La izquierda debe renovarse para ser opción de gobierno

Posted by martes, 29 de abril de 2014

Por Jesús Ortega Martínez



Pienso que en México necesitamos hacer un esfuerzo particularmente especial para hacer avanzar las ideas de la izquierda democrática. Es necesario que se reflexione sobre su propio comportamiento, que se renueve en sus ideas y planteamientos programáticos. Además, es conveniente que se repiense a sí misma y, a partir de ahí, estar en mejores condiciones de convertirse en una opción de poder, en una opción de gobierno nacional, de gobierno federal.

Es necesario que la izquierda en México haga una reflexión sobre su propio comportamiento y renueve sus ideas para convertirla en una opción de gobierno nacional y federal. Pienso que en México necesitamos hacer un esfuerzo particularmente especial para hacer avanzar las ideas de la izquierda democrática. Es necesario que se reflexione sobre su propio comportamiento, que se renueve en sus ideas y planteamientos programáticos.

Además, es conveniente que se repiense a sí misma y a partir de ahí, estar en mejores condiciones de convertirse en una opción de poder, en una opción de gobierno nacional, de gobierno federal. Por eso, el evento que junto con varias instituciones académicas estamos realizando es parte de esta reflexión

De estos trabajos del Encuentro Internacional La Izquierda Democrática, que se lleva a cabo a partir de hoy 29 de abril y hasta el próximo 4 de mayo en diferentes ciudades de la República Mexicana, se elaborará la declaración México.

Este esfuerzo intentamos que sea anual.

Porque la solución de los problemas que viven las naciones de América Latina debe venir de la inclusión de todas las izquierdas, no de un solo hombre, además, su reto es mantener e incrementar los niveles de crecimiento y desarrollo en los países de la región, opinaron varios ponentes durante el primer día de este encuentro.

Pero no hay que confundirnos: la solución a los problemasde México no es tarea sólo de las izquierdas sino que éstas deben colaborar para que otros sectores de la sociedad compartan la necesidad de hacer reformas.

Una izquierda extremista y polarizante no va a ganar porque no suma a la mayoría de la población, sólo a la parte con que es totalmente coincidente y necesitamos sumar a la mayor pluralidad posible.

La izquierda está lista para ser parte de la solución de los problemas que vive el país, pues ello permitirá conformar una izquierda plural y democrática como la que ha triunfado en Ecuador, Brasil, Argentina y en Europa en otros países.

Coincido con el extitular del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg Karakowsky, quien en su conferencia magistral opinó que el objetivo por sí mismo no es la unidad de la izquierda, sino la transformación y la solución de los problemas del país.

De tal suerte que el PRD debe ver hacia afuera en lugar de sólo estarse viendo hacia adentro y ver el tema de la unidad como si fuera el único del país.

Esto se puede observar cuando se recorre la República Mexicana y se platica con compañeros de izquierda que están trabajando no por una supuesta unidad, sino en el afán de conseguir mejores condiciones para la población.

Cierto, nos falta reflexión, pero estamos preparados para gobernar. Ahora lo que falta es demostrar a los ciudadanos que somos una alternativa y no sólo unos actores políticos testimoniales.

Twitter: @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/ 

Maquiavelo y Telecom

Posted by viernes, 25 de abril de 2014


Por Zoé Robledo Aburto



Hace 500 años Maquiavelo empezó a escribir El Príncipe y hoy en México -y en especial en el Senado de la República- todavía hay quienes realizan una lectura equivocada de la obra del florentino. El mal lector cree que "maquiavélico" sería seguir una estrategia como la siguiente. Primero, entusiasmar a la población con una reforma a la Constitución que prometía que las cosas iban a cambiar en el país; que surgía un nuevo equilibro entre los poderes constituidos y el monopolio y los medios de comunicación. Segundo, poner las más viejas y oxidadas tuercas y tornillos al texto reglamentario para darle un sentido retrógrado a la reforma. Tercero, otorgarle la responsabilidad de procesarla a un senador de oposición al que le gusta la música clásica pero no sabe escuchar. Cuarto, en un acto de supuesta generosidad, dar marcha atrás y distraer a la oposición política con concesiones que liberan la presión pública para así dejar intocables algunos artículos contrarios al espíritu de la reforma aprobada en primer lugar. Queda claro: una lectura entusiasta de Maquiavelo no la hace menos equivocada. Lo "maquiavélico" no es lo inescrupuloso ni el ramplón pragmatismo. Todo lo contrario. Lo "maquiavélico" implica reconocer, como lo hiciera el mismo Maquiavelo en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, una virtud ciudadana y una ética pública que debe defenderse.

Nuestro deber como oposición es señalar lo perverso de esta estrategia política, ya no sólo por los contenidos de la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión sino también por la forma en la que se están procesando. Y exhibir a aquellos que con actitudes y conductas personales de carácter ordinario dañan el prestigio de la institución al aferrarse a pensar que las reglas del Senado se pueden negociar.

¿Se repondrá el proceso? ¿Se corregirá la iniciativa de Telecom? ¿Se salvaguardará el espíritu del texto constitucional para que este sirva de guía? ¿Se respetará el reglamento del Senado y se legislará con sentido social y no a partir de intereses particulares? ¿Se procesará de manera adecuada esta reforma? No son preguntas, son aspiraciones y objetivos de trabajo para los Senadores del PRD. Si esto ocurre, estaremos obligados a tener una lectura fina, argumentada y sostenida con evidencia. Esto hace una oposición responsable. Nosotros sí entendemos que la razón no acompaña las posiciones políticas por gracia divina ni se gana por la fuerza y la imposición.

El tema de telecomunicaciones y radiodifusión tiene que ver con empresas y empresarios, con usuarios y sus derechos, con ciudadanos y sus libertades, con garantías y un Estado capaz de ejecutarlas. A esta discusión hay que darle la máxima de las prioridades. No es para menos, pues un tema como este define la calidad misma de nuestra democracia.

El espíritu de las reformas al texto Constitucional resultaron de vanguardia, progresistas y a la altura de las necesidades de un sector en constante desarrollo y modernización. Muchas y altas eran las expectativas: Un estado regulador con una institución fuerte, autónoma y eficiente. Un sistema nacional de medios de comunicación democrático que garantizara la pluralidad y la apertura a distintos puntos de opinión. Una política nacional de inclusión digital para cerrar la brecha tecnológica entre dos realidades mexicanas. Una ley que ponía en el centro de sus motivaciones al ciudadano; como usuario y en su calidad colectiva de audiencia. Un acceso a información libre, horizontal y transparente facilitada por el uso irrestricto del internet.

Cuando votamos esa reforma a la Constitución sentimos que el Senado había defendido lo público con decoro. Mi aspiración, y la de muchos Senadores, es volver a tener ese sentimiento sin negociar las conquistas históricas ni los derechos humanos de nadie.

Habrá que regresar a leer a nuestro Maquiavelo. A pesar de sus malas famas, él le apuesta a la libertad tutelada por el Estado; considera que no sólo es deseable sino también posible construir un nuevo orden de virtud cívica. Lo maquiavélico es procurar una sociedad satisfactoria, estable, vigorosa y fuerte.

Texto publicado originalmente en: Diario Reforma. 

Inaceptable que se posponga construcción del Tren Transpeninsular para unir a Yucatán y Quintana Roo: Carlos Navarrete

Posted by jueves, 24 de abril de 2014

  • La Cámara de Diputados ya aprobó la inversión de 22 mil millones para su construcción, por lo que es inaceptable que siga indefinido su inicio.


Es inaceptable que el Gobierno federal posponga indefinidamente la construcción del Tren Transpeninsular para unir a los estados de Yucatán y Quintana Roo, porque esta decisión afecta directamente a los habitantes de la Península de Yucatán, señaló Carlos Navarrete Ruiz, en Cancún, municipio que visitó como parte de su gira nacional de encuentro con perredistas.
"Desde aquí expreso mi inconformidad con la posposición del proyecto del Tren Transpeninsular; no podemos aceptar que nos digan que no se va a construir y tampoco tengan definida una fecha para iniciar. El Presidente de la República se comprometió a que en el primer semestre del 2013 se iba a empezar", detalló.
Dijo que lo ideal sería que los gobernadores encabezarán, junto con los senadores de la República y los diputados federales de Yucatán y Quintana Roo, de todos los partidos, una comisión donde participen los líderes empresariales, para exigirle a Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, y a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, una definición sobre esta inversión que no debe cancelarse en la península.
Pero a falta de un liderazgo de los gobiernos estatales, los legisladores y dirigentes del PRD buscarán representar esta lucha. "Les pido a mis compañeros del PRD que encabecen la demanda frente al Gobierno de la República, y que exijan una explicación puntual del proyecto, su planeación y fecha para iniciar su construcción", dijo.
Aunado a ello, señaló que la Cámara de Diputados ya autorizó la inversión de 22 mil millones para dicho proyecto, que irá de Mérida a Cancún, y "esos miles de millones de pesos son necesarios para la economía de la Península de Yucatán, porque van a detonar el empleo, el turismo y el transporte de carga, aseveró.
"Es inaceptable que sin mayores explicaciones, el Gobierno federal le dé prioridad al tren México-Toluca, y deje al final el Tren Transpeninsular. Por lo que en el PRD vamos a acompañar a los líderes empresariales, que han expresado su desconcierto, su sorpresa y su molestia por este anuncio", enfatizó Navarrete Ruiz.
Durante su visita a la entidad, el ex senador Carlos Navarrete estuvo acompañado por la senadora Luz María Beristain; la regidora de Playa del Carmen, Laura Beristain; y los líderes del PRD en el estado, Emiliano Ramos, Julio César Lara y Zack Mukuy.

Magno evento del perredismo de la Ciudad de México: Encuentro de dirigentes con Carlos Navarrete.

Posted by

¡Por la unidad del PRD, todas y todos este sábado 26 a la Arena Ciudad de México! 

Recuperemos una oportunidad

Posted by miércoles, 23 de abril de 2014


Embarazo de adolescentes

Por Angélica de la Peña Gómez



El embarazo de adolescentes está considerado de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es producto de la desorientación, desinformación, discriminación y la violencia de todo tipo, especialmente la sexual; esto refleja una falta de conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Esta situación obliga a las adolescentes a afrontar -casi siempre solas- las consecuencias de un embarazo no programado y no deseado, pues al carecer de acceso a la educación o tener que abandonarla, no están preparadas para subsistir, para fortalecer su autoestima, su posición como sujetas de derechos en su familia y en su comunidad.

Lo anterior viene a cuento por la visita que Regina Tamés, en representación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), hizo a la Cámara de Senadores para invitar a las y los senadores a sumarse y apoyar la campaña #RecuperaUnaOportunidad. Es una llamada de atención hacia este fenómeno social.

El informe “Maternidad en la niñez” del Fondo de Población de Naciones Unidas, sitúa entre las causas de este fenómeno: pobreza generalizada, matrimonio infantil y esfuerzos inadecuados para mantener a niñas y adolescentes en la escuela.

Vergonzante para nuestra sociedad es la revelación que hace el mismo estudio al señalar que el 23 por ciento del total de niñas y adolescentes mexicanas cumple la mayoría de edad tras haber contraído matrimonio, lo que implica que 4.5 millones de niñas están casadas antes de cumplir la mayoría de edad (en octubre de 2013 el INEGI difundió que hay 19.8 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años en México).

Al revisar las tasas de hospitalización por complicaciones o aborto, el único grupo de edad en el que cada vez aumentan a mayor ritmo es en el de 10 a 14 años, que en 2012 ya llegó a ser de 7 por ciento del total. De 1990 a 2012 se registraron 3 mil 473 muertes maternas de adolescentes de 15 a 19 años.

Lamentablemente no hay estado de la república que no presente esta problemática, con marcada tendencia al alza en Tabasco, Campeche, Guerrero, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

Es obvio que las políticas públicas de educación sexual y salud reproductiva, desarrollo social y humano, así como la aplicación de la ley que debe proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, son deficientes, desarticuladas.

En el Senado ya hemos dado pasos importantes para construir una solución, como eliminar las llamadas “promesas de matrimonio”, y estamos por concretar la necesaria y urgente reforma a la Ley contra la Trata de Personas, además de fijar los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio.

Tenemos el compromiso de concretar las acciones necesarias para prevenir y atender la violencia de género, erradicar el matrimonio o la unión de hechos de niñas y adolescentes, impartir educación sexual, garantizar acceso a métodos anticonceptivos, evitar la deserción escolar y proveer servicios de salud reproductiva especializados e integrales.

Estamos obligados a garantizar que las adolescentes hagan lo que tienen que hacer: estudiar, capacitarse, tener acceso a los derechos que les son inherentes a su propia edad, para que concreten el proyecto de vida porque tienen derecho a ser felices.

Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.
Twitter: @angelicadelap

Encuentro por la izquierda democrática

Posted by martes, 22 de abril de 2014


Por Jesús Ortega Martínez



Del 28 de abril al 4 de mayo del año en curso un grupo de asociaciones civiles, de universidades, de personas involucradas —en mayor o menor grado— en la política y en los asuntos públicos, llevarán a cabo el Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática.
Dicho evento se realizará en la Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, Puebla y el puerto de Acapulco (posiblemente Oaxaca), y participarán con sus opiniones destacados académicos, investigadores, profesores y políticos de México, América Latina y Europa.
Se trata de un ejercicio intelectual, es decir, dedicar tiempo a la reflexión individual y colectiva. A la crítica, al análisis de la realidad que viven las sociedades contemporáneas y de manera particular, al pensamiento y acción de las izquierdas a principios del siglo XXI.
Este esfuerzo de reflexión crítica, tolerante y democrática, busca encontrar algunas respuestas a los desafíos que ahora se le presentan a esta corriente de pensamiento social y político.
Han pasado muchas décadas desde que se evidenció el fracaso mundial del socialismo autoritario, y a pesar de ello, aún existen partidos, gobiernos y personas que lo siguen viendo y apreciando como la solución a los grandes problemas sociales y políticos que padecen la gran mayoría de los países y sus respectivas sociedades.
Lamentablemente, por ejemplo, se continúa suponiendo —por algunas expresiones de izquierda— que sólo desde la “acción revolucionaria”, la misma que lleva implícita “la violencia revolucionaria” se podrá terminar con la desigualdad social y económica en que viven la mayoría de los países. Erróneamente, se persiste en la idea de que el único motor de los cambios sociales es la lucha de clases y desde esta anacrónica concepción se insiste —por alguna parte de la izquierda— en entender a la política como un eterno esfuerzo de polarización clasista, la que desde un falso determinismo histórico culminará tarde que temprano con la eliminación —literalmente— de la clase de los propietarios.
Ésta, siguen diciendo, es la única vía para acceder a la sociedad de igualdad y justicia. Con dogmas como estos es previsible que la democracia, la legalidad, la pluralidad, las libertades y derechos individuales sigan siendo vistos —por esta izquierda absolutista— como elementos contradictorios y esencialmente opuestos a los derechos sociales de las personas.
La izquierda democrática de principios del presente siglo debe plantearse una profunda reflexión crítica para superar de manera definitiva las visiones que hicieron del socialismo una iglesia saturada de dogmas, de evangelios, de liturgias, de adoratorios para santos, para beatos; plantearse un debate intenso que deba incluir el pensamiento universal con actitud crítica y libre de ataduras ideológicas o verdades absolutas, un debate abierto a las ideas y los pensamientos de los otros, de los que piensan diferente, es decir, un debate amplio como amplia es la pluralidad política en los tiempos que nos toca vivir.
La izquierda democrática debe repensarse a sí misma y hacerlo en el marco de las nuevas realidades que vive el mundo y que vive nuestro país y, además, con la capacidad y la determinación de desprenderse de cualquier visión absolutista y de alejarse lo más posible de quien asume que la posee.
La izquierda democrática debe replantearse las nuevas formas y los nuevos pensamientos del quehacer político que hagan de la lucha por la igualdad social un objetivo a cumplir en el presente, y no una consigna para un futuro que siempre será impredecible. Un quehacer político que en la lucha política pueda con suficiencia confrontar con la derecha sus propuestas y sus programas para atender los problemas de la sociedad actual en toda su complejidad —desempleo, inseguridad, violencia, discriminación, crisis económica— y para solucionar las injusticias y los horrores de la desigualdad.
Estos propósitos siguen siendo lo sustantivo de ser de izquierda, por ello continuará existiendo la necesidad de confrontar en la lucha política, principalmente en el terreno de las ideas, al conservadurismo, a la derecha, a quienes buscan preservar el statu quo que mantiene como insignia a la desigualdad social.
El elemento nuevo que tiene que asumir y reivindicar la izquierda —como valor en sí mismo y como elemento imprescindible en su quehacer político— es el de la democracia.
El encuentro de destacados demócratas de izquierda podrá contribuir a lograr ese objetivo fundamental de la izquierda moderna.
 @jesusortegam

 http://ortegajesus.blogspot.com/

LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, GRAN PENDIENTE DEL CONGRESO

Posted by lunes, 21 de abril de 2014




Durante muchos años pugnamos para que se elevara la edad de admisión al trabajo a quince años y hoy a partir de la disposición política del Ejecutivo federal, que envió la iniciativa a la Cámara de Diputados, podemos concretar el proceso en el Congreso de la Unión para que esta reforma sea enviada a los Congresos locales y pronto sea inscrita en nuestra Constitución, señaló en tribuna la senadora Angélica de la Peña al referirse a la aprobación de la reforma al artículo 123 de la Constitución.


Invocó a la misma voluntad política que facilitó la reforma al artículo 123 constitucional, a fin de que pronto sea enviado al Senado de la República el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que sea ratificado, y así entrar a la definición e implementación de políticas gubernamentales que logren gradualmente la real abolición del trabajo infantil de personas menores de 15 años en nuestro país.

Aseguró que con disposición se puede lograr la garantía de que niñas, niños y adolescentes terminen su educación primaria y secundaria antes de ingresar al ámbito laboral, es decir, privilegiar que niñas y niños gocen plenamente sus derechos, entre otros, su derecho a la educación, su derecho al juego, al ocio, a la participación, es decir, a vivir plenamente su infancia sin ningún tipo trabajo que los obstaculice.

Precisó que si bien la reforma al artículo 123 de la Constitución es trascendente, debe ser complementada con un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ese es un gran pendiente del Congreso de la Unión, no sólo porque es mandato derivado del artículo transitorio de la reforma del artículo 73 constitucional, sino también porque es una obligación con este importante sector de la población.

Finalmente, la también presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado hizo un llamado para que pronto sea dictaminada por las comisiones correspondientes y aprobada por el pleno la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de tal manera que el Congreso de la Unión actúe responsablemente y coadyuve a que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones como parte de la Convención sobre los Derechos de la Niñez.

"Vemos lo que queremos ver"

Posted by viernes, 18 de abril de 2014

Por Purificación Carpinteyro 



-dicen aquellos que se mofan de quienes, según ellos, vivimos obnubilados por la paranoia de la perpetua conspiración. Así que, aprovechándose de nuestra desconfianza, nos recetan con la medicina que anticipamos; nos disparan con balas de salva para que ocupados en apagar fuegos fatuos, nos olvidemos de que el diablo está en otra parte, que está en los detalles.

Así, mientras numerosos activistas sociales, organizaciones civiles y oficiales, defensores de derechos humanos, escritores, legisladores y sociedad en general, centran sus esfuerzos en erradicar la posibilidad de que la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, hace casi un mes, sea aprobada por el Senado, sin que antes se eliminen las disposiciones del proyecto que atentan contra derechos fundamentales consignados en la Constitución, tales como la libertad de expresión y el derecho a la información (específicamente aquellas en las que se le conceden facultades a la Secretaría de Gobernación para censurar, espiar y hasta desconectar redes de telecomunicaciones discrecionalmente); se descuida el propósito original de la reforma constitucional que debería regular esa legislación secundaria.

En la política, como en la guerra, el triunfo sólo es posible si se identifican y controlan los enclaves estratégicos para avanzar sobre el territorio contrario. Pero en cuanto a tácticas, es preciso analizar cuidadosamente el mapa para identificar minas en el camino -como parecen ser los preceptos incluidos en el proyecto del Ejecutivo, que siendo tan burdos parecen blancos falsos; objetivos visibles para ser sacrificados.

Asumamos que las comisiones dictaminadoras someten al pleno del Senado un dictamen que elimina las disposiciones que atentan en contra de los citados derechos pero que preserva el resto de la iniciativa, ¿es suficiente?

¿Y los objetivos de la reforma constitucional?, ¿qué habría sido de la obligación del Estado de hacer disponible a toda la población las tecnologías de la información y el conocimiento, a través de una política de inclusión digital universal; la defensa de la sana competencia en telecomunicaciones: incluyendo voz, datos, audio y video -independientemente de su anterior distinción como "telecomunicaciones" unas y "radiodifusión" otras; una cadena de televisión pública ciudadana; la apertura de espacios para la comunicación pública y social, incluyendo la comunitaria y de pueblos originarios; entre otros muchos logros, que para que no pudieran ser desvirtuados por la legislación secundaria fueron detallados en dieciocho artículos transitorios?

El Ejecutivo hizo bien sus cálculos: optó por un Senado que teóricamente no controla para trasladar a otros el costo político del retroceso. Y es que de 128 senadores, apenas 61 son integrantes del grupo parlamentario del PRI o sus aliados. Para tener mayoría simple necesitan de por lo menos cuatro votos más. Serán esos cuatro que deberán cargar, frente a la opinión pública, con la responsabilidad de votar a favor de una iniciativa retrógrada; y probablemente esos legisladores ya hayan medido sus riesgos, considerando los posibles arreglos previos y los beneficios que tener a su favor a los medios conlleva para obtener la candidatura y hasta el gobierno de su estado: al fin de cuentas "París bien vale una misa".

Superado ese escollo, la aprobación en la Cámara de Diputados será apenas un trámite. En ese recinto el PRI y sus aliados cuentan con 251 votos de 500, y no necesitan de nadie más para darle pase automático y sin debate, como ya es tradición.

Pero aunque pareciese que una vez más se perdió la batalla frente a los más poderosos grupos mediáticos, no se ha perdido la guerra. Si bien esos grupos cuentan con los números para revertir una reforma constitucional de la que el Ejecutivo ahora se arrepiente, no podemos olvidarnos de la posibilidad de que en el déjà vu de la historia, un tercio de los diputados interpongan una acción de inconstitucionalidad en contra de esta renovada "Ley Televisa".


 Publicado originalmente en: http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=24717#ixzz2zFJUlU3A

Entrevista completa a Jesús Ortega 14/04/14

Posted by martes, 15 de abril de 2014

Superar el estancamiento es posible

Posted by

La política económica, desde 1983, no ha dado los resultados que se pregonaban...

 Por Jesús Ortega Martínez



Desde que en México se adoptaron las políticas neoliberales a principios de la década de los ochenta, el crecimiento económico en nuestro país ha sido mediocre. Así, la política económica desde 1983 no ha dado los resultados que se pregonaban: no ha habido crecimiento económico ni han mejorado las condiciones generales de existencia de la población, ni la distribución del ingreso es más equitativa.
Durante el desastre macroeconómico en el sexenio de Miguel de la Madrid, el espejismo del gobierno de Salinas de Gortari, el “error de diciembre” durante la administración de Zedillo y la “docena perdida” de los gobiernos de Fox y Calderón; el crecimiento económico ha sido muy bajo para lograr el desarrollo de México.
Una de las principales causas es la falta de inversión pública derivada del abandono del Estado de su papel inversor por ceñirse al dogma neoliberal de reducción del gasto público y del déficit cero como fetiche económico.
Debido a todo lo anterior, es que se impulsó en el marco del Pacto por México una Reforma Hacendaria, acompañada de un replanteamiento de los criterios generales de política económica, para contar con instrumentos para impulsar el crecimiento económico.
Con la Reforma Hacendaria aprobada para el presente año fiscal, el gobierno federal tiene uno de los presupuestos más grandes de la historia, tanto en términos relativos como reales; asimismo se logró romper uno de los principales paradigmas neoliberales, adoptándose una política de déficit dinámico, la cual permite adoptar medidas de política económica utilizando esta herramienta de forma moderada.
A pesar de la Reforma Hacendaria aprobada, las previsiones para el presente siguen arrojando un crecimiento insuficiente para las necesidades del país y su gente.
El problema radica en que el gobierno federal está utilizando gasto público con una visión inmediatista, con una fuerte carga electorera. En lugar de utilizar la enorme cantidad de recursos de que dispone, el Ejecutivo dirige el gasto público a programas focalizados, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, pensando más en las elecciones intermedias de 2015 que en el crecimiento económico.
Asimismo, muchas de las herramientas, de las facultades que se le otorgaron al gobierno federal para acabar con privilegios de poderosos grupos económicos y aumentar la recaudación, están siendo revertidos por él mismo para proteger a grupos corporativos y aliados empresariales.
Estos mismos grupos, que deberían ser agentes económicos protagonistas en el crecimiento, aducen que la falta de éste es debido al “aumento de impuestos” (cuando en los hechos no se aumentaron los impuestos al consumo, como el IVA, lo que hubiera sido desastroso para sus negocios, así como el leve aumento de un par de puntos porcentuales en el Impuesto Sobre la Renta. Sólo se aplica a un minúsculo porcentaje de los contribuyentes de los dos últimos deciles de mayores ingresos).
Estos mismos grupos económicos tratan de culpar a la Reforma Hacendaria de su corresponsabilidad del mediocre crecimiento económico; señalan una reforma pensada en el interés general, antes de reconocer que la inversión especulativa, el intermediarismo, el no tomar riesgos al momento de invertir (quinta esencia del capitalismo) y, en el caso de los bancos, el no poner a disposición crédito para inversión productiva, son factores que inhiben el crecimiento económico en nuestro país.
Para poder encauzar a México en la ruta del crecimiento económico, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el bienestar de la gente, es indispensable que el gobierno aproveche las herramientas con las que lo dotó la Reforma Hacendaria, y redirija el gasto público con una visión de largo plazo, basada en el desarrollo humano.
Estamos todavía a tiempo, no perdamos otra oportunidad.
 Twitter: @jesusortegm 
Texto publicado originalmente en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez/2014/04/15/954127

Jesús Ortega responde a columna de Lydia Cacho

Posted by jueves, 10 de abril de 2014

México, Distrito Federal a 10 de abril, 2014 

Señor Director de Sinembargo Presente:

 Le pido, en el ejercicio de mi derecho de réplica, pudiera publicarse este escrito, en respuesta a los dichos de la señora Lydia Cacho, los cuales fueron publicados en su diario digital el día 10 de abril de 2014. 

Lydia Cacho dice en su artículo titulado “Asumir el riesgo” que:  “si ya están investigando a Jesús Ortega señalado por una de la víctimas del bar Cadillac, no importa el partido, todos los señalados deben de ser investigados”. Respondo: Estas pocas líneas son suficientes para evidenciar, con precisión, la ausencia de profesionalismo y veracidad en el ejercicio del periodismo; evidencian como, las animadversiones personales, las diferencias políticas, la intolerancia, pueden llevar a una persona —en este caso a una periodista— a escribir un artículo con el insano propósito de sólo zaherir, difamar y dañar. 

La señora Cacho insinúa, con perversidad, que estoy “siendo investigado” por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) debido a que he sido “señalado” por una persona. (Imaginen que el sistema judicial mexicano inicie investigaciones, realice averiguaciones judiciales en razón de “señalamientos”). Al suponer que así debe suceder, como lo pide la señora Cacho, entonces toda aquella persona que sea “señalada” por otra, a través de una calumnia (como en mi caso) o a través de un libelo (de nueva cuenta, como en mi caso) o a través de una periodista irresponsable (como es el caso) debiera ser sujeta a un proceso judicial de averiguación. 

Esa es una suposición absurda que sólo refleja ignorancia o sólo desprende insania. Para el conocimiento de los lectores de Sinembargo, YO, Jesús Ortega Martínez, interpuse una demanda civil en contra de la señora Sanjuana Martínez en un juzgado del estado de Nuevo León (en esa entidad tiene un domicilio particular la demandada) y de ello, tengo conocimiento, ya ha sido debidamente notificada. 

Pero además, YO, Jesús Ortega Martínez, interpuse una denuncia de hechos con fundamento en los artículos 8 y 21 constitucionales, así como en lo dispuesto en el 9 bis fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Esta denuncia la interpuse YO, Jesús Ortega Martínez, porque la señora Sanjuana Martínez pudiera tener conocimiento, como lo afirma, de diversos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos sancionados por la legislación penal vigente en el Distrito Federal. 

Interpuse la denuncia de referencia, para que las autoridades judiciales lleven a cabo cualquier investigación, y de ser el caso, que lo señalado por Sanjuana Martínez sea debidamente sancionado. Que se haga la investigación; así fue solicitado por MÍ parte ante las autoridades de la PGJDF, y estoy pidiendo se sancionen los delitos que la señora Sanjuana Martínez presume sucedieron. 

Por el contrario, de no ser así, la Procuraduría actúe en consecuencia en la aplicación de la ley y la justicia. “Asumir el riesgo” dice Lydia Cacho,  y comparto que así debe de ser. Entonces, para que no quede en dichos o “señalamientos” los que no pueden -según la ley- ser investigados ni procesados judicialmente, le pido, le exijo, que de tener conocimiento de hechos constitutivos de delitos que deben de ser penalizados, acuda ante el Ministerio Público e interponga la denuncia correspondiente. Emplazo, además, a Lydia Cacho a que demuestre que existe en la PGJDF, aparte de la denuncia que YO interpuse, otra a través de la cual pudiera estar siendo investigado. Coincido con usted en “asumir riesgos” por lo que uno hace o escribe. Asuma plenamente lo que escribe e interponga la denuncia por los hechos que usted presume son constitutivos de un delito. Eso sería lo social y periodísticamente responsable.


 Atentamente Jesús Ortega Martínez

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/10-04-2014/958931. 

El Estado o los poderes fácticos

Posted by martes, 8 de abril de 2014


Por Jesús Ortega Martínez



En el antiguo régimen de partido de Estado el control político sobre la sociedad era casi absoluto. El corporativismo era el recurso vertebral del régimen para mantener bajo sujeción al conjunto de la sociedad mexicana. El fortalecimiento del Estado suponía, de manera implícita, la existencia de un partido (el PNR, el PRM o el PRI) que controlara a los trabajadores, a los empresarios, al conjunto de los ciudadanos y desde luego a los medios de comunicación.
El régimen, igual que creaba centrales obreras y las ponía bajo su control, alentaba y controlaba periódicos o televisoras. Por ello, nada de raro tenía que Emilio Azcárraga Milmo declarara: “Somos soldados del PRI y del Presidente” o mencionara que “México es un país de clase modesta muy jodida”. La CTM, el SNTE, la CNC, diversos diarios o Telesistema Mexicano (hoy Televisa) cumplían, con métodos diferentes, la misma función para el régimen autoritario: ¡contribuir al control político sobre los ciudadanos!
Por ello es que las reformas constitucionales inscritas en el Pacto por México tienen, desde luego, un contenido económico (por ejemplo, terminar con los monopolios y con ello alentar el crecimiento de la economía), pero también tienen un claro contenido democratizador en el ámbito de la política,  esto es: democratizar el régimen político a partir de terminar con aquellos poderes fácticos que desde algunos medios de comunicación —aliados con algunos personajes y con ciertos grupos del actual gobierno— buscan restablecer el viejo sistema priista autoritario, para, con ello, mantener sus añejos e indebidos privilegios.
Precisamente de eso se trató la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, es decir: terminar con los monopolios económicos ahora existentes y con su enorme poder político que al paso de los años se sobrepuso al propio poder del Estado. De subordinados al PRI, lograron —los monopolios en telecomunicaciones— subordinar al Estado mexicano a sus intereses.
Entonces, es cierto que a los monopolios económicos en telecomunicaciones y en radiodifusión “les hace ruido” la reforma constitucional en la materia. Les hace ruido que el PRD —a partir de su participación en el Pacto por México— haya puesto énfasis en la necesidad de darle facultades al IFT para terminar con las dominancias monopólicas en el sector; les hace ruido que ya no sea el Presidente de la República el que otorgue las concesiones; les hace ruido que el IFT licite dos nuevas cadenas nacionales de televisión y que se constituya una cadena nacional del Estado; les hace ruido, en fin, que en la Carta Magna se hayan establecido las nuevas normas que ponen límites a su dominio sobre el sector y a su capacidad de chantaje sobre los poderes constitucionales del Estado.
Sin embargo, el ruido que han provocado las reformas constitucionales entre los grupos oligárquicos que dominan la economía del país a través de los monopolios ha provocado su reacción y, desde ya, se encuentran ejerciendo una enorme presión sobre los legisladores y sobre el propio gobierno para que desde las leyes reglamentarias se desvirtúe o incluso se anule lo alcanzado en la reforma constitucional.
Es así que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Ley Reglamentaria del 28 constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene apartados que, de aprobarse, mantendrían al sector dominado por los monopolios y con tales ventajas para éstos que impedirían la presencia de otros actores para la necesaria competencia en esta importante industria.
En el proceso legislativo en marcha en el Senado se habrá de definir si de nueva cuenta se imponen los poderes fácticos sobre el Estado o éste recupera sus capacidades para hacer prevalecer el interés público sobre cualquier interés particular.
Expresidente del PRD
Twitter: @jesusortegam 
Publicado Originalmente en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez/2014/04/08/952899

lunes, 7 de abril de 2014 Entrevista con Jesús Ortega Martínez para hablar sobre el PRD en programa Arsenal.(Segunda Parte)

Posted by lunes, 7 de abril de 2014

Entrevista con Jesús Ortega Martínez para hablar sobre el PRD en programa Arsenal. (Primera Parte)

Posted by

Taller Interactivo Para Cuadros Nacionales de Nueva Izquierda edición 10.

Posted by




¡Mañana tenemos una cita en punto de las 5:00 pm! 

¡La edición número 10 de nuestro taller interactivo ya esta aquí! 

¡Participemos y enriquezcamos mutuamente nuestro conocimiento!

Ponente invitado: Senadora Angélica de la Peña Gómez

Síguelo en vivo aquí: 


¡Muy buenos días compañeras y compañeros! 





Seguridad social: sin garantías

Posted by


Entrevista a la Senadora: Angélica de la Peña. 



Angélica de la Peña Gómez es senadora por el PRD y preside la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta. En septiembre pasado presentó una iniciativa para reformar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que las parejas del mismo sexo sean reconocidas y tengan acceso a la seguridad social. La iniciativa no se ha discutido en el pleno y, hasta ahora, la única vía para reclamar este derecho ha sido interponer un proceso judicial.
En febrero, el IMSS anunció que reconocerá los matrimonios homosexuales. En ese contexto, ¿la reforma legal que usted propuso sigue siendo necesaria?
Creo que al IMSS no le ha quedado de otra más que reconocer que es necesario no seguir discriminando a las parejas del mismo sexo. Por supuesto, el proceso judicial que se ha seguido ha llevado a que lo tenga que reconocer, y ha sido el mismo proceso en el caso del ISSSTE. 

Tenemos un precepto constitucional (de no discriminación) muy claramente definido en el artículo 1°, y tarde que temprano vamos a tener que exigir, incluso judicialmente, su cumplimiento.

En ese aspecto, claro que es necesario adecuar la legislación secundaria con ese precepto constitucional que es básico. Por lo tanto, seguiremos insistiendo en que la legislación se modifique para que no haya absolutamente ningún pretexto para no cumplir con el precepto legal, independientemente de la voluntad política de quienes eventualmente dirijan estas instituciones.

¿A qué atribuye usted la resistencia de las instituciones a reconocer estas uniones?
Lo que ya quedó resuelto en la Constitución: es una cuestión de discriminación. Por lo tanto, la Constitución ha avanzado a que quede claramente definido que no puede haber discriminación por ninguna condición. 

El problema que enfrentamos es un conservadurismo que no quiere aceptar los cambios, que quiere imponernos a toda la sociedad cuestiones que están más inscritas en un pensamiento moral.

Por eso es inaceptable que estas instituciones hayan tenido la tozudez para no acatar lo que la Constitución establece. Hay que actuar en congruencia, y en ese sentido ya se había tardado el IMSS en aceptar que tiene que cumplir. Ahora tenemos que garantizar que dé respuesta a todas las parejas que están esperando a ser reconocidas en todos sus derechos.

En el gobierno de la República, ¿observa usted alguna postura clara a favor o en contra del tema? 
No conozco ninguna posición ni a favor ni en contra. Obviamente es inaceptable que vayas en contra. Los ámbitos gubernamentales saben perfectamente que no pueden tener un discurso contra la Constitución, por lo tanto no lo hay ni creo que lo haya. Lo que necesitamos es que se concrete la voluntad política para que el gobierno y su partido aprueben las reformas que están en el Legislativo.

En el sexenio pasado teníamos muchas resistencias por parte del partido que gobernaba. Yo espero que quienes ahora gobiernan no sigan manteniendo esas resistencias que son eminentemente morales. La aprobación es un paso muy importante y tenemos que trabajar para lograr eso. 

Con quienes yo he discutido, sobre todo de parte del gobierno federal, no he encontrado ninguna resistencia explícita, al contrario, me parece que lo que les motiva, y eso es lo que tenemos que cuidar, es que los preceptos no invadan el ámbito local. La preocupación es eminentemente jurídica y de técnica legislativa. 

Yo creo que lo que ha prevalecido más bien es que ha habido otros temas que han sido determinantes en el trabajo legislativo. Hemos pasado por una carga de trabajo muy amplia, con muchas presiones, de manera que ese ha sido el impedimento para que esta ley no se haya visto como un asunto prioritario en la agenda legislativa. Yo espero que en este periodo de sesiones tengamos condiciones de estarlo dictaminando y espero también que cuando lo hagamos no se vaya, de ninguna manera, a parar la posibilidad de que la minuta sea aprobada en la Cámara de Diputados.

Publicado Originalmente en: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/03/ls-entrevista.html

Matrimonio igualitario en Chiapas

Posted by jueves, 3 de abril de 2014


Por Senador Zoé Robledo




La experiencia de ser chiapaneco se define con un concepto: Diversidad. Somos chiapanecos porque somos diversos. Porque 3 cada 10 hablan un idioma distinto al castellano. Porque 4 de cada 10 profesan una fé distinta a la católica. Porque 3 de cada 10 son parte de una etnia. Esta diversidad, motivo de orgullo de los chiapanecos, se traduce en un reto para nuestra entidad: la búsqueda de la igualdad.
¿Cómo se alcanza esta igualdad? La respuesta es siempre una: Desde las instituciones. Según el economista Douglas North las instituciones son las reglas de juego en una sociedad que estructuran las interacciones humanas; crean orden y reducen la incertidumbre. En ese sentido la igualdad, como aspiración de cualquier forma de progreso social, sólo puede ser alcanzada con el cambio institucional. En otras palabras, las sociedades son como los individuos en la etapa de la adolecencia; crecen todos los días, sufren cambios y transformaciones. Las instituciones deben ser trajes a la medida, que deben adaptarse en funsión y al ritmo de las sociedades. No podemos pensar al revés. Que las sociedades deben compartarse y adaptarse a lo que dicen sus instituciones sobe ellas.
¿La nuestra es una sociedad cambiante? Sí. Para muestra unos botones con datos del INEGI: De 2000 a 2011 en el país el porcentaje de líderes de familia que son mujeres creció de 20.79% a 23.9%. La tasa global de fecundidad en México (relación que existe entre el número de nacimientos y la cantidad de población femenina en edad fértil) pasó de 3.9 en 1985 a 2.3 en el 2011. Un dato adicional:  Según CONAPO hay una transformación de los hogares en México, hoy además de las familias tradicionales existen otro tipo de hogares, entre los que se incluyen; los hogares extendidos, unipersonales, madres solteras, corresidentes y parejas del mismo sexo que viven juntas.
¿Cómo lograr que las transformaciones y evoluciones sociales tengan un asidero institucional? Ya lo decía el comediante Groucho Marx “El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución.” Lo cierto es que el matrimonio, para algunos es la institución social básica, mientras que para muchos otros es derecho humano fundamental. En consecuencia debe adaptarse al desarrollo humano por una simple razón: las sociedades evolucionan y se transforman a un ritmo más veloz que el cambio institucional. La única forma de lograrlo, para garantizar orden y certidumbre de manera igualitaria, es eliminando las exclusiones. Este es el caso del matrimonio igualitario que hoy se discute en el Congreso de Chiapas.
La experiencia internacional es basta respecto a eliminación de las exclusiones a partir de las preferencias sexuales de las personas, tal es el caso de Holanda, España, Noruega, Argentina, Uruguay y Francia, entre otros, y en estados de nuestra República, varios han avanzado en ese sentido como lo son Quintana Roo, el Distrito Federal y Colima.
En todos los casos, la lógica es que el matrimonio no puede ser visto exclusiva, y excluyentemente, como la convivencia hombre-mujer cuyo único propósito es la procreación. Si así lo fuera la esterilidad sería una limitación legal para poder constituir un matrimonio. El tema del matrimonio igualitario es un paso progresivo, incluyente y benéfico; que no perjudica, sino que amplía una sociedad de derechos. Es una apuesta por la libertad y la tolerancia. Esa es la razón principal para que esta institución deba armonizarse con la realidad social de nuestra comunidad. La unión conyugal debe ser un mecanismo incluyente, que reconozca la diversidad sexual existente, por medio del cual dos individuos –de igual o diferente sexo– que tengan un proyecto de vida en común, puedan unirse y ser reconocidos por el Estado –con los derechos y obligaciones que surgen esta acuerdo de voluntades.
Ver en el matrimonio un vínculo legal para que dos personas, sin importar su preferencia sexual, puedan unirse, es una afirmación categórica de la igualdad jurídica que nuestro estado tanto necesita para que las personas respeten y sean respetadas, sin importar etnia, género, edad, condición social, religión u orientación sexual.
Las leyes chiapanecas deben reconocer y adaptarse a la diversidad de su sociedad, como ya lo hacen al respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, o como lo hicieron en el pasado, al modificar las leyes definían esta institución como una unión indisoluble y con obligación de obediencia para las mujeres.
La oportunidad se presenta con la iniciativa de matrimonio igualitario, presentada el 7 de marzo de 2014 por la diputada Alejandra Soriano Ruiz, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado. Este proyecto define al matrimonio como la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
El artículo primero de la Constitución Federal prohíbe, de manera específica, toda discriminación motivada por las preferencias sexuales; asimismo, el artículo segundo del Código Civil de Chiapas, precisa que el varón y la mujer son iguales ante la ley; por lo tanto, uno y otro tienen igual capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Así, según la legislación federal y local, las preferencias sexuales no pueden restringir la adquisición de derechos en ningún caso, por lo que el apartado referente al matrimonio debe actualizarse para que esté en armonía con el sentido incluyente de éstas normas jurídicas.
La verdadera igualdad en Chiapas sólo se puede lograr si se ofrece seguridad jurídica a todos los individuos de nuestra comunidad, reconociendo los derechos a quienes deseen unirse en matrimonio, sin importar su género. Todas las personas son iguales ante la ley y deben tener los mismos derechos sin que exista discriminación alguna. Si el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas fue un logro para nuestro estado, el formalizar jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo en forma de matrimonios, será también una victoria para la diversidad chiapaneca y su búsqueda de una legislación de avanzada, para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Una sociedad de derechos y libertades.

Publicado originalmente en: http://www.chiapasparalelo.com/opinion/2014/04/matrimonio-igualitario-en-chiapas/

Blogger news

Blogroll