Por Jesús Ortega Martínez



En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.

La presentación por parte del gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo en esa entidad ha generado una serie de reacciones adversas de algunos sectores conservadores, tanto de las derechas como de las izquierdas.
En 2015 habrá elecciones generales en el estado de Guerrero y ya desde ahora podemos observar a líderes políticos, incluidos algunos del PRD, enarbolando sus discursos alrededor del tema de la moral y lo religioso.
Sin embargo, en el Estado democrático y social de derecho, ninguna iglesia o político (así milite en la izquierda) pueden imponer que las mujeres vayan a la cárcel por decidir interrumpir un embarazo. Esas visiones son autoritarias, ambas penalizan la pobreza, ambas violentan derechos fundamentales de las mujeres.
En una democracia laica deben prevalecer sobre los dogmas religiosos y políticos, la salud pública, de fomento a la educación sexual, las políticas públicas de desarrollo social y el goce y disfrute de los derechos humanos y sociales de las mujeres.
Para las mujeres, principalmente las adolescentes que viven en las zonas de alta marginalidad del país, el embarazo no planeado es una de las causas de la pobreza familiar.
Para superar la pobreza femenina es indispensable que los gobiernos, especialmente si son de izquierda, hagan efectivos los derechos sociales básicos como son la educación, la salud, el seguro de desempleo y la pensión universal para todas y todos. Pero también es necesario hacer aplicable el derecho humano fundamental de las mujeres a decidir sobre su vida y su propio cuerpo.
Hacer realidad el derecho de las mujeres a decidir implica llevar a cabo cambios legislativos y acciones de gobierno que impidan —como debe ser en un Estado laico— la imposición de postulados religiosos o criterios morales personales sobre preceptos legales basados en la ciencia de aplicación universal.
Ante esta realidad, el Estado mexicano está obligado a preservar su condición laica, la libertad de las personas a profesar o no cualquier religión, a compartir o no cualquier pensamiento político o moral, tal y como lo establece nuestra Constitución Política. Las concepciones religiosas de las personas están referidas al ámbito de lo particular y nuestra Constitución Política nos garantiza a los particulares el derecho a profesarlas. Pero esas concepciones particulares sobre religión, filosofía, ideología política, etcétera, no pueden imponerse a todas las personas. Cuando eso sucede, el Estado laico y republicano se desvanece y es sustituido por visiones totalitarias.
La igualdad entre los géneros, el reconocimiento a las diversas identidades sexo-genéricas y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, son avances que debemos exigir al Estado laico que preserve, pero también debemos defenderlos en la propia izquierda ante visiones de quienes se dicen pertenecer a este espacio del espectro político, pero que en realidad sostiene visiones oportunistas y conservadoras.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam



A las compañeras y compañeros del #PRD en Guerrero
Presentes:

Pasó, para el PRD, la funesta etapa del intento de imponer el “pensamiento único” y ahora, en nuestro partido, se puede debatir, discutir, confrontar ideas y pensamientos con absoluta libertad. Esto es característico de un partido progresista, democrático y de izquierda.

En razón de lo anterior es que me atrevo a escribir esta carta para refutar, con el debido respeto, algunas de las declaraciones del compañero David Jiménez Rumbo acerca de la iniciativa que envío al H. Congreso del Estado el Gobernador Ángel Aguirre.

Ello con el propósito de despenalizar la interrupción del embarazo y con ello resolver un grave problema de salud pública en esa entidad, pero además para garantizar el derecho de las mujeres guerrerenses a decidir sobre su propio cuerpo.

1.- David Jiménez Rumbo declara a algunos diarios y medios de comunicación de la entidad, que: “El PRD no lucha por lesbianas, homosexuales, abortistas porque esos no son principios de la izquierda”.
Desde luego que en esta desafortunada declaración, David se equivoca rotundamente. Lo que dice es precisamente el discurso de la derecha fascista que se encuentra enquistada entre algunos de los sectores más reaccionarios de Guerrero y del país.

-¿Sabe Jiménez Rumbo que la discriminación por cualquier razón está prohibida y es penalizada por las leyes mexicanas y los tratados internacionales que nuestro país ha signado?

-¿Sabe que la igualdad jurídica es un derecho establecido en la Constitución General de la República y desde luego, se encuentra contenido en la declaración de principios y en el programa político del PRD?

-¿Sabe Jiménez Rumbo que los Nazis perseguían, encarcelaban y asesinaban a las personas sólo por el hecho de ser homosexuales o lesbianas?

-¿Sabe Jiménez Rumbo que los Nazis sentenciaban con pena de muerte a las mujeres que por diversas circunstancias tenían que abortar?

-¿Sabe que una de las mayores causas de pobreza familiar en Guerrero es el embarazo no deseado de niñas y adolecentes (de entre 12 y 18 años)?

-¿Sabe que en Guerrero hay uno de los índices de mortandad mayores por abortos mal practicados?
Es posible que no sepa esto, y si lo sabe entonces tendría —en consecuencia con los principios y el programa del PRD— que apoyar la iniciativa que ahora se encuentra en el Congreso Estatal.

2.- En sentido diferente a la derecha y a los fascistas, la izquierda lucha por la igualdad en todos sus sentidos y contenidos y por lo tanto los heterosexuales, los homosexuales, las lesbianas, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas tienen y deben de gozar de todos los derechos humanos, constitucionales y legales. El PRD ha dado desde siempre, la lucha para que nadie sea discriminado por condición alguna, incluido el género, la edad, la condición económica, el origen étnico, la preferencia sexual, la condición civil, etcétera.
¡La lucha por la igualdad jurídica y social de todas y todos los guerrerenses y mexicanos es la esencia del ser de izquierda!

3.- Dice David Jiménez Rumbo: “Las mujeres que apoyan la despenalización del aborto están mal de la cabeza, no tienen ni marido, nunca van a parir, ni abortar, porque ni marido tienen”.

Esta declaración no sólo es desafortunada, es verdaderamente aberrante y sólo da cuenta de su extremismo misógino que no puede ser admitido en el PRD y que sólo merece el más enérgico rechazo. Esta declaración insulta a todas las mujeres en el mundo, en México, en Guerrero y sobre todo a aquellas que están dando una lucha por que se reconozca su derecho a decidir y a no ser encarcelas por decidir sobre su propio cuerpo.

Pero además, con tan grosera declaración, llena de odio y fanatismo, agrede — ¡vea usted que tontería!— a las mujeres “que no tienen marido”. Su declaración es homofóbica, alienta la discriminación y es evidencia de un pensamiento totalitario.

4.- Jiménez Rumbo dice que “Jesús Zambrano y Jesús Ortega se encargaron de hacernos estúpidos y señalar que el PRD lucha por homosexuales, lesbianas y abortistas”. Esta última parte de su declaración es simplemente grotesca.
La lucha porque no sean discriminadas las personas por su condición genérica o por su preferencia sexual se encuentra en el ADN de la izquierda libertaria y democrática. Así ha sido desde nuestro surgimiento y así seguirá siendo.

¡Democracia ya, Patria para todas y todos!

Atentamente
Jesús Ortega Martínez 
Consejero Nacional del PRD

PRD EXIGE CASTIGO A IMPLICADOS EN FALLECIMIENTO DE JOSÉ LUIS TLEHUATLIE



El PRD lamenta el fallecimiento del niño José Luis Tlehuatlie Tamayo y exige se castigue al o los implicados conforme a Derecho proceda luego de que fuese víctima de una mortal lesión en la cabeza tras un enfrentamiento entre policías y pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan del municipio de Santa Clara Ocoyucan, en Puebla, el pasado 9 de julio.

La Procuraduría General de la República, en colaboración con la procuraduría estatal, debe actuar con todo rigor y brindar información imparcial y transparente que dé certeza sobre el curso de los acontecimientos y que permita un preciso deslinde de responsabilidades en este lamentable hecho.

A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe coadyuvar exhaustivamente en todo lo que sus facultades le permitan con el firme propósito de salvaguardar a cabalidad  los derechos de los familiares del menor, quienes no deben ser objeto de presiones de ninguna especie.

El PRD hace un llamado a que todo conflicto se resuelva pacíficamente, por la vía del diálogo. Las movilizaciones sociales deben respetar el marco legal y éste a su vez debe garantizar que toda persona pueda manifestarse sin ser objeto de persecución o criminalización.

Jesús Zambrano Grijalva
Presidente Nacional PRD


Por Jesús Ortega Martínez



Nuestra Constitución establece que las leyes civiles son las que deben normar el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados...

El partido Morena ha obtenido su registro para participar en las elecciones y para ello, como ordena la ley, ha presentado su declaración de principios.
Me llama la atención, especialmente, la convicción de tal partido “de reivindicar a la política” mediante el principio “del amor al prójimo”. Es de tomarse en cuenta esto, pues este principio es indubitablemente de carácter religioso: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues no existe otro mandamiento mayor que este” (Marcos 12,31). “No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19,18).
Podría citar otros textos religiosos que reivindican “el amor al prójimo” como un mandamiento de Dios, y estoy seguro de que nadie pondría en duda que ese principio de Morena es —literalmente— de carácter TORAL (Rabí Akiva dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo, éste es el gran principio de la Torá”) y, como se sabe, el prójimo era sólo aquel que pertenecía al  “pueblo elegido”.
Lo que sí debiera hacernos dudar a todos es lo siguiente: ¿Se puede reivindicar a la política mediante la propagación y aplicación de principios religiosos?
¡También estoy seguro que no!
Esta certidumbre la obtengo, en primer término, de la historia de muchos países —incluido el nuestro— que han padecido teocracias (gobiernos que se guían por principios religiosos) y que, contrario a reivindicar a la política, lo que hacen es defenestrarla, anularla, eliminarla.
Así sucedió en México en el siglo XIX cuando el Partido Conservador pretendió que principios religiosos sustituyeran a las leyes civiles, las cuales tienen origen, precisamente, en la razón política.
El Partido Conservador, en su pretensión de que México fuese guiado por preceptos religiosos, se convirtió en expresión diáfana de la antipolítica.
Nuestra norma fundamental, nuestra Constitución, no mandata el amor al prójimo como sí lo hace la Biblia. En sentido diferente, determina la igualdad jurídica para todos los mexicanos, establece la obligación del Estado de impartir justicia y de garantizar el ejercicio de derechos y el bienestar social y económico para todas y todos los mexicanos.
Nuestra Constitución establece que las leyes civiles son las que deben normar el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados, pero además obliga —por la condición laica del Estado mexicano— a que cualquier fundamento religioso no pueda sobreponerse o sustituir a las leyes civiles.
Karl Popper decía que “la irracionalidad insiste en que son las emociones y las pasiones más que la razón, las fuentes inspiradoras de la acción humana”. Siguiendo a Popper, el amor es una emoción y en muchos casos una pasión, pero no olvidemos que el odio es igualmente una emoción y una pasión que —en innumerables ocasiones en la historia de la humanidad— ha conducido a terribles tragedias de violencia y sufrimiento. Por ello mismo, Popper decía que “quienes enseñan que no debe gobernar la razón sino el amor, abren las puertas a aquellos que sólo quieren y pueden gobernar por el odio”.
Puede ser encomiable predicar el amor al prójimo, pero ello no puede y no debe anular a la razón política.
*Expresidente del PRD
 Twitter: @jesusortegam




La inversión privada en generación y comercialización de electricidad representa un modelo de mercado que de ninguna manera podrá garantizar a los usuarios tarifas más económicas, pues Comisión Federal de Electricidad suministrará únicamente energía eléctrica a los consumidores residenciales y las tarifas serán fijadas por la Comisión Reguladora de Energía mediante la ley de la oferta y la demanda, señaló Angélica de la Peña en tribuna. 

Al fijar su postura en contra de los dictámenes referentes a la industria eléctrica, de energía geotérmica y Ley de Aguas Nacionales y presentar sus propuestas de modificación, la senadora de la Peña resaltó que el dictamen propuesto no es otra cosa que la renuncia del Gobierno federal a llevar a todo el país y a todos los rincones el servicio eléctrico, y de aprobarse sin modificaciones las personas con más alta marginalidad estarán sujetas al servicio de los operadores privados para allegarse del servicio de energía eléctrica. 

"El argumento de que la competencia disminuye el precio de las tarifas eléctricas no encuentra comprobación en la realidad. Las experiencias internacionales en la privatización eléctrica, no demuestran bajas tarifarias a los usuarios finales. Basta enunciar el art. 139 cuya redacción tiene un sentido que puede ser enunciativo de utilización electorera y sin duda su implementación afectará a las clases medias y a las medias bajas."

Dijo que al establecerse la industria eléctrica como una actividad de interés general, sin limitación alguna, se corre el riesgo de imponerse sobre otras actividades igual de importantes para el interés público como lo es la política de conservación de los recursos naturales y de protección de nuestro medio ambiente. 

"Es preocupante la eliminación de la política de conservación, tanto para las Áreas Naturales Protegidas Federales, como para las estatales, las municipales y de las comunidades indígenas. Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural y la biodiversidad de México, ejemplo de ello hay muchos por todo nuestro territorio nacional con los denominados megaproyectos, como es el caso de Oaxaca contra la construcción de parques eólicos de Gas Fenosa."

En cuanto a la Ley de Energía Geotérmica, añade la legisladora del PRD, el Dictamen busca fomentar la participación privada en el sector geotérmico para supuestamente incrementar la capacidad del Estado mexicano para generar electricidad y a pesar de que es una fuente generadora de energía de las denominadas limpias, "la industria aparejada genera impactos asociados no compatibles con los objetivos de la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, ya que obliga a modificar el uso de suelo, deforesta, utiliza grandes cantidades de agua, insumos tóxicos, genera residuos peligrosos, ruido, contaminación lumínica, fragmentación del hábitat y mayor presión sobre los recursos naturales, incluida la biodiversidad." 

De la Peña Gómez apunta que la propuesta presentada por las comisiones dictaminadoras no representa el marco regulatorio que pueda proteger las y los mexicanos de los intereses de los corporativos energéticos que operan y dominan el mercado energético en el mundo quienes tendrán manos libres para decidir por sus intereses. 

"Mucho me temo que en el corto plazo la sociedad exigirá la nacionalización de los corporativos, como seguramente acontecerá pronto en Inglaterra por el fracaso de la privatización de este derecho. En tanto los corporativos trasnacionales se frotan las manos", concluyó la senadora Angélica de la Peña.


Por Jesús Ortega Martínez



Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y por vías irregulares lo hacen sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países.

México y sus vecinos sufren actualmente una crisis humanitaria de gran magnitud: la migración masiva de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Las causas de su emigración son variadas y complejas, pero la mayoría lo hace con la esperanza de reunirse con sus padres, adquirir mayores oportunidades económicas o para escapar de la violencia y la explotación que sufren en su lugar de origen.

Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y por vías irregulares lo hacen sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países.

En este contexto, las y los menores son especialmente vulnerables a ser víctimas del endurecimiento de las políticas migratorias, la xenofobia, la discriminación, el secuestro y  la extorsión por parte del crimen organizado o de las autoridades, así como a la trata de personas con propósitos laborales o sexuales.

Grave resulta, asimismo, que a estos menores se les trate como criminales, ya que su detención y encarcelamiento por ser su situación irregular, tanto como resultado de un ingreso ilegal como de la falta de un permiso de residencia, va en aumento.

Como es evidente, esta situación no sólo es violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política mexicana y en la Bill of Rights estadunidense, sino que también viola diversos instrumentos internacionales, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es vinculante para ambos países.

La Convención sobre los Derechos del Niño protege a todos los menores sin discriminación alguna. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes en un Estado, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Los principales derechos que amparan a la niñez y adolescencia migrantes de esta Convención son: la garantía de debido proceso en la política migratoria; el derecho inalienable a vivir en familia (derecho a la unidad o reunificación familiar); el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de niños, niñas y adolescentes migrantes con políticas específicas para atender sus necesidades de protección y desarrollo; y la vigilancia del destino de las remesas a fin de optimizar su impacto positivo en la calidad de vida de niños y niñas.

Destacan también el derecho a la identidad, nacionalidad y a la protección frente a la detención y criminalización en el marco de la migración infantil y adolescente.

El Estado mexicano está obligado a atender esta crisis desde su raíz, generando las condiciones para el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez y la adolescencia. Asimismo, está obligado a exigir a Estados Unidos respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a respetarla en nuestro territorio, independientemente de la nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en nuestro país.

Twitter: @jesusortegam

 http://ortegajesus.blogspot.com/


Nuestra frontera sur y sus migrantes



Angélica de la Peña Gómez
En México se discute de manera relevante la situación que padecen no solamente connacionales nuestros sino también hermanos de Centroamérica y de otros países del mundo, al intentar cruzar la frontera y llegar a territorio estadounidense.
Se ha evidenciado la crisis humanitaria que sufren niños migrantes no acompañados, de los cuales casi un tercio son niños mexicanos; pero nos ha hecho falta mirar hacia el sur, hacia nuestra frontera con Guatemala y Belice, en donde nosotros, México, somos tan victimarios de los migrantes centroamericanos como Estados Unidos de América lo es de los mexicanos.
Ver la paja en ojo ajeno e ignorar la viga en ojo propio. Es necesario insistir en que la exigencia que hacemos al gobierno norteamericano para que respete los derechos humanos de todas las personas que por diversas situaciones —violencia, extrema pobreza, búsqueda de alternativas de vida— se arriesgan a cruzar la frontera norte de México es la misma que debemos hacer a nuestras autoridades con respecto a niños, adolescentes, mujeres y hombres que colocan su vida en manos de traficantes de personas para atravesar la línea fronteriza en el sur del país.
Es grave que persigamos a centroamericanos. Es grave que nos hagamos de la vista gorda frente a las situaciones de violencia que padecen personas extranjeras, en su gran mayoría centroamericanos, en su travesía por territorio mexicano hacia Estados Unidos de América.
Es necesario reconocer que el Estado mexicano tiene la obligación de ser garante del respeto a los derechos humanos, por el nuevo enfoque de nuestra Constitución que privilegia el principio pro persona y por los múltiples instrumentos internacionales de los que es parte el Estado mexicano.
Contamos con un Programa Especial de Migración y con bombo y platillos se ha echado a andar el Programa Frontera Sur. Vergonzosa política migratoria. “Regular” es el discurso de nuestras autoridades al referirse a la protección que ofrecerán a la oleada migratoria proveniente de Centroamérica; “contener” y “detener” son utilizadas por funcionarios norteamericanos.
Los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo que habrán de instalarse a lo largo de la frontera con Guatemala y Belice ofrecerán atención médica y contarán con personal del DIF; serán resguardados por elementos de la Policía Federal, del Ejército y Marina; de nueva cuenta las fuerzas armadas enviadas a combatir bandas dedicadas a la trata de personas y de la delincuencia organizada.
Nadie ha mencionado qué hacer con los elementos del Estado que participan en la extorsión de los migrantes.
No podemos implementar políticas públicas que van en contra de los derechos humanos de centroamericanos como si nosotros no fuésemos víctimas de lo mismo en territorio norteamericano. No podemos replicar una política migratoria que criminaliza la migración irregular impulsada por la pobreza y la violencia.
Quienes hablan de regular, contener, detener el flujo de niños, adolescentes, mujeres y hombres de Centroamérica y México están equivocados, pasan por alto lo evidente, o simplemente, lo ignoran.
Todas esas personas se aventuran a llegar a Estados Unidos de América corriendo todos los riesgos imaginables (condiciones climatológicas extremas, maras salvatruchas, delincuencia organizada, tratantes de personas, delincuencia local, viajar en La Bestia, policías que los extorsionan, hambre, sed) porque la pobreza y la violencia en sus países representan un peor infierno. No hay muro que pueda detener la desesperación.
Si queremos hablar de una solución integral y de largo plazo, primero debemos pensar en desarrollo económico sustentable, creación de empleos dignos y bien remunerados, autosuficiencia alimentaria, uso racional de recursos naturales, educación de calidad, por decir lo menos, para toda nuestra región.

@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República.

Loret y los fenicios del periodismo


Carlos:



Con las falsas aseveraciones que sostienes en tu columna en El Universal, te sumas a los voceros de Televisa que han venido manejando una cobertura parcial y que en consecuencia falta a la verdad.
Nos acusas de "reprimir la diversidad de opiniones", de dar "un golpe autoritario desesperado" y hasta de sostener una "amenaza" contra nuestros legisladores si votaban en sentido contrario a la opinión del Consejo Nacional sobre la reforma secundaria en telecomunicaciones.
En primer lugar, debo informarte que los resolutivos de tal órgano distan de ser una línea represiva. Por el contrario, de acuerdo con el inciso d del artículo 93 de nuestro estatuto, el Consejo Nacional del PRD tiene la función de "tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a los miembros del Partido en las instancias ejecutivas y legislativas de los gobiernos relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legislativo".
Aún más, la fracción V del artículo 103 del Estatuto del PRD establece que es función del Comité Ejecutivo Nacional "Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre el sentido de los votos emitidos por cualquier Grupo Parlamentario del Partido, ya sea a nivel nacional o estatal, cuando se trate de asuntos de gran trascendencia".
También sostienes que "Los Chuchos son territorio Telcel", que "los Chuchos se olvidaron de aquellos a quienes siempre dicen defender: los mexicanos de más bajos ingresos", que defendemos "los intereses del hombre más rico de México" y afirmas que maniobramos para preservar la larga distancia y altas tarifas en telefonía. Falso, porque gracias al PRD se incorporaron los beneficios en telefonía que ahora ustedes tanto alaban. Estas medidas no venían en la "ley Lozano" que se quiso votar en los días de Semana Santa.
El PRD votó en contra en lo general del dictamen debido a que los criterios para definir y aplicar el carácter de agente económico preponderante contravienen la reforma constitucional y son opuestas a la democratización de la radiodifusión. Esto es, el monopolio de Televisa quedaría intocado.
¿Por qué esta inusitada reacción y embestida de los voceros de Televisa? Porque a Televisa le molestó el voto de la izquierda pues querían la unanimidad, porque no conciben que una fuerza política pueda tener una decisión diferente a sus intereses y caprichos.
El PRD seguirá, como ya lo ha anunciado, su lucha contra los monopolios y las prácticas que perjudican a la mayoría de la población.
Más bien, Carlos, tú actúas como fenicio del periodismo.

Por Jesús Ortega

Desde hace unas semanas, algunos periodistas han asumido el papel de voceros de Televisa para lanzar una ofensiva política en contra del PRD y particularmente en contra de su presidente nacional, Jesús Zambrano, y de todos aquellos dirigentes y líderes partidarios identificados con Nueva Izquierda (Los Chuchos, como se nos identifica coloquialmente).
Las causas de tales ataques son varias, pero identifico dos principalmente. La primera tiene que ver con que el PRD y principalmente Nueva Izquierda, fuimos los promotores e impulsores de la reforma constitucional en materia de competencia económica y la respectiva en materia de telecomunicaciones. Tan es así, que hasta los más acérrimos críticos del Pacto por México ahora reconocen la valía y la trascendencia de tales reformas constitucionales, al grado de que su discurso crítico contra las leyes secundarias se sustenta en que éstas se desapegan o contradicen el texto constitucional reformado.
A Telmex, a Televisa y a sus respectivos socios, no les agradó, desde luego, ninguna de las mencionadas reformas constitucionales y ahora están utilizando todos sus recursos para echarlas abajo o, en su caso, hacerlas inservibles. Uno de esos recursos —y  la segunda causa de los ataques de Televisa al PRD— es nuestra resistencia a aprobar las leyes secundarias, y esto es así debido a que precisamente en varios de sus artículos y en la propia exposición de motivos contradicen lo alcanzado en la reforma constitucional en telecomunicaciones.
Sí se utilizó la fuerza del Estado para imponer a los monopolios (los poderes fácticos) las mencionadas reformas  constitucionales,  y ello se hizo con el propósito de impedir que continuaran controlando la economía del país; con la reforma secundaria en telecomunicaciones, los poderes fácticos, es decir, los monopolios, están haciendo valer todo tipo de presiones para doblegar al gobierno priista y al Estado mexicano.
La estrategia mediática de Televisa consiste en colocar el debate en una falsa disyuntiva en donde partidos, dirigentes políticos y legisladores que están por que prevalezca —en la ley secundaria— la sustancia de la reforma constitucional, son (dicen perversamente) favorables a Telmex y a Slim.
Esta estrategia contradice totalmente las concepciones y los objetivos en que se apoyó la elaboración de la reforma al artículo 28 constitucional y en donde se buscó, siempre, contener y eliminar al conjunto de monopolios, incluyendo a los de telecomunicaciones y radiodifusión (Telmex, Telcel, Televisa-Azteca y otros).
Por ello mismo, es que el grupo parlamentario del PRD en el Senado votó en contra de la ley secundaria; porque ésta contradice —en varias partes a la Constitución— y porque había que enfrentar la estrategia mediática de Televisa o de Telmex.
Seguirán los de Televisa con sus ataques a través de sus empleados disfrazados de periodistas o de legisladores cooptados del PVEM, del PRI y algunos del PAN, pero ello mismo dará cuenta ante la población de qué partidos fueron realmente consecuentes en la acción política de combate a los monopolios.
En ese sentido, resulta lamentable que el gobierno priista haya cedido a las presiones de algunos de los poderes fácticos.
Ello es prueba del poder de éstos, pero también exhibe al gobierno en su debilidad y en su peligrosa inconsistencia, misma que finalmente a quien daña es al conjunto del país.

 Twitter: @jesusortegam

Licenciado Juan Francisco Ealy Jr.
Director General de El Universal

Le solicito, en uso de mi derecho de réplica, la publicación de el siguiente escrito en respuesta a la columna de Carlos Loret de Mola, publicada en su prestigiado diario el día 2 de julio del presente año y que lleva por título: “Los Chuchos de Slim”.

1.- Carlos Loret de Mola dice: “Los negociadores perredistas de las reforma en materia de telecomunicaciones y los directivos de Telmex-Telcel que les tiran línea”, la cita era en el hotel Geneve de la Zona Rosa del DF, propiedad de inmuebles Carso. “La sintonía entre ambos se inició desde tiempos del Pacto por México”.

Respuesta: ¡Loret de Mola miente de manera deliberada!

Yo fui uno de los negociadores del PRD en el Pacto por México,  los cuales participamos en la elaboración de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, de radiodifusión y de competencia económica. El propósito de tal reforma era, y sigue siendo, terminar con los monopolios como los de Telmex-Telcel,  como Televisa y sus socios y como otros que existen en diversas áreas de la economía del país  (los poderes fácticos a que hace referencia el Pacto), y que han obstaculizado la competencia, obstruido el desarrollo de la industria debilitando la competitividad del país y, desde luego,  afectando los ingresos de millones de usuarios.

Desde que iniciamos las pláticas para impulsar el Pacto, durante las discusiones del mismo y ahora en el proceso de las leyes secundarias,  no me he reunido ni hablado con Slim ni con ninguno de los directivos de su empresa y de igual manera con ninguno de los socios o directivos de Televisa o TVAzteca para tratar asuntos de telecomunicaciones o de competencia económica.  

2.- Loret de Mola dice: “Según fuentes bien informadas (el clásico recurso para inventar) a un alto dirigente perredista se le escuchó decir: Esto no le va a gustar a Carlos”.

Respuesta: Es posible que así haya sucedido. La reforma constitucional, claro está,  no le gustó a Slim, como tampoco, es evidente,  le ha “gustado” a Azcárraga y socios, y de igual manera no les gusta a otros dueños de monopolios.

¿Qué no le gusta a Slim y a Azcárraga? ¡Y qué importa que no les guste! De eso se trataba la reforma constitucional, es decir: de contener, de impedir su enorme poder de control sobre la economía del país y detener su dominio sobre muchos políticos.

3.- Loret de Mola dice: “varios de los asesores estrella del PRD en materia de telecomunicaciones exhiben su falsa imparcialidad”.

El reportero de Televisa se refiere a la diputada Purificación Carpinteyro,  Mony de Swaan, Alfredo Figueroa, Ángel García (¿y quién es ese?)  y hace referencia a Guadalupe Acosta Naranjo. 

Respuesta: Acosta Naranjo es dirigente del PRD y parte de los negociadores en las sesiones del Pacto, y Purificación Carpinteyro que es diputada perredista fue, como tal, consultada en varias ocasiones;  Figueroa y de Swaan igualmente fueron consultados en algún momento sobre temas específicos, pero salvo Acosta Naranjo ninguna de estas personas asistió a las múltiples reuniones del Pacto por México.

¿Pero que los dirigentes del PRD consulten a especialistas es condenable? Desde luego que no.  Es incluso necesario. Lo que debo decir, sin embargo, es que los consultábamos en ocasiones, precisamente por su clara posición en contra de los monopolios (el de Televisa, Telmex y todos los demás).

4.- Dice Carlos Loret de Mola: “Trabajo en Televisa y llevo meses pidiendo que todos los que opinamos del tema telecomunicaciones transparentemos ante nuestros públicos cualquier conflicto de interés”.

Respuesta: El conflicto de interés de Loret de Mola es evidente, pero falta a su condición de periodista cuando sacrifica objetividad por defender los intereses económicos de la empresa para la que trabaja. Cuando eso sucede desaparece el periodista y aparece el empleado. 

5.- Es lamentable que, por presiones de esos mismos monopolios el gobierno haya cedido, y que una magnifica reforma constitucional que alentaría la competencia en beneficio de los usuarios,  esté siendo arruinada en una de sus partes sustantivas. 


Jesús Ortega Martínez

Coordinador Nacional de Nueva Izquierda

Compañeras y compañeros, dando clic en los siguientes links, podrán consultar los documentos expuestos en nuestro pre consejo por nuestro compañero Roberto Morales: 


TRES VECES LO ENGAÑÓ




La primera fue porque estaba lejos; la segunda porque estaba muy cerca y la tercera por mala intención. Así se puede resumir el triple evento en que el holandés Robben hizo ver rasgos sospechosos en el árbitro portugués de cuyo nombre  no queremos acordarnos los mexicanos.

 Escribo estas notas cuando todavía se siente, y se comparte, un sentimiento de tristeza y frustración al ser eliminado el equipo mexicano de futbol en el bastante turbio campeonato mundial en Brasil.  En esta mundial se dan circunstancias que debemos reflexionar tanto en el interior de nuestro país y en el escenario de los grandes intereses que se bordan en la industria mundial de los deportes. El futbol es un ingrediente cultural importante y se requiere pensarlo, por todas sus implicaciones sociales. Revisar los intereses en juego, tanto en nuestro país como en el esquema internacional debe ser un asunto de especialistas y de disciplinas múltiples.

  Sin embargo, por ahora,es necesario volver a la política.

  Dentro de un año habrá elecciones federales en México. Será una de las llamadas elecciones intermedias, porque se corresponde con la mitad del  sexenio, y a diferencia de los años anteriores, ésa será una verdadera evaluación hacia el régimen político. Serán evaluados por la ciudadanía todos los poderes de la Nación.

   Es claro que hay asuntos que deben someterse a la voluntad de los ciudadanos y, por supuesto, hay otros que no. Sería insensato proponer que la ciudadanía decida sobre la alineación de los mexicanos seleccionados en las canchas de futbol. Imaginemos a los connacionales votando sobre quién debe sustituir al “Gallito” Vásquez. Imaginemos un referéndum sobre si don Miguel Herrera se va o se queda cuatro años más. Sería imposible e insensato.

 Pero, a diferencia del futbol, hay asuntos sobre los cuales los mexicanos deben decidir y ese es el caso de las políticas que ha de implementar el país en materia de energéticos de toda naturaleza. En ese orden, un sector amplio de legisladores tiene la intención de que las reformas en la materia sean decididas por los mexicanos en general.  Se trata de que haya un referéndum vinculatorio el día de julio de 2015 cuando los mexicanos vayamos, una vez más, a las urnas en todo el territorio nacional.

 El futbol, con sus lecciones amargas, nos ha enseñado que la voluntad de los protagonistas es decisiva para conseguir buenos o malos resultados. Nos ha demostrado que se puede ir más lejos y que tenemos potencialidades en todos los sentidos.  A su vez, la historia nos ha dejado amplias y profundas lecciones, sobre la necesidad de que todos los mexicanos estemos prestos y convencidos de que podemos ir más adelante.  Nos ha enseñado que podemos avanzar sin necesidad de enajenar discrecionalmente  las riquezas del suelo y del subsuelo.

  Así como en los deportistas mexicanos hay potencialidades, en nuestros suelos y subsuelos yacen recursos que no podemos calcular o medir fácilmente. La geografía nos escrituró veneros que son patrimonio nacional y que debemos cuidar en todas las circunstancias.

Dentro de doce meses tendremos elecciones federales y será una oportunidad para hacer valer nuestro compromiso con la nacionalidad. Será una oportunidad para demostrar que los mexicanos queremos que nuestros recursos sean cuidadosamente administrados.  Sobre todo, que el auténtico patriotismo tutele las políticas en materia de energéticos.

  Estamos a un año, pero también estamos ya sobre un proceso de reformas en el plano de los energéticos que va a afectar al país y esa afectación será negativa sin duda alguna. Por eso mismo, debemos estar atentos y vigilantes.

  El debate sobre el tema se ha producido con limitaciones. Se han hecho trampas y se ha hecho un uso fraudulento de las libertades de expresión en los foros legislativos.  Sin embargo, los mexicanos tendremos la palabra en las urnas y esa decisión debe ser reflexionada. Tenemos un año para hacerlo.  A diferencia del futbol que brinda oportunidades cada determinado tiempo, en las decisiones de nuestro país no habrá otra oportunidad.

Tres veces el jugador holandés Robben engañó al árbitro.

Los mexicanos, por nuestra parte, no sobreviviremos bien a un nuevo engaño.


* El autor es Senador por Chiapas por el PRD.

Texto original: http://zrobledo.blogspot.mx/2014/07/tres-veces-lo-engano.html

Por:  Jesús Ortega Martínez

En el periodismo, la crítica hacia la política le es consustancial. No podría entenderse a un periodista profesional si éste no estuviera observando, analizando y criticando a las y los políticos.
Por ello, nadie debería alarmarse y menos sorprenderse ante eventos como el que se presentó recientemente con la diputada Carpinteyro y que haya suscitado un alud de críticas desde varios frentes periodísticos.
Pero pienso que el análisis y la crítica hacia la política nacional, si no contempla el análisis del periodismo que hace política y que lo hace con la misma pasión con que lo realizan los políticos profesionales, será incompleto.
Los políticos, obviamente, enarbolan o defienden ideas, convicciones, programas partidistas y, desde luego, intereses económicos y sociales que se identifican con su orientación ideológica. Igualmente hay políticos que, con el gafete de periodista, enarbolan y defienden ideas, convicciones ideológicas, programas partidistas y, desde luego, determinados intereses económicos y sociales.
Veamos que en el tema de telecomunicaciones y específicamente en el asunto de cómo definir quién es un agente económico preponderante, la posición política del senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional, es diáfana en la defensa de los monopolios en televisión o en telefonía y, en cierto sentido, la claridad con que lo plantea se le agradece, pero quizá más poderosa que la opinión del senador Lozano, es la de los políticos-periodistas-políticos que actúan en, por ejemplo, el programa Tercer Grado de Televisa.
Es correcto, opino, que los periodistas localicen y señalen a legisladores que tienen o podrían tener “conflicto de interés” y, sin embargo, lo deleznable del trabajo de algunos periodistas-políticos o políticos-periodistas es que (por intereses económicos o políticos) se resisten a señalar a tod@s los legislador@s que mantienen o pudieran mantener conflictos de interés.
Raymundo Riva Palacio hace bien en criticar el conflicto de interés en el que se situó la diputada Purificación Carpinteyro, pero ¿qué opina Riva Palacio de los conflictos de interés en que incurren los diputados Antonio Cuéllar, del PVEM, exdirector jurídico de Televisa; el diputado Enrique Cárdenas del PRI, accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca; el diputado Javier Orozco, del PVEM y exabogado general de Televisa?
O de la senadora del PVEM, Ninfa Salinas; de la senadora Areli Gómez, del PRI, y del senador Luis Armando Melgar, del PVEM,  presidente de Fundación Azteca en Chiapas.
Hay otros más que son empleados, directivos de las empresas, pero también los hay que son concesionarios del espectro del Estado para trasmitir por radio y televisión.
¿Tienen todos estos y otros más conflicto de interés? Evidentemente, pero para algunos políticos-periodistas estos legisladores de la llamada “telebancada” no son mencionados como parte de un claro conflicto de interés.
¿Por qué esto? Porque en lugar de informar con veracidad, algunos periodistas prefieren defender los intereses de ciertas empresas involucradas en el litigio político-legislativo-económico que implican las reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Algunos, no lo desconozco, lo harán defendiendo ideas, pero otros lo hacen defendiendo simplemente los intereses de los monopolios.
Fue necesario que la diputada Carpinteyro se excusara de participar en la discusión en Telecom, pero ¿cuándo?, me pregunto, se excusarán Emilio Gamboa, Antonio Cuéllar, Javier Orozco, Javier Lozano, Ninfa Salinas, Areli Gómez y otros senadores y diputados que visiblemente “tienen conflicto de interés”.
Dice Raymundo Riva Palacio que excusarse de una discusión en donde hay conflicto de interés es una norma establecida en el Reglamento General del Congreso de la Unión. ¡Bien! Entonces muchos más legisladores deben excusarse de intervenir en tal debate y votación.
Ojalá que los periodistas más atendidos, más vistos y más escuchados actuaran con profesionalismo y demandaran a los presidentes de los partidos en donde se ha incrustado la “telebancada” que actúen en consecuencia, es decir, que se excusen de participar en el debate de Telecom porque tienen conflicto de interés.
Twitter: @jesusortegam

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