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El contenido de la legislación secundaria de la reforma energética, aprobada la madrugada de este sábado en la Cámara de Diputados, confirmó que las promesas del gobierno federal y sus aliados en el Congreso de la Unión para justificar la aprobación de esta reforma, son una mera ilusión.
La reforma no garantiza los empleos comprometidos, el abasto y reducción del precio de los combustibles y energía eléctrica, el fortalecimiento de la industria nacional, el combate a la corrupción, la autonomía de los órganos reguladores ni la competencia en el sector.
El gasto público seguirá dependiendo en un porcentaje importante de los ingresos petroleros, no crea condiciones para que Pemex y CFE compitan con las trasnacionales, entre otros impactos lesivos para la economía y los recursos naturales del país.
En contraparte, privatiza la exploración y explotación de los hidrocarburos, comparte la renta petrolera con empresas nacionales e internacionales, particularmente con éstas últimas, viola los derechos de los trabajadores, permite el despojo de tierras y el uso de tecnologías contaminantes, como el fracking.
Obliga a los contribuyentes a pagar los pasivos laborales de Pemex y CFE y, lo que resulta una de las medidas más graves, pone en riesgo la seguridad y soberanía energética del país.
Un buen ejemplo de las implicaciones de esta reforma son las advertencias que hizo en su visita a México el gobernador de California, Edmund G. Brown, quien recomendó al Congreso mexicano “mano dura” para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, “o se los van a comer vivos”.
Luego de haber privatizado el sector eléctrico en favor de la empresa Enron Corporation, en el año 2000 California vivió una crisis energética que se tradujo en alzas enormes de las tarifas, apagones constantes y un gasto de 10 mil millones de dólares que aún pagan los contribuyentes californianos.
A tal grado llegaron los abusos de Enron que los consumidores pagaban 60 dólares al mes y de repente la tarifa se les elevó a 500 dólares.
A este escenario nos puede llevar esta reforma porque alienta la extracción acelerada del petróleo y gas en beneficio de las empresas privadas y en detrimento de los mexicanos.
Crea condiciones para que en unos cuantos años el sector energético sea manejado por extranjeros que competirán y desplazarán gradualmente a Pemex y CFE, como resultado de una decisión en la que el Estado mexicano cede la riqueza a los particulares, entregándoles áreas de exploración e información estratégica, a cambio de cobros discrecionales mediante la celebración de contratos.
Se legaliza el despojo de tierras de las comunidades y ejidatarios, dejando a la “buena voluntad de las empresas” el negociar con los propietarios, para que finalmente, si no se llega a un acuerdo, se declare la servidumbre legal.
También debilita la industria eléctrica porque obliga a la CFE a dejar ciertas áreas de su competencia en manos de compañías privadas e incentivando la apertura para la generación de energía eléctrica con el propósito de atender al sector de las grandes empresas.
Obliga a la CFE a encargarse del suministro exclusivo del Servicio Básico, lo cual significaría la pérdida del 60% de sus ingresos de facturación de manera instantánea, manteniendo su estructura organizacional.
Se deja en manos del Gobierno Federal promover la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas; sin embargo estas acciones de electrificación quedan sujetas a la existencia de recursos en el Fondo de Servicio Universal Eléctrico y a dicho fondo no se le proveerá de recursos públicos, sino de donativos y excedentes de ingresos que resulten de la gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Tampoco se establecen medidas que obliguen a las empresas privadas a respetar el medio ambiente porque no hay clausulas ambientales en los contratos.
Los organismos reguladores propuestos para el sector son débiles, no tienen autonomía ni independencia presupuestal, prácticamente son órganos del Ejecutivo Federal.
No garantiza que los ingresos petroleros constituyan fondos de ahorro a largo plazo porque el Fondo Mexicano del Petróleo realmente es una caja donde se depositarán los recursos para pagarle a los privados y financiar el gasto público.
El gasto público seguirá dependiendo en un 40% de los ingresos petroleros ya que desde la Constitución se le mandata que lo que se acumule, el equivalente al 4% del PIB, se vaya a pagar el presupuesto de egresos, eso ya está etiquetado y no se puede usar en servicios, infraestructura e inversión pública.
El contenido nacional – transporte, materiales, mano de obra, insumos, bienes y servicios complementarios para la actividad principal que puedan aportar las empresas mexicanas- quedó muy limitado, lo que no permitirá generar empleo suficiente y encadenamiento productivo.
Con el argumento de sanear las finanzas de Pemex y CFE para permitirles competir en las nuevas condiciones del mercado, el gobierno federal se hará cargo de los pasivos laborales de estas dos empresas, con lo cual la deuda pública nacional se incrementa en 12 billones 947 mil 666 millones de pesos, lo que implica que cada mexicano –incluso los que están por nacer– adeudarán, cada uno, 109 mil 355 pesos.
Durante los seis días que duró el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, y en los días previos de discusión en las comisiones respectivas, el PRD promovió una amplia discusión del contenido de las iniciativas para que los ciudadanos conocieran los aspectos más lesivos de esta reforma.
En su afán de entregarles lo más rápidamente posible los recursos energéticos del país a las trasnacionales, el PRI, el PAN, Nueva Alianza y el Verde Ecologista, aliados de la privatización de los hidrocarburos que promueve Enrique Peña Nieto; aprobaron esta reforma sin modificaciones esenciales.
El PRD logró evitar que se redujera el presupuesto federal para los estados, como se proponía inicialmente e impulsó un acuerdo para que se auditaran los pasivos laborales de Pemex y CFE, que serán asumidos como deuda pública.
Exigimos además que los ex funcionarios de la paraestatal y la camarilla sindical corrupta, que no defendió los derechos de sus agremiados frente a esta reforma violaria de los derechos humanos y laborales; asumieran las consecuencias que le correspondían en esta omisión irresponsable que permitió que los pasivos laborales de Pemex se acumularan hasta sumar 1 billón 219 mil 208 millones de pesos que ahora se cargarán los contribuyentes.
Demandamos que si el gobierno federal se hacía cargo de los pasivos, esto no se condicionara a la revisión del contrato colectivo de trabajo porque ello implica violar el artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo.
Hemos dado una dura batalla en el Congreso de la Unión en defensa de los recursos naturales del país, la soberanía y seguridad energética nacional y los intereses de todos los mexicanos.
Ahora, concentraremos nuestros esfuerzos en la organización de la Consulta Popular para que en el 2015, en el marco del proceso electoral federal, los ciudadanos decidan si están de acuerdo o no con esta reforma que entrega nuestros hidrocarburos a un grupo de empresas petroleras internacionales rapaces.
Vicecoordinador Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
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Texto original: http://bit.ly/1APiZ2A
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