Por Miguel Alonso Raya
El salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse al trabajador, que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países, según la Organización Internacional del Trabajo.
El salario mínimo es una institución establecida constitucionalmente. Debemos su existencia a la propia lucha armada revolucionaria que vio en el ingreso de la naciente clase trabajadora un derecho irrenunciable que debía estar consagrado en nuestra Ley Fundamental.
En el artículo 123, apartado A, fracción VI, se define la suficiencia de esta remuneración:
“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas”.
Sin embargo, desde hace más de tres décadas, ni el salario mínimo cumple con esas características ni es el menor salario que se paga por una ocupación. Entre 1934 y 1982, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 54%; de 1982 a 2014, se redujo 67.5% y si tomamos como referencia el año de 1977, la caída es de 72.5%. Esto significa que los trabajadores han dejado de recibir tres cuartas partes del salario a que tenían derecho durante tres décadas.
Los trabajadores que reciben hasta un salario mínimo, son cerca de 10 millones, el 23% de la población económicamente activa ocupada; así mismo el 70% de las nuevas ocupaciones son contratadas con salarios bajos. Incluso en empresas que presumen tener alta tecnología, como las armadoras automotrices, en que el costo salarial no repercute en la formación de valor, se siguen pagando salarios bajísimos, que no son compatibles con la actividad realizada.
Precisamente, México es uno de los tres países que participan en el grueso de la industria automotriz mundial en que los trabajadores reciben los menores salarios. En la industria automotriz alemana se pagan en promedio 52 dólares por hora y en México, cuatro.
Nuestro país sigue con la lamentable política de querer atraer inversión y elevar la productividad con las “ventajas comparativas” de los bajos salarios. Como sabemos, esto no ha sucedido en treinta años y por tanto no tiene sentido seguir en esa línea.
Los resultados saltan a la vista: de 1934 a 1982, el crecimiento del PIB alcanzó una tasa de promedio anual de 6.1%; de 1983 a 2013, el crecimiento promedio anual fue de 1.9%; en 2012, el 10% de la población más pobre recibía 1.6% del ingreso nacional y el 10% más rico, el 35.7%; en ese mismo año 2012, 53 millones 227 mil personas se encontraban en situación de pobreza (4 millones más que en 2008).
De acuerdo a las líneas de pobreza establecidas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, para adquirir una canasta básica rural de una familia promedio de cuatro personas, se requieren 1.7 salarios mínimos; para una canasta ampliada rural, 2.5; para una canasta básica urbana, 3.2; y para una canasta ampliada urbana, 5.1
Si en este momento se quisiera recuperar el poder adquisitivo de los salarios perdidos históricamente desde 1977, se necesitaría aumentar los salarios mínimos más de dos veces y media, o sea, tendría que ser de al menos 7 mil pesos mensuales en vez de los 2 mil 018.70, que se pagan en la Zona A, o de los 1 mil 913.10, que se pagan en la Zona B.
Las estimaciones anteriores, basadas en cifras oficiales son contundentes. No es un problema de consulta, sino de decisión política para construir acuerdos y atender esta problemática con urgencia y pertinencia. De nada sirven las reformas si no se traducen en medidas que ayuden a poner un piso más parejo y combatir la desigualdad; se necesita tomar decisiones y entrar al fondo del debate. Se necesita más bien construir un acuerdo nacional.
Debatir el tema, como lo ha puesto en la mesa el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, es un buen comienzo. Se trata de una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país.
Los partidos políticos deben generar condiciones para un gran acuerdo nacional político, económico y social, con empresarios y trabajadores para crear condiciones que lleven a la recuperación salarial. Se deben generar gobiernos, instituciones y mecanismos que garanticen tener transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y que generen condiciones para la recuperación de la economía y del poder adquisitivo del salario.
Se requiere revisar las instituciones que determinan el salario. Los salarios mínimos se fijan por una comisión en que la correlación de fuerzas en este organismo ha operado en contra del trabajador y siempre como un apéndice del Ejecutivo. Por eso, debe desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El PRD ha propuesto la creación de un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que sea autónomo y fije criterios técnicos objetivos para el poder adquisitivo, determine un índice de recuperación gradual de los salarios y periodicidad para determinación del salario. Este Instituto deberá evaluar la evolución de la economía y la productividad en el marco de la fijación de los salarios;
Por supuesto, deberá desvincular el salario de las referencias la legislación para que el aumento no impacte multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos, para que la recuperación salarial no afecte otras esferas.
Igualmente, se necesita una política que distribuya el crecimiento económico y de la productividad y así, contribuya a una economía más competitiva; urge una política inmediata de recuperación salarial, como un objetivo central de la política económica y no como un resultado indirecto y siempre postergado.
La recuperación salarial es la base del bienestar social. De otra forma, ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que enfrentamos.
No es un asunto a “consultar”: su urgencia es evidente.
Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_
Texto original: http://bit.ly/Y5wuMG
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