asumen—cuidando intereses—que la responsabilidad principal de ello,  se encuentra en la incapacidad del gobierno federal para enfrentarla. Cuidadosos, siempre pretenden dejar a salvo la responsabilidad del Gobierno federal y de quien lo encabeza y siempre encuentran a otro a quien endosársela.

Si, la salida de Aguirre fue políticamente necesaria, pero el monstruo gigantesco, feroz, violento, agresivo y tremendamente poderoso, aun sigue ahí, aunque candorosamente muchos no quieran verlo. Ese monstruo gigantesco,  con miles de brazos,  con los que soborna a todas las policías; a los jueces; que corrompe a funcionarios federales estatales, municipales; que penetra a los partidos, a las iglesias, a las empresas privadas, a los bancos, sigue aquí, disolviendo, degenerando al conjunto del tejido social.

Sin embargo hay ingenuos que piensan que ese monstruo dejará de existir en la medida de que lo ignoremos. Esa es la “estrategia” mas estúpida,  aun desaparezcan los poderes en las 32 entidades federativas y aun renunciara a la presidencia de la República el propio Peña Nieto.

El Presidente de la república tiene responsabilidades, desde luego,  y hay que demandar que las asuma o en su caso que responda, igualmente ante la ley. Pero aun siendo valido esto,  es aun mas importante ahora,  fortalecer al Estado a partir de que funciones sus instituciones. Lo importante es parar la violencia que ensangrienta al País e impedir que el Estado Mexicano continúe su acelerado proceso de debilitamiento.

Desde luego que existen concepciones entre individuos, organizaciones e incluso partidos,  que piensan que entre mayor sea la crisis del Estado mejor para ellos. Suponen que entre mayor violencia e inseguridad se presente; que entre mayor sea la incapacidad del gobierno para prevenirla o impedirla; que entre mayor sea la ingobernabilidad e inestabilidad; que entre mayor confrontación social exista, entonces mejor para sus intereses particulares. Estos partidos como MORENA e individuos como AMLO  apuestan a que todo se derrumbe para, suponen,  surgir ellos como los “Salvadores del País y de la gente”.  Este tipo de concepciones y comportamientos pueden identificarse como mezquinos, pero mas que ello,  son  profundamente reaccionarios pues a quien le sirven es la derecha mas extremista. Aparentemente su discurso es de izquierda,  pero en la realidad, en su contenido, en su sustancia,  es un discurso de derecha, pues privilegia el logro de sus objetivos de partido por sobre las necesidades  de la gente y del país.  Es de derecha y es de canallas aprovecharse del sufrimiento de las victimas en Iguala para satisfacer sus propósitos egoístas.

La “estrategia” de que entre mas peor, mejor,  no solo es estúpida, es perversa.

En sentido diferente,  para terminar con ese monstruo que ocasionó la tragedia de Iguala y que esta provocando un desastre nacional, obliga a reconocer por todos, que su trágica existencia es resultado de la igualmente trágica inexistencia de un Estado de derecho en México.

Esa es la realidad y esta solo podrá enfrentarse con éxito en la medida en que el Presidente, el Congreso, la Corte, los partidos, los grupos empresariales, las organizaciones sociales alcancen acuerdos de fondo, radicales, legislativos y políticos para reestructurar al Estado Nacional y con ello se puedan disolver las causas verdaderas de su crisis.

 Twitter: @jesusortegam




El acelerado deterioropolítico del PAN los lleva a la hipocresía de pretender abanderar la propuestade elevar el salario mínimo, pues en su desesperada búsqueda de votos quieren ocultarque durante décadas se han opuesto a que los trabajadores percibanremuneraciones dignas, afirmó Jesús Ortega Martínez.

El Coordinador Nacionalde Nueva Izquierda, la mayor expresión política del PRD, sostuvo que eshipocresía panista ya que “toda su existencia se han opuesto al aumento delsalario mínimo y siempre han argumentado la misma tesis que Agustín Carstens”,gobernador del Banco de México.   

¿Por qué a los panistasse les ocurre ahora impulsar un aumento al salario? Por los votos. Esa es otraforma de hipocresía, resulta que ahora están muy preocupados por el salariocuando ellos son neoliberales; mantener en un nivel bajo el salario mínimo esparte de su tesis económica. Quieren ganar votos, eso es todo”, añadió OrtegaMartínez.

Por otra parte, el lídernacional de NI expuso que el salario mínimo no debe ser utilizado como objetomonetario y debe transformarse para garantizar bienestar y dignidad social comoestablece la Carta Magna.

Contrario a lo que pregonan losdefensores del neoliberalismo –además del PAN,  Agustín Carstens, funcionarios del gobierno yalgunos representantes del sector empresarial- los indicadores macroeconómicosno deben ser la única prioridad de la administración federal, sino direccionarla política económica para que sea motor de desarrollo que garantice una vidadigna para los trabajadores y sus familias, añadió.

La propuesta del PRD es desligar alsalario mínimo de una medida monetaria que sólo sirve para tasar multas,expuso.

Ortega Martínez explicó que la tesisde la principal fuerza política de izquierda en México es contraria a la quedefienden los neoliberales, ya que el PRD propone dotar de auténtico poderadquisitivo al salario mínimo y con ello estimular el consumo para que a su vezactive el crecimiento económico y la generación de empleos.

Nuestra tesis es: Si se mejora elsalario de los trabajadores “es indiscutible que habrá más empleos, lasfábricas crecerán, crecerá la economía y se crearán nuevas empresas si la gentetiene capacidad de consumo”, explicó.

El ex senador de la República urgió alos neoliberales a reconocer que en la actualidad “no hay capacidad de consumode la gente y por lo tanto no hay aumento de la productividad, el salario de lamayoría de los trabajadores es de subsistencia y a veces no alcanza ni parasubsistir”.

La visión de los neoliberales hacondenado a los trabajadores mexicanos a percibir uno de los salarios más bajos,no sólo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE), sino de América Latina, indicó. 

Por Jesús Ortega Martínez



En la plenitud del régimen priista, el de “la dictadura perfecta” como la identificó magistralmente Mario Vargas Llosa, “la ingobernabilidad” en una entidad era entendida como expresión de inestabilidad política para el régimen y que ponía en riesgo su hegemonía autoritaria, siempre al margen de la Constitución y las leyes.
En el sistema autoritario la llamada “ingobernabilidad” se “resolvía” con una decisión del solitario del Palacio, es decir, del Presidente de la República, la misma que trasmitía al secretario de Gobernación para que éste a su vez ordenara al Senado la destitución de manera implacable, de un gobernador y ello, mediante la manida fórmula de “la desaparición de poderes”. 
El secretario de Gobernación, para ejecutar la instrucción de “desaparecer poderes”, tenía que crear en el conjunto de la sociedad la percepción de “ingobernabilidad” y para ello contaba con un instrumento cuasi indispensable, esto es: con los medios de comunicación que, prestos —eran soldados del PRI, con raras excepciones—, difundían los boletines redactados en alguna oficina de Bucareli.
Desde luego que quien sabía cuándo había “ingobernabilidad” en una entidad federativa o en un municipio o en un sindicato —obrero o patronal—, en una organización social, en una universidad o en cualquier entidad, en cualquier parte del país, era sólo y exclusivamente el Presidente —no se olvide que éste era omnisciente, omnipresente y omnipotente—.
Por cierto, aunque la Constitución le da al Senado la facultad de declarar acerca de si se encuentran desaparecidos los poderes en una entidad, contrariando a la Carta Magna el Presidente de la República y el Senado no declaraban la posible inexistencia de los poderes, sino que éstos, sin investigación o indagación alguna, los desaparecían.
Así era en el sistema autoritario priista y, aunque parecía que eso ya no existía en nuestro país, algunos nostálgicos de ese presidencialismo omnímodo, algunos nostálgicos de las “salidas políticas”, pretenden restaurarlo, ya sea con “ciertas modalidades”, pero con la misma esencia autoritaria.
En el caso de Guerrero y como consecuencia de los trágicos hechos en Iguala, no pocos medios de comunicación, algunos dirigentes del PRI y del PAN regresan al pasado para “cortar cabezas” —en este caso la expresión es “política” y no literal, aunque el propósito sea el mismo: eliminar a enemigos o contrincantes— para con ello satisfacer sus objetivos que pueden situarse en una amplia gama, y que van desde la búsqueda de ganancia electoral, de venganza política, de acrecentar rencores sociales, de desprenderse de responsabilidades propias y algunos, con sentimientos religiosos, de expiar culpas.
Este comportamiento, aparte de los grados de miseria que conlleva, es claramente inútil para resolver el problema de la violencia generalizada en el país, completamente estéril para terminar con la inseguridad pública; es rotundamente vano para terminar con el narcotráfico y es evidentemente ineficaz para castigar a los responsables de las muertes y de las desapariciones en Iguala.
En sentido diametralmente diferente lo que debería hacerse es, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, aplicar el Estado de derecho.
Si de las investigaciones se desprende que Ángel Aguirre es responsable directo, corresponsable por omisión o por acción, entonces debe aplicarse la ley y sujetarlo a las sanciones penales o administrativas correspondientes. Si lo son funcionarios de la administración local, si lo es el presidente municipal, si lo son mandos militares en la región, si lo son autoridades de la PGR, incluyendo una posible omisión de Jesús Murillo Karam; si lo son, como es evidente, las bandas de narcotraficantes y sus sicarios, entonces reitero, para avanzar hacia tener un Estado de derecho debe aplicarse la ley y no “la salida política” con el espectáculo incluido de “cortarle la cabeza a alguien, al que sea, para que, finalmente, todo siga igual”.
¿Cuántos altos funcionarios “renunciaron” por lo de Acteal y Aguas Blancas y cuántos de éstos fueron procesados?
Esta fue característica del régimen priista y sería ahora la “fuga perfecta” para que el Estado mexicano continúe en su deterioro y los poderes fácticos —los de la delincuencia organizada y otros— sigan imponiendo a la sociedad la violencia, el crimen y el terror.
 Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam
Texto Original: http://bit.ly/124Pflr

La inseguridad, usufructo contra la ciudadanía



Amparo Brindiz Amador


El crimen, la inseguridad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, constituye una variable compleja, que influye y es influenciada por el comportamiento de variables sociales y económicas.

México no ha dejado atrás la crisis de violencia que enfrenta. Aunque durante la gestión de Felipe Calderón se vivió con más fuerza éste fenómeno –por su estrategia contra el narco-, la cuestión sigue igual o peor.

El problema no sólo se resuelve con el despliegue de militares, pues es más profundo: por una parte, un aparato de justicia –ministerios públicos, policías y jueces- sin las capacidades necesarias o inmersos en el círculo de corrupción para hacer frente a la crisis.

La percepción de inseguridad en la ciudadanía, es muy grande –basta ver las últimas encuestas-. La gente teme ser víctima y ser parte de las estadísticas, que dan muestra de la incapacidad del sistema de protegerla.

Secuestros, homicidios dolosos, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con y sin violencia al transeúnte, robo con o sin violencia de vehículo, son algunos de los principales delitos que se viven a diario en nuestro país.

Por otra parte, se da el fenómeno que posibilita delinquir, sin ser castigado, sin que pase nada, eso hace del crimen una actividad muy redituable.

Por lo que los gobiernos federales, estatales y municipales -como brazo ejecutor del Estado- deben ser capaces de responder a las demandas de seguridad; y de igual forma, los ciudadanos deben internalizar una expectativa de castigo si deciden romper las reglas. Es decir, es necesario hacer valer el Estado de Derecho.

La percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar cotidiano de las personas, la gente tienen miedo, está harta, no cree en las instituciones.

Para las zonas más afectadas, éste fenómeno se ha traducido en graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Esto es, la gente ve violentados sus derechos humanos, su calidad de vida, su vida misma.

Asimismo, existen condiciones muy arraigadas en muchos estados que influyen o propician actos de violencia y por ende inseguridad, como lo es: la pobreza, la falta de oportunidades tanto laborales como de educación, los conflictos sociales y políticos, la intromisión del narcotráfico en los asuntos públicos y privados. 

Por ello no sólo con un buen sistema de justicia, como mencione anteriormente, se resolverá este problema, sino que requiere una táctica integral de reingeniería institucional; esto es, de innovación y mejora de procesos, con eficiencia, eficacia, economía y transparencia que permitan el verdadero logro de resultados. Así como estrategias integrales de  recuperación del tejido social y mejora de oportunidades.


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