Para cambiar las cosas es más importante hacer que decir. Por ello, en el PRD ponemos en marcha medidas en materia de prevención, transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano sobre las candidaturas.

Es necesario reconocer una realidad. El Partido de la Revolución Democrática pasa por una grave crisis marcada por el dolor y la tragedia.
En 25 años hemos vivido momentos difíciles pero ninguno como este. Al llegar al ejercicio de gobierno no cuidamos su desempeño ni evaluamos sus resultados y, sobre todo, no actuamos a tiempo para corregir desviaciones. Llegamos a proponer candidaturas de gente que no mostraron un entendimiento suficiente de la democracia y de lo que significa un buen gobierno.
Por eso, es momento de enfrentar nuestro reto. Si queremos transformar a la sociedad no podemos seguir negando nuestros problemas y pretender que la crisis se diluya y pase con el tiempo.

Reconocer y asumir con responsabilidad sus consecuencias, es el primer paso. Sin embargo, México merece más que disculpas y deslinde de responsabilidades.

Por ello, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ha aprobado el Protocolo del CEN del PRD para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política. En este documento se encuentran las acciones que el PRD tomará en materia de prevención, transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano sobre candidaturas del PRD.

En Materia de prevención:

1.    Asumimos la categoría de  Personas Expuestas Políticamente (PEP)   para dirigentes, funcionarios y legisladores del PRD.
2.    No se tolerará ninguna conducta delictiva de las Personas Expuestas Políticamente del PRD.

3.    Cuando el CEN del PRD tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos o conductas antisociales de una o varias  acciones u omisiones ilícitas de una PEP del PRD, les exigirá a que se presenten de inmediato a declarar ante las instancias ministeriales o jurisdiccionales que corresponda.

Como acción inmediata, este CEN pide a los Alcaldes de Guerrero que estén sujetos a investigación de las autoridades competentes, que se presenten de inmediato a declarar y entreguen toda la información para facilitar la investigación.

De igual manera, los Alcaldes de otros estados que se encuentran en la misma situación, deberán presentarse también.

4.    Si la PEP del PRD se niega a comparecer de inmediato y ponerse a disposición de las instancias ministeriales o jurisdiccionales según corresponda, el CEN del PRD dará cuenta a la Comisión Jurisdiccional para abrir un procedimiento precautorio de SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARTIDARIOS

En Materia de Transparencia y rendición de cuentas:

El CEN con el propósito de fortalecer la cultura de la legalidad y en concordancia con las Leyes vigentes establecerá el Sistema de transparencia, información y rendición de cuentas públicas del PRD mediante las siguientes fórmulas:

A.    Se declara de carácter público toda información financiera, patrimonial y de gasto del Comité Ejecutivo Nacional  y de los Comités Ejecutivos Estatales del PRD.

B.    Se declara como información pública todos los ingresos y gastos, salarios, viáticos y viajes de los órganos directivos del PRD.

C.    Será obligatoria la declaración patrimonial anual de todas las Personas Expuestas Políticamente (PEP) del PRD, con las siguientes modalidades:

•    Las declaraciones patrimoniales de los integrantes de los órganos de Dirección del PRD (Mesa directiva del Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, Comisiones del CEN, Órganos autónomos, Comités Ejecutivos Estatales, Mesas Directivas de los Consejos Estatales y Comités Ejecutivos Municipales) se presentarán ante la Secretaría de Finanzas del CEN para ser entregadas ante el órgano de fiscalización del INE y ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

•    Los funcionarios públicos y los legisladores federales y locales del PRD presentarán su declaración patrimonial ante su órgano correspondiente.

El PRD solicitará al INE que administre los recursos públicos de las campañas electorales en el 2015.

•    La administración de todos los gastos de campaña electoral, ya sea federal o estatal, estará en manos del INE y los Órganos Electorales de los Estados, conforme a las instrucciones que al efecto den los órganos de finanzas del PRD, con comprobación inmediata.

En Materia de control ciudadano sobre candidaturas:

Se crea la Página nacional de transparencia para construir un Sistema ciudadano de control de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular con el fin de verificar su reputación social y política.

Los datos que los ciudadanos aporten a través del Sistema serán utilizados para determinar la postulación o no de una persona a un cargo de elección popular, previa garantía de legalidad y audiencia.

Estas son las primeras medidas que desde este momento estamos adoptando en nuestro partido. Estamos convencidos que la manera de cambiar las cosas es actuando.

Atentamente,

Comité Ejecutivo Nacional
PRD

UNA CRISIS DE FRACTURA SOCIAL

Por Jesús Ortega Martínez



La crisis que vivimos en nuestro país es de Estado, es decir, de carácter estructural; de agotamiento del tipo de régimen político y de consumación del modelo económico, y superarla implicaría respuestas de la misma naturaleza, esto es, de contenido estructural.

Hace unos días conversaba con un amigo y, desde luego,  el tema no podría ser otro que el de la grave situación que vive México. Mi interlocutor reiteraba, una y otra vez, que el país se encuentra en una crisis de tal magnitud (ante la cual nadie tenía una respuesta) que aseguraba el derrumbe es inminente. El sentimiento de mi amigo (un ciudadano alejado de la política, como la gran mayoría) refleja el sentir de gran parte de las y los mexicanos. Y no es que tal sentimiento de frustración sea un fenómeno nuevo entre el conjunto de la sociedad; por el contrario: es añejo, pero ahora crecido a tal grado —por los terribles crímenes en Iguala-Cocula y por presumibles actos de corrupción gubernamental— que ciertamente podríamos decir que en México se vive una situación de crisis.
Pero hay de crisis a crisis. Los gobiernos en cualquier parte del mundo las viven de manera frecuente, pero algunos  cuentan con mecanismos institucionales, sobre todo en las democracias más desarrolladas, para sortearlas con relativa facilidad. En Italia, por ejemplo, las crisis de gobierno son parte de su cotidianidad y son enfrentadas mediante acuerdos entre los partidos para disolver gobiernos y construir otros emergentes. Pero, salvo excepciones, estas crisis no causan fracturas sociales tan profundas como las que ahora padecemos en México.
La crisis que vivimos en nuestro país es de Estado, es decir, de carácter estructural; de agotamiento del tipo de régimen político y de consumación del modelo económico,  y superarla implicaría respuestas de la misma naturaleza, esto es, de contenido estructural.
Por ejemplo, es evidente que el problema de la corrupción es a tal grado generalizado que ha invadido casi todas las instituciones gubernamentales. También a una parte importante de las grandes empresas privadas, como lo vemos ahora en el caso de la licitación del tren México-Querétaro y de sus posibles implicaciones.
Casos como éste no podrían resolverse con medidas “ordinarias” o con aquellas de corte mediático (que no aparezca en los noticiarios o en las páginas de los diarios) y, menos aún, con “tácticas de contención” para que al transcurso de los días se olvide por la conciencia colectiva.
Si el gobierno hace esto, aparte de iluso,  será responsable de la agudización de la crisis estructural del Estado Nacional.
Cierto que se necesita de decisiones estratégicas como son el cambio de régimen político, del sistema de justicia y de un nuevo modelo económico. Pero transformaciones de esta naturaleza, aparte de enunciarlas, se requiere de implementarlas. Por ello, la pregunta más importante es cómo hacer esto.
¿Con la fórmula de López Obrador de entre más peor mejor?
¿Con la de los “revolucionarios” que se preparan para “la toma del palacio de invierno?”
¿Con la del gobierno,  de anunciar cambios para que todo siga igual?
Ninguna de éstas sirve,  salvo para proteger intereses propios y para agudizar la problemática del país.
La que serviría, pienso, es la vía que el PRD definió en 1994-1995, es decir,  la vía pacífica, democrática, la de las reformas profundas para la transición; que hagan de Iguala el punto de inflexión entre el México del antiguo régimen y el México del siglo XXI, el del Estado democrático, social y de derecho.


Manifiesto a la Nación

En los 25 años trascurridos desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática ha sido una organización de millones de mexicanos que critica,  propone y transforma. Nuestro esfuerzo lo hemos realizado en el marco de la Constitución, de manera pacifica, mediante la movilización social y la lucha electoral.   

México vive una crisis social, política y de los derechos humanos que expresa el malestar ciudadano acumulado por décadas y que es el resultado de un modelo privatizador que ha profundizado las desigualdades, deteriorado el bienestar de la gente y cancelado la esperanza de una vida mejor, sobre todo para los jóvenes.

Ante esta crisis del Estado, la solución no es la regresión autoritaria. Por el contrario, la solución  es la construcción de un Estado democrático, social y de Derecho, capaz de combatir la corrupción y la impunidad, con más y mayores cauces democráticos y  una verdadera justicia social
Por lo tanto, proponemos a los poderes de la Unión, a los partidos políticos nacionales, a las organizaciones empresariales y al conjunto de la sociedad mexicana las siguientes  
Medidas de emergencia:

1.- Que el gobierno federal,  y de manera particular la PGR,  den respuesta pronta, veraz y creíble a las demandas de las familias de los 43 jovenes  desaparecidos en Iguala y Cocula para esclarecer plenamente los hechos sucedidos, encontrar a los jovenes,  castigar a los responsables, quienes sean, y garantizar la justicia.

2.- Que en Iguala y Cocula y en toda la región que comprenden las entidades federativas de Guerrero, Edo de México y Michoacan, el Gobierno Federal realice una acción inmediata y extraordinaria  contra las bandas de la delincuencia organizada. Aunque no son estas entidades las únicas en donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, sí es en ellas, en donde es urgente la intervención de las fuerzas públicas,  en el marco de la legalidad constitucional.

3.- El PRD al asumir autocriticamente su responsabilidad política, acudió a Iguala  al día siguiente de la toma de protesta de esta dirección nacional,  para reconocer nuestro error y pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad, sabiendo que pedir perdon no basta,  pero asumiendo que es condición ética indispensable. Ahora el Gobierno de la República debe asumir su propia responsabilidad en estos delitos del orden federal, mas aún cuando está plenamente demostrado que tenía conocimiento de los mismos. De nuestra parte haremos que toda persona afiliada al partido que se encuentre sujeta a denuncia judicial por la comisión de algún delito, comparezca de manera inmediata a rendir su declaración constitucional ante la autoridad correspondiente. De no hacerlo,  procederemos a la suspensión de sus derechos partidarios. Demandamos que hagan lo mismo todos los partidos políticos.

4.- Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proceda a crear de manera inmediata una  Visitaduría Especial para que en el caso de Iguala-Cocula, dé cauce a una exhaustiva investigación, presente en plazo breve un informe a la sociedad  y señale las responsabilidades correspondientes en que hayan incurrido funcionarios de los ámbitos municipal, estatal y federal. En este esfuerzo demandamos la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.   
5.- La creacción de una COMISIÓN DE ESTADO PARA LA VERDAD Y LA JUSTICIA que dilucide y esclarezca la situación de todas aquellas personas desaparecidas de manera forzada durante este gobierno y los anteriores e investigue a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país.  Esta Comisión debe integrarse con ciudadanos, hombres y mujeres,  investidos de honorabilidad y prestigio social y cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno. Además, deberá rendir un informe de la situación de las personas sujetas a proceso por su participación en la defensa de derechos sociales.

6.- La corrupción es el cáncer de México y la impunidad es la otra cara de esta moneda. Para combatirla es necesario crear el Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto poder constitucional con facultades para prevenir, auditar y,  en su caso,  sancionar a los servidores públicos y a los particulares que incurran en actos de corrupción.

7.- La licitación del ferrocarril México-Querétaro y las  implicaciones que involucren a funcionarios, a sus familiares y a particulares,  deben ser plenamente esclarecidas. En este caso y en otros en donde existan presuntos delitos, no debe haber impunidad alguna. Todo funcionario, desde el Presidente de la República hasta servidores públicos municipales  que pudieran estar implicados en hechos ilícitos deben estar sujetos a la investigación que proceda legalmente. En consecuencia,  la Cámara de Diputados debe integrar una Comisión Especial de Investigación con las facultades establecidas en la Carta Magna a la que comparezcan,  entre otros,  los secretarios de Economía y de Comunicaciones y Trasportes, así como las empresas particulares que participaron en el concurso de la obra referida.

8.- Las reformas constitucionales llevadas a cabo para evitar los monopolios, alentar la competencia legítima e impulsar el crecimiento de la economía,  serán letra muerta si no existe la vigencia de un Estado de Derecho. Por ello,  todo proceso de licitación para la realización de obras con recursos fiscales y en donde esten involucrados bienes nacionales,  deberá transparentarse de manera absoluta.

9.- Es necesario dejar atrás la utilización de las fuerzas militares en las tareas que corresponden a las polícias. Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la criminalidad, y por respeto a sus integrantes, demandamos que el mando civil asuma esta tarea. Los soldados y marinos de México deben regresar, en el tiempo necesario y prudente, a sus cuarteles, al mismo tiempo que se debe iniciar la construcción de la polícia nacional y avanzar en la consolidación del mando único en las entidades federativas.

10.- La democracia se sustenta en una sociedad de justicia y bienestar o no es democracia. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe acordar un aumento de por lo menos 20 por ciento al salario mínimo para el 2015. El gobierno federal y los estatales deben reorientar los programas sociales para crear un plan emergente de generación de empleos, que junto al fomento del credito a las micro y medianas empresas, impulse el crecimiento de la economía. De igual manera, debe suspenderse de inmediato el aumento al precio de las gasolinas, gas, diesel y energía eléctrica.     

Es tiempo de dar respuesta a los menos favorecidos; es tiempo de dar respuesta satisfactoria a todos los familiares de las víctimas, especialmente de aquellas desaparecidas de manera forzada; pero sobre todo, es tiempo de dar respuestas a México. 

Democracia Ya, Patria para todos.
Partido de la Revolición Démocratica.

PRD.




Coincidimos en que una crisis como la que envuelve a nuestro país en materia de derechos humanos exige la edificación de una nueva institución, de una CNDH que actúe sin titubeos ni consideraciones con el poder político, detalló la senadora del PRD, "porque precisamente es el baluarte de la ciudadanía frente a los abusos que se comenten con ese poder", agregó. 

La senadora del PRD dijo que es momento de que la CNDH ejerza plenamente todas las facultades que el Congreso le ha otorgado a partir de la reforma de junio de 2011, especialmente la investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos.

De la Peña Gómez resaltó el compromiso del Ombudsman para revisar las actuaciones de la institución respecto al caso Tlatlaya y dar seguimiento a la recomendación emitida sobre el mismo hasta su total cumplimiento, "a todas luces es necesario que la revisión del desempeño de este organismo autónomo incluya casos emblemáticos como la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas; la muerte del niño José Alberto Tehuatlie en Puebla; los feminicidios en Ciudad Juárez; el juicio de inconstitucionalidad por la Interrupción Legal del Embarazo y las nulas acciones frente a las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres."

Acerca de la petición que González Pérez hará al Congreso de la Unión para que se elimine la posibilidad de reelección del titular de la CNDH, la legisladora perredista indicó que es bienvenida y se agregará a la serie de reformas que se harán a la Ley de la institución, las cuales tienen el objetivo de fortalecer al Consejo Consultivo para evitar que la dirección sea unipersonal y el uso de recursos poco transparente.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado enfatizó que la lista de la CNDH de asuntos pendientes de atender y resolver es prácticamente interminable y puede resumirse en una frase lapidaria del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez: la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha fallado en su misión, "de ese tamaño es el reto y desde el Senado le decimos al nuevo Ombudsman que cuenta con nuestro respaldo siempre que actué con legalidad, decisión, dignidad y anteponiendo el bienestar de las víctimas", añadió.

"De la autocrítica al suicidio"

Por Jesús Ortega Martínez 


Dada la circunstancia que vive el Partido de la Revolución Democrática, debemos estar atentos y abiertos a toda idea que busque resolver de la mejor manera los desafíos que enfrentamos, especialmente el que tiene que ver con la merma de credibilidad que seguramente tenemos ahora.
En principio, no descalifico la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acerca de que deba de renunciar el Comité Ejecutivo Nacional y otras instancias de dirección estatal o municipal del PRD. Por el contrario, hay que atenderla e intentar comprenderla.
Así debe ser, porque en nuestro partido, en razón de principios democráticos, todas las propuestas, planteamientos y sugerencias deben ser no sólo escuchadas sino también reflexionadas. Pero, además, dada la circunstancia que vive el PRD, debemos estar atentos y abiertos a toda idea que busque resolver de la mejor manera los desafíos que enfrentamos, especialmente el que tiene que ver con la merma de credibilidad que seguramente tenemos ahora.
Desde luego, este problema hay que atenderlo de manera urgente, pero en donde existe una diferencia es en el cómo hacerlo. Y, en ese sentido, creo que la mejor manera es llevar a cabo, en primer término, un diagnóstico certero de la situación del partido, pero principalmente de la situación del país. Digo que del país porque no es correcto ignorar que la situación del PRD —si bien tiene sus particularidades— se encuentra inmersa en una crisis del conjunto del sistema de partidos y, más aún, en una crisis de la totalidad del Estado nacional. Con esta reflexión no pretendo eludir nuestras propias fallas y errores, sino más bien situar nuestra problemática en el marco de esa crisis de Estado que impacta en el conjunto de la sociedad mexicana.
En ese sentido, un partido que se asume protagonista del quehacer político nacional no puede hacer abstracción de la enorme debilidad que padece el Estado, porque la consecuencia de ello sería, exactamente, perder ese protagonismo que, por cierto, ha sido fundamental para la vida del país en los últimos 25 años. El protagonismo político del PRD durante ese periodo es incuestionable en el logro de profundas transformaciones de carácter democrático y sería una necedad el pretender —como lo quieren algunos de nuestros contrincantes— ignorarlo o menospreciarlo. De quienes nos confrontan política y programáticamente es hasta natural que busquen restar valor a las contribuciones del PRD, pero lo que resulta inexplicable es que propios perredistas, incluyendo algunos de los que fueron sus fundadores, reiteren insistentemente su propósito de debilitar al PRD. Esto es un grave error porque con ello lo que lograrían sería fortalecer a la derecha.
Estoy cierto de que es indispensable que los perredistas hagamos un esfuerzo de reflexión autocrítica para adoptar todas aquellas medidas, las más profundas y radicales, para superar nuestros errores de antes y los actuales. Sin embargo, la autocrítica en un partido político no debe confundirse con la autoflagelación, la penitencia y menos aun con el suicidio.
El PRD es una fuerza representativa de la izquierda cuya importancia en la vida del país va más allá de los intereses o propósitos de quienes son ahora integrantes de su actual dirección. Esto es verdad, pero también es cierto que nadie con pensamiento progresista puede arrogarse el derecho de debilitar a la izquierda a partir de continuar golpeando al partido que con más consistencia, más trayectoria y más fuerza la representa.    



Acerca de las declaraciones de Alejandro Encinas publicadas y difundidas en diversos medios de comunicación el día 12 de noviembre de 2014 expongo:

1.- Nos hemos abstenido de reaccionar ante las mentiras y falacias que originadas desde propios compañeros del partido se han lanzado en contra del PRD y de Nueva Izquierda. La razón de tal abstinencia es que viviendo una tragedia nacional que indigna y horroriza a todas y todos los mexicanos, el PRD no debería, ni ética ni políticamente, enfrascarse en una miserable disputa interna y en un penoso espectáculo de acusaciones y señalamientos que carecen de toda veracidad. Vemos declaraciones o filtraciones perversas que publicadas profusa y dolosamente, sólo contribuyen al linchamiento mediático en contra de la Izquierda en general. A pesar de su virulencia, las hemos ignorado pues lo que nos interesa es la solidaridad con las víctimas, el pleno esclarecimiento de los hechos sucedidos en Iguala y el castigo a los responsables.

2.- Sin embargo, ya no es conveniente dejar pasar la actitud irresponsable de compañeros, que afiliados al PRD y desde una actitud aberrante, insisten en alentar la reyerta interna y en construir grotescas falsedades, ello con el objetivo de involucrar en hechos ilícitos —a toda costa, sin medir las consecuencias— a quienes sólo somos sus contrincantes políticos al interior del partido.

3.- Lo sucedido en Iguala —estos compañeros— lo están observando como una “circunstancia propicia”  para ajustar cuentas hacia el interior de nuestro partido. Se olvidan así, del dolor de las víctimas, de la exigencia para que aparezcan los jóvenes de Ayotzinapa, del imprescindible castigo a los asesinos materiales e intelectuales, de la crisis orgánica y estructural del Estado mexicano y, todo ello en función de golpear o incluso eliminar a quienes simplemente pensamos de manera diferente.

4.- En esta irracionalidad,  hay quienes como Alejandro Encinas,  suponen que es políticamente valida “la estrategia” de debilitar o destruir al PRD,  para con ello favorecer a otras organizaciones o partidos con los que realmente se identifica. Éste es el caso de Alejandro Encinas que estando formalmente afiliado al PRD, es en MORENA en donde verdaderamente milita. Esa “lógica” de privilegiar la lucha interna antes que poner atención en los problemas del país, ya se ha vivido antes en la izquierda mexicana y en la de otros países, y siempre los resultados de ello han sido funestos para el conjunto de la izquierda. Al final de cuentas  sólo le han servido a los intereses y objetivos de la derecha.  Por ejemplo, en la Alemania de los años treinta del siglo pasado, los comunistas combatieron como enemigo principal a los socialdemócratas y con ello sólo hicieron posible el ascenso de los nazis al poder. Cuando esto sucedió, los nazis acabaron con los socialdemócratas y… con los comunistas.

Sin embargo, ni ésta ni otras funestas experiencias le han servido para comprender a Encinas, aún militando en MORENA, que el enemigo no es el PRD ni los perredistas, sino que son otros los verdaderos contrincantes.
Su absolutismo, el rencor, el odio y su visión ideologizada de la política, le ciega de tal manera que se niega a reconocer lo que es obvio: Que los principales responsables de los crímenes en Iguala son las bandas del crimen organizado —con Abarca y otros incluidos— y que éstas actúan con tal ferocidad e impunidad en razón de que el Estado mexicano resulta incapaz para impedirlo. En los hechos, exculpa a los criminales y le quita la responsabilidad al Estado y al propio gobierno,  con tal de culpar al PRD.

5.- Es verdad, desde luego,  que para cometer este horrendo crimen,  Abarca y los sicarios contaron con el apoyo de cómplices y eso debe dilucidarse rápidamente por la Procuraduría General de la República y otras autoridades locales. Igualmente podrían existir otras personas que  por omisión o acción,  afiliados o no al PRD o a otros partidos,  pudieran ser responsables de delitos. 

Pero hemos dicho y ahora lo reiteramos, que todos los responsables de los crímenes en Iguala deben ser castigados y lo que importa es que no prevalezca la impunidad. Esto debiera ser una exigencia inexcusable de cualquier partido y de todo ciudadano.

6.- En este propósito todos los mexicanos, incluyendo a quienes militamos en el PRD, deberíamos contribuir con los familiares de las víctimas y con las autoridades correspondientes para que se aplique la justicia. Pero el Senador Encinas prefiere lanzar sus anatemas contra el PRD y sus dirigentes y con ello lo único que logra es desviar la atención de las verdaderas causas de los crímenes en Iguala y de quienes son los verdaderos responsables.

7.- El senador Encinas ha hecho, en diversos medios de comunicación,  una temeraria acusación en contra de dirigentes de Nueva Izquierda. Tal señalamiento falaz sólo alimenta la violencia y el odio —que siempre se vuelve contra el que lo alienta o consiente—.

Pero si Encinas tiene evidencia de posibles ilícitos cometidos por cualquier persona, entonces su obligación como senador, como ciudadano es el de recurrir a las autoridades y presentar la denuncia correspondiente. Si no lo hace quedará solo como un pertinaz mentiroso, hará apología del delito y se sumará a los cómplices de aquellos que cometieron el crimen.  

Jesús Ortega Martínez
Consejero Nacional del PRD y Coordinador Nacional de Nueva Izquierda

¿Venganza o Justicia?

Por  Jesús Ortega Martínez 



Es explicable que, ante la indignación generalizada por los terribles acontecimientos sucedidos en Iguala, todos nos hagamos la siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de que ello haya sucedido?
En la búsqueda de respuesta, el conjunto de la sociedad hace sus propias indagaciones, especulaciones y obtiene sus propias conclusiones.
Todas éstas pueden acercarse o alejarse de la verdad, pero como no hay verdades absolutas los Estados modernos han construido, a lo largo de su proceso de formación, la llamada verdad jurídica, que es aquélla que establecen los tribunales, y que, como parte del Estado, se instituyen para aplicar la justicia.
Sin embargo, no siempre la verdad jurídica sirve para aplicar la justicia y de ello hay en el mundo, y en México, muchos ejemplos.
Aun tomando esto en cuenta, ningún Estado podría existir sin los mecanismos e instituciones para encontrar tal verdad jurídica. En el caso de Iguala, cierto, se tiene que descubrir, encontrar la verdad jurídica para que, siendo genuina, auténtica, sea útil  para castigar a los responsables de los crímenes en Iguala.
Pero esta noción elemental del derecho no será suficiente para entender el caso de Iguala. Aquí hay otras causas y otras responsabilidades y entonces se habla, por ejemplo, de la “responsabilidad política” en el afán de no limitarse a la penal, lo que sería, para el caso, sin duda insuficiente.
Pero cuando se habla de responsabilidad política, entonces se puede generar lo que el profesor Eugenio Zaffaroni llama “la realidad del delito” como una construcción social, que en los tiempos actuales está dominada por los medios de comunicación. Esa “realidad” es una imagen y por ende un recorte. Esto genera un “pánico moral” que hace que los individuos vivan en un mundo paranoide, en donde se habilitan discursos políticos de tipo represivo, de odio, de violencia, de  venganzas y de rencores”.
En la actualidad, cuando lo mediático maneja lo político (y frecuentemente también lo judicial)  quien controla los medios (el gobierno, entes privados o ambos) es quien decide en muchos casos  —y mucho tiempo antes que los jueces— una “verdad jurídica”, pero especialmente construye, detallada, meticulosa y parcialmente, las denominadas “responsabilidades políticas” y ello se hace, casi siempre, en función de intereses de poder,  ya sea político u económico.
Pongo un ejemplo: Si Abarca fue capturado en Iztapalapa, el PRD, que ahí gobierna —decían algunos medios de comunicación— era ¡cómplice de encubrimiento!
Vemos grandes fallas para encontrar en Iguala la verdad jurídica y lograr sancionar a los autores del horrendo crimen, pero para el caso de las llamadas responsabilidades políticas lo que entra en juego son los más diversos intereses que se encuentran involucrados en la lucha por el poder. Es decir: se pierde de vista el crimen y a los criminales para priorizar la acusación política; se olvida la justicia para anticipar la venganza; se deja de lado el dolor de las víctimas para, aprovechando la circunstancia, obtener el mayor rédito político y, lo peor, que en el ánimo de cobrar facturas políticas, se soslayan las causas estructurales que provocan la violencia que recorre al país.
Sé que en los crímenes de Iguala hay responsabilidades penales que no pueden perderse, ninguna, en la oscuridad de la impunidad. Existen, ciertamente, responsabilidades políticas y éstas deben, aparte de ser reconocidas, enmendarse, corregirse de manera autocrítica. Pero ni unas ni otras se resolverán con el odio y la violencia.
PD: De manera genuina en el PRD reconocemos y asumimos, con todas sus consecuencias, la responsabilidad de haber, erróneamente, postulado a Abarca como candidato a presidente municipal en Iguala.
Haremos de inmediato todo lo necesario para evitar que vuelva a suceder.



A partir de alevosas “notas ” que aparecen en algunos diarios y que pretenden involucrar a Nueva Izquierda en presuntos actos ilícitos, es que un servidor, actual coordinador Nacional de nueva izquierda y otros compañeros dirigentes de nuestra corriente de opinión al interior del PRD, queremos hacer esta declaración.

1.- Acerca de los acontecimientos de Iguala queremos ratificar que siendo, los que se persiguen,  delitos del orden federal, el Procurador General de la Republica,  lleva a cabo las averiguaciones correspondientes y de el dependen los resultados de estas.

2.- De estas averiguaciones saldrán, exigimos que de manera inmediata, las conclusiones y de ser el caso, las consignaciones que correspondan. Si estas consignaciones involucran a cualquier afiliado del PRD, sea o no funcionario de la administración estatal o municipal, entonces las autoridades deberán proceder en la aplicación de la ley  y desde el debido proceso judicial se castigue a quien resultara responsable.

3.- El PRD tiene en sus registros de afiliación a mas de 4 millones de ciudadanos, hombres y mujeres, y desde luego,  si alguno de estos es responsable de la comisión de algún delito en cualquier parte del País, deberá comparecer ante las autoridades.
Nuestro Partido y Nueva Izquierda, tiene que hacerse responsable políticamente,  como lo estamos haciendo,  de los lamentables hechos sucedidos en Iguala. Pero con la claridad que hemos dicho esto, también es necesario decir,  que nuestra institución no puede, desde el punto de vista legal y constitucional,  ser responsabilizada de actos ilícitos que en lo particular alguien haya cometido,  aun fuese afiliado al partido. Si alguien opina diferente, entonces le preguntamos lo siguiente: ¿El General Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de los asesinatos cometidos por un grupo de soldados en Tlatlaya? Si algún medio de comunicación así lo cree, entonces exigimos que lo diga,  de la misma manera en que esta acusando al PRD,  de los actos ilícitos que pudo haber cometido uno o varios de sus afiliados o de otras personas que hayan sido postuladas a cargos de elección popular por nuestra organización.

4.- Asumimos  la responsabilidad política de haber admitido que Abarca fuese postulado como candidato a presidente municipal de Iguala por una coalición en donde participaron el PRD, el PT y Movimiento ciudadano. Abarca, como lo saben fue a su ves propuesto por Lazaro Mazon, el candidato de AMLO a la gubernatura de Guerrero. Como resultado de esa responsabilidad política es que le pedimos al gobernador que dejara el cargo, le pedimos a Abarca,  que igualmente dejara el cargo de Presidente municipal y además el Congreso del estado lo ha desaforado. Si esto sucedió en Guerrero, Preguntamos; ¿No debería suceder lo mismo con los casos de Tlatlaya o de San Fernando o de muchos otros sucedidos en el País. ? 

5.-Dejando claro esto, queremos decir que nos parece una ruindad que de la desgracia de Iguala se pretendan obtener réditos políticos y electorales. Igualmente nos parece una canallada que el Arzobispado de la Ciudad de México,  utilice los asesinatos y las desapariciones forzadas en Iguala para desatar una campaña política en contra del PRD y de la izquierda en general. El Arzobispo católico de la Cd de México esta agrediendo a nuestro Partido por el hecho de impulsar en la capital y en el País la despenalización del aborto; por alentar el que los homosexuales y lesbianas, en el uso de su libertad, puedan unirse en matrimonio; por haber logrado que el Estado mexicano sea, constitucionalmente Laico,  y por haber logrado legislaciones que castigan cualquier forma de discriminación.

De la misma manera nos parece insolente que empresas como televisa estén utilizando el caso de Iguala para enderezar una venganza en contra de nuestro partido. Venganza que tiene como motivo nuestra participación en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y en materia de combate a los monopolios. Esto tenemos que decirlo aun tengamos la seguridad de que los conductores de los noticiarios de dicha empresa nunca lo mencionaran.

6.- No podemos omitir que si bien hubo negligencia o en su caso acciones de carácter ilegal por parte de autoridades locales en Guerrero, también es cierto que las hubo por parte de autoridades federales. Esto es muy importante por que los delitos que se venían cometiendo en este municipio y en otros de la región son del orden federal. La delincuencia organizada actuaba en Iguala y en toda la tierra caliente de Guerrero y Estado de México con omisión y es posible que con la  complacencia de instituciones y fuerzas del Estado Mexicano. ¿Como explicar tantas fosas clandestinas con decenas de cadáveres y ello a unos metros de un cuartel militar? ¿ Como explicar su inacción en los momentos en que se llevaban a cabo los actos criminales en el mencionado municipio?

7.-Entendemos que la detención de Abarca y de su esposa ayudara a que los hechos se esclarezcan plenamente y que con ello se contribuya a encontrar a los jóvenes desaparecidos y a los responsables del asesinato de otras personas.
Pero es una perversidad que del hecho de haber sido aprehendidos en Iztapalapa,  alguien, como lo sugiere el Universal ,   pueda desprender alguna complicidad del PRD.  En Iztapalapa viven mas de dos millones de personas con la mas amplia diversidad económica, religiosa, cultural y desde luego política. Esta hipótesis sugerida en las primeras planas de algunos diarios los obligaría a responsabilizar de complicidad al gobernador de Sinaloa y al Partido Revolucionario Institucional,  por haber sido aprendido en Mazatlán el Chapo Guzmán; O responsabilizar al Gobernador de Guanajuato y al Partido Acción Nacional por haber sido aprehendido en esa entidad un narco empresario vinculado al cartel de los Beltrán Leyva;  O de culpar al Gobernador de Tamaulipas por el asesinato del general del ejercito y secretario de seguridad pública en esa entidad; O de culpar de homicidio al gobernador del Estado de México por los asesinatos cometidos en la Marquesa.  Esto es absurdo, como absurdas e infames son las sugerencias que se leen en las notas referidas. 

8.-Pero es mayor infamia,  la que aparece en el periódico Reforma al decir que un Proveedor del PRD escondía a Abarca. Eso es una falsedad que da cuenta de un periodismo irresponsable. La empresa a la que hace referencia Reforma,  es posible que haya prestado un servicio al PRD o igualmente al que fuera nuestro candidato presidencial en 2012 o ha autoridades administrativas del Distrito Federal.  Pero de haber sucedido ello, ¿es permisible profesional y éticamente que el periódico en mención se permita concluir que el PRD es cómplice en el ocultamiento de Abarca.? No es admisible desde ningún punto de vista, salvo cuando se ignoran los mas elementales  principios éticos del periodismo.

9.- No somos ingenuos, sabemos y lo decimos ahora,  que cuando todo se orienta a ubicar el asunto de Iguala como un Asunto de Estado Nacional;  como un crimen en el que tienen participación instituciones de orden federal del Estado Mexicano, es cuando aparecen las notas sobre las grúas o sobre Iztapalapa. La maniobra es tan obvia que resulta simplemente grotesca.

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