En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año, diversos movimientos ambientalistas desnudan la ineficacia de un modelo de desarrollo económico sustentado en el aprovechamiento irresponsable e inequitativo los recursos naturales del país.
Por Miguel Alonso Raya.
Actualmente, muchos megaproyectos gubernamentales y privados que pretenden explotar los recursos energéticos, minerales e hidráulicos; desarrollos turísticos, de vivienda e infraestructura, entre otros y que no cumplen con el marco jurídico ambiental ni con la anuencia de las comunidades, han desatado conflictos sociales en algunas entidades.
Mientras que empresas nacionales e internacionales por décadas han obtenido ganancias desmedidas sin pagar los impuestos acordes a sus beneficios; nuestro país ya enfrenta escases de agua, contaminación, afectación de la flora y fauna, devastación de grandes extensiones de bosques y manglares e invasiones de áreas protegidas.
Como consecuencia de ello, el impacto por los fenómenos naturales en vidas humanas, vivienda e infraestructura, es cada vez más alto.
La explotación mineral sirve como ejemplo para ilustrar esta reflexión. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, de 2000 a 2010, las empresas mineras que operan en el país extrajeron 419, 097 kilogramos de oro.
En tan sólo diez años la cantidad de oro extraído fue el doble que en los 300 años del dominio español. En esta década la superficie concesionada a las empresas mineras rebasaba las 56 millones de hectáreas, espacio que equivale a alrededor del 25% del territorio nacional continental.
Según el especialista Carlos Fernández-Vega, sólo en 2010 el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera y los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron a cerca de 20 millones de dólares. En tanto que los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares.
La defensa de los recursos naturales del país ha costado la vida de decenas de ambientalistas. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), de 2005 a 2013 fueron asesinados 44 activistas que luchaban contra megaproyectos y en donde los defensores tocaban intereses gubernamentales, empresariales o de caciques locales, y la mayoría de ellos están impunes.
El mismo día que se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, el jueves pasado, fue asesinado Antonio Esteban Cruz, presidente del Comité Regional del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, en el municipio de Cuetzalan, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.
El homicidio de Antonio Esteban se da en el contexto de las protestas ciudadanas y de organizaciones sociales en contra de las concesiones de minas a cielo abierto que pretende otorgar el gobierno federal a corporativos trasnacionales que ambicionan explotar la riqueza mineral de la Sierra Norte; y por la construcción de hidroeléctricas, a cargo de empresas privadas, que buscan vender energía a la Comisión Federal de Electricidad.
De concretarse estos proyectos, implicarían el despojo de la tierra de miles de familias campesinas y afectarán severamente el medioambiente, costumbres, tradiciones y el sustento para sobrevivir de muchos ejidos y comunidades.
La reforma energética que busca privatizar los recursos energéticos del país, carece de los mecanismos necesarios para proteger el medio ambiente. Entre otras medidas permitirá la explotación de las reservas de gas y petróleo mediante la técnica conocida como fracking, que fractura el subsuelo para romper las rocas de lutitas y así obtener el producto conocido como gas shale.
Entre las principales objeciones que la comunidad científica y organizaciones ecologistas han expuesto por la aplicación del fracking, destaca el consumo descomunal de agua que se requiere.
Para los 20 mil pozos anuales que se están planteando, se utilizaría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año.
Esta técnica de extracción implica la utilización de 750 compuestos químicos de alta toxicidad que se mezclan con el agua; ello no sólo contaminaría las reservas acuíferas, sino que también detonaría casos de cáncer, mutaciones y alergias.
Por estas razones el fracking está prohibido en varios países, incluso en algunos estados de la Unión Americana, pero el gobierno mexicano, en aras de atraer y complacer al capital internacional, lo permitirá.
Este es otro de los grandes perjuicios que implicará para los mexicanos la reforma energética, que beneficiará sólo a un reducido grupo de empresas nacionales y trasnacionales, pero fomentará el saqueo de la riqueza natural de las regiones donde se lleve a cabo la explotación, dejando a su paso depredación, contaminación, pobreza y exterminio en los ejidos y comunidades.
Sin embargo, a pesar de la represión, corrupción e imposiciones, a lo largo y ancho de la república crece la firme decisión de los mexicanos de oponerse al despojo de nuestros recursos naturales.
Es el caso del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California, en donde por segunda ocasión un consorcio chino-estadounidense, con la complicidad de algunas autoridades y personajes políticos, planeaba construir un complejo turístico y que una vez más fue frenado por la oposición de sus habitantes.
Un escenario similar enfrenta el polémico centro de exhibiciones Dragon Mart, cuya construcción arrasó una amplia zona de manglar en Cancún, que podría ser clausurado luego de que el CEMDA ganó un amparo contra la manifestación de impacto ambiental (MIA) otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A esto se arriesgan quienes ya se frotan las manos por las ganancias que ambicionan obtener con la reforma energética, pues la amplia participación de los ciudadanos en la consulta popular revertirá los afanes de privatizar los hidrocarburos que pertenecen a todos los mexicanos.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
Texto Original: http://zonafranca.mx/depredacion-de-la-riqueza-nacional/
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