Amparo Brindiz Amador
El crimen, la inseguridad y la violencia en cualquiera de sus
manifestaciones, constituye una variable compleja, que influye y es
influenciada por el comportamiento de variables sociales y económicas.
México no ha dejado atrás la crisis de violencia que enfrenta. Aunque
durante la gestión de Felipe Calderón se vivió con más fuerza éste fenómeno –por
su estrategia contra el narco-, la cuestión sigue igual o peor.
El problema no sólo se resuelve con el despliegue de militares, pues
es más profundo: por una parte, un aparato de justicia –ministerios públicos,
policías y jueces- sin las capacidades necesarias o inmersos en el círculo de
corrupción para hacer frente a la crisis.
La percepción de inseguridad en la ciudadanía, es muy grande
–basta ver las últimas encuestas-. La gente teme ser víctima y ser parte de las
estadísticas, que dan muestra de la incapacidad del sistema de protegerla.
Secuestros, homicidios dolosos, lesiones dolosas con arma blanca,
extorsión, robo con y sin violencia al transeúnte, robo con o sin violencia de vehículo,
son algunos de los principales delitos que se viven a diario en nuestro país.
Por otra parte, se da el fenómeno que posibilita delinquir, sin
ser castigado, sin que pase nada, eso hace del crimen una actividad muy
redituable.
Por lo que los gobiernos federales, estatales y municipales -como
brazo ejecutor del Estado- deben ser capaces de responder a las demandas de
seguridad; y de igual forma, los ciudadanos deben internalizar una expectativa
de castigo si deciden romper las reglas. Es decir, es necesario hacer valer el
Estado de Derecho.
La percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el
actuar cotidiano de las personas, la gente tienen miedo, está harta, no cree en
las instituciones.
Para las zonas más afectadas, éste fenómeno se ha traducido en
graves daños en el patrimonio de la ciudadanía. Esto es, la gente ve
violentados sus derechos humanos, su calidad de vida, su vida misma.
Asimismo, existen condiciones muy arraigadas en muchos estados que
influyen o propician actos de violencia y por ende inseguridad, como lo es: la pobreza,
la falta de oportunidades tanto laborales como de educación, los conflictos
sociales y políticos, la intromisión del narcotráfico en los asuntos públicos y
privados.
Por ello no sólo con un buen sistema de justicia, como mencione
anteriormente, se resolverá este problema, sino que requiere una táctica
integral de reingeniería institucional; esto es, de innovación y mejora de procesos,
con eficiencia, eficacia, economía y transparencia que permitan el verdadero
logro de resultados. Así como estrategias integrales de recuperación del tejido social y mejora de
oportunidades.
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