Durante muchos años pugnamos para que se elevara la edad de admisión al trabajo a quince años y hoy a partir de la disposición política del Ejecutivo federal, que envió la iniciativa a la Cámara de Diputados, podemos concretar el proceso en el Congreso de la Unión para que esta reforma sea enviada a los Congresos locales y pronto sea inscrita en nuestra Constitución, señaló en tribuna la senadora Angélica de la Peña al referirse a la aprobación de la reforma al artículo 123 de la Constitución.
Invocó a la misma voluntad política que facilitó la reforma al artículo 123 constitucional, a fin de que pronto sea enviado al Senado de la República el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que sea ratificado, y así entrar a la definición e implementación de políticas gubernamentales que logren gradualmente la real abolición del trabajo infantil de personas menores de 15 años en nuestro país.
Aseguró que con disposición se puede lograr la garantía de que niñas, niños y adolescentes terminen su educación primaria y secundaria antes de ingresar al ámbito laboral, es decir, privilegiar que niñas y niños gocen plenamente sus derechos, entre otros, su derecho a la educación, su derecho al juego, al ocio, a la participación, es decir, a vivir plenamente su infancia sin ningún tipo trabajo que los obstaculice.
Precisó que si bien la reforma al artículo 123 de la Constitución es trascendente, debe ser complementada con un Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y ese es un gran pendiente del Congreso de la Unión, no sólo porque es mandato derivado del artículo transitorio de la reforma del artículo 73 constitucional, sino también porque es una obligación con este importante sector de la población.
Finalmente, la también presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado hizo un llamado para que pronto sea dictaminada por las comisiones correspondientes y aprobada por el pleno la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de tal manera que el Congreso de la Unión actúe responsablemente y coadyuve a que el Estado mexicano cumpla sus obligaciones como parte de la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
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