Por Jesús Ortega Martínez
Una premisa:
Si Ángel Aguirre o cualquier otro funcionario estatal del PRD o del partido que
fuese, es responsable, por acción u omisión de que en Iguala varias personas
hayan sido asesinadas y que otras mas se encuentran desaparecidas, se les debe
aplicar la ley y ser sujetos a las sanciones correspondientes, penales si fuese
el caso.
Dicho lo
anterior, Aguirre se ha ido, pero muchos
de los que demandaban su salida, son los
mismos que ahora—esquizofrenia pura—pregonan
que ese hecho no contribuye en nada a
la solución de la grave problemática que vive Guerrero y el conjunto del
País.
Algunos
medios de comunicación, en su intento de ser “políticamente correctos, no se
atreven a señalar que lo sucedido en Iguala es parte de lo que a diario sucede
en otras regiones del País; se resisten a reconocer que las causas
fundamentales de la violencia que recorre al País, se encuentran localizadas en la crisis
estructural que padece el conjunto del Estado Mexicano, especialmente en las
instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las personas y la
aplicación de la ley; y peor aun, no
asumen—cuidando intereses—que la responsabilidad principal de ello, se encuentra en la incapacidad del gobierno
federal para enfrentarla. Cuidadosos, siempre pretenden dejar a salvo la
responsabilidad del Gobierno federal y de quien lo encabeza y siempre
encuentran a otro a quien endosársela.
Si, la salida
de Aguirre fue políticamente necesaria, pero el monstruo gigantesco, feroz,
violento, agresivo y tremendamente poderoso, aun sigue ahí, aunque candorosamente
muchos no quieran verlo. Ese monstruo gigantesco, con miles de brazos, con los que soborna a todas las policías; a los
jueces; que corrompe a funcionarios federales estatales, municipales; que
penetra a los partidos, a las iglesias, a las empresas privadas, a los bancos,
sigue aquí, disolviendo, degenerando al conjunto del tejido social.
Sin embargo hay ingenuos que piensan que ese monstruo dejará de existir en la medida de que lo ignoremos. Esa es la “estrategia” mas estúpida, aun desaparezcan los poderes en las 32 entidades federativas y aun renunciara a la presidencia de la República el propio Peña Nieto.
El Presidente
de la república tiene responsabilidades, desde luego, y hay que demandar que las asuma o en su caso
que responda, igualmente ante la ley. Pero aun siendo valido esto, es aun mas importante ahora, fortalecer al Estado a partir de que funciones
sus instituciones. Lo importante es parar la violencia que ensangrienta al País
e impedir que el Estado Mexicano continúe su acelerado proceso de
debilitamiento.
Desde luego
que existen concepciones entre individuos, organizaciones e incluso
partidos, que piensan que entre mayor
sea la crisis del Estado mejor para ellos. Suponen que entre mayor violencia e
inseguridad se presente; que entre mayor sea la incapacidad del gobierno para
prevenirla o impedirla; que entre mayor sea la ingobernabilidad e
inestabilidad; que entre mayor confrontación social exista, entonces mejor para
sus intereses particulares. Estos partidos como MORENA e individuos como
AMLO apuestan a que todo se derrumbe
para, suponen, surgir ellos como los
“Salvadores del País y de la gente”.
Este tipo de concepciones y comportamientos pueden identificarse como
mezquinos, pero mas que ello, son profundamente reaccionarios pues a quien le
sirven es la derecha mas extremista. Aparentemente su discurso es de
izquierda, pero en la realidad, en su
contenido, en su sustancia, es un
discurso de derecha, pues privilegia el logro de sus objetivos de partido por
sobre las necesidades de la gente y del
país. Es de derecha y es de canallas
aprovecharse del sufrimiento de las victimas en Iguala para satisfacer sus
propósitos egoístas.
La
“estrategia” de que entre mas peor, mejor,
no solo es estúpida, es perversa.
En sentido
diferente, para terminar con ese
monstruo que ocasionó la tragedia de Iguala y que esta provocando un desastre
nacional, obliga a reconocer por todos, que su trágica existencia es resultado de la igualmente trágica inexistencia de un Estado de derecho en México.
Esa es la
realidad y esta solo podrá enfrentarse con éxito en la medida en que el
Presidente, el Congreso, la Corte, los partidos, los grupos empresariales, las
organizaciones sociales alcancen acuerdos de fondo, radicales, legislativos y
políticos para reestructurar al Estado Nacional y con ello se puedan disolver
las causas verdaderas de su crisis.
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