Por: Amparo Brindiz Amador
Luego
de las ejecuciones en Tlatlaya, en el estado de México; del asesinato de un
diputado federal en Jalisco, los asesinatos de normalistas y la desaparición de
decenas más, ocurrido en Iguala, en el estado de Guerrero; es una llamada de
alerta tanto para la democracia, como para el Estado mismo.
El
Estado, como comunidad creada por un orden jurídico nacional, que regula y
monopoliza el uso de la fuerza, se ha visto rebasada por el crimen organizado
en algunas entidades de nuestro país, gobernadas tanto por políticos del PRI, del
PAN y del PRD.
En
este contexto de violencia, da inicio el proceso electoral federal 2014-2015,
en el que se renovarán gobiernos de nueve estados, la integración de la Cámara
de Diputados, 903 presidencias municipales y 639 diputados locales.
En
17 de las 32 entidades habrá elecciones federales y locales. En Baja California
Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí
y Sonora habrá elecciones para elegir nuevos gobernadores.
En
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán
tendrán comicios para renovar diputados locales y ayuntamientos. En el caso del
Distrito Federal, asambleístas y jefaturas delegacionales.
Por
lo que los procesos electorales se pueden ver amenazados por la inseguridad.
Puede suscitarse la captura de espacios de poder público por la vía electoral de
parte del crimen organizado, por lo que el Instituto Nacional Electoral INE
junto con las instancias locales, estatales y federales deberán evitar a toda costa,
que la inseguridad no se convierta en un elemento disruptivo del desarrollo de
los procesos democráticos.
Ya
sea con intervenciones federales en entidades amenazadas por el crimen
organizado, pero también con acciones preventivas y correctivas que resuelvan
los problemas de fondo; ya que las destituciones o juicios políticos, no contienen
el clima de violencia, inseguridad, pobreza, corrupción, falta de empleos y
oportunidades, que se viven en muchas zonas del país.
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